+ Un triunfo del pueblo mexicano
Milton Gabriel Hernández García*
Unas horas antes de que terminara el 2020, el 31 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su respaldo a la larga lucha que han emprendido desde hace más de veinte años un conjunto diverso de organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas.
Ello se refleja en el “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
Este decreto se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el principio precautorio establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y los lineamientos de bioseguridad en la biotecnología del Protocolo de Cartagena (PC).
Además, plantea que para “alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, nuestro país debe orientarse a establecer una producción agrícola sostenible y culturalmente adecuada, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente, así como congruentes con las tradiciones agrícolas de México”.
Este documento oficial hace referencia a las investigaciones científicas que “han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales, y ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer”.
Toma como referencia la experiencia de otros países que ya han prohibido este herbicida y que están implementando medidas similares para proteger a la población, señalando que “nuestro país debe mantener una participación activa en la búsqueda de instrumentos que le permitan contar con una producción agrícola sostenible a través de la utilización de insumos que resulten seguros para la salud humana, animal y el medio ambiente”.
Lejos de caer en una lógica puramente prohibitiva o restrictiva, plantea la necesidad de iniciar un proceso de transición agro-biotecnológica a partir de la “investigación participativa, impulsada por instituciones públicas, que fomente el diálogo entre investigadores, agricultores y comunidades campesinas, incluyendo las indígenas y locales”.
El decreto señala que las entidades de la Administración Pública Federal deberán abstenerse de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno.
Además, promoverán e implementarán alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso del glifosato, ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.
Por su parte, el decreto mandata al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para que, en el ámbito de su competencia, coordine, articule, promueva y apoye las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan sustentar y propone alternativas al glifosato.
Para dar cumplimiento a esta disposición, el CONACyT podrá convocar a instituciones que pertenecen al sector que encabeza y demás instituciones de educación superior o centros de investigación públicos con competencia en la materia.
El decreto también considera la participación de grupos organizados de productores agrícolas, al sector de la industria de agroquímicos, a las asociaciones de usuarios de agroquímicos y a las organizaciones de productores de bioinsumos e insumos agrícolas orgánicos, para que participen en el diseño, promoción o implementación de las alternativas al glifosato.
Un artículo del decreto que ya ha empezado a generar polémica y rechazo por parte del sector agroindustrial, como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), es el quinto, en el que se establece que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a más tardar en el primer semestre del año 2023 promoverán las reformas de los ordenamientos jurídicos aplicables para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado en México.
De hecho, el artículo sexto es más contundente y claro al respecto, pues establece que “con el propósito de contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias y como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”.
Y más aún: “Las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable y con base en criterios de suficiencia en el abasto de grano de maíz sin glifosato, revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, hasta sustituirlo totalmente en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero de 2024, en congruencia con las políticas de autosuficiencia alimentaria del país y con el periodo de transición”.
Este decreto ha entrado en vigor a partir del primero de enero y contempla sanciones por su incumplimiento en términos de lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin duda alguna es motivo de júbilo y celebración para el movimiento campesino, indígena y ambientalista que durante décadas ha defendido al maíz nativo y a la agroecología como alternativa para la preservación de los agroecosistemas y de la salud humana.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, que agrupa a decenas de organizaciones, ha celebrado esta acción jurídica, política y administrativa del Gobierno federal, pues reconoce que es un paso más en la lucha por lograr “una verdadera soberanía alimentaria en México, además de que contribuye a la protección del maíz nativo, de las comunidades indígenas y campesinas, a nuestra riqueza biocultural y a nuestro patrimonio gastronómico”.
Greenpeace México señaló a su vez que “el tiempo de saldar la deuda histórica con la diversidad genética en México llegó y celebramos la prohibición del maíz transgénico y la prohibición progresiva del glifosato para 2024, pues son pasos importantes para avanzar hacia una producción ecológica que preserve la biodiversidad y la agrobiodiversidad forjada en manos campesinas desde hace milenios, dándonos la oportunidad de gozar de un medio ambiente sano y un sistema agroalimentario verde y justo”.
Esta batalla es un capítulo más en la larga lucha por la defensa de la milpa y el maíz nativo, que es base de la soberanía alimentaria y de la identidad cultural de nuestro país. Pronto iremos viendo las reacciones y las acciones de quienes se ven afectados con este decreto.
Es momento para que académicos, periodistas ambientales, movimientos y organizaciones sociales se solidaricen con esta lucha y muestren unidad pública en torno a este decreto, más allá de preferencias partidistas o posicionamientos frente a la 4T.
*Etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestro y doctor en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco, investigador titular C de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
