Al calor de los cuestionamientos que una parte de la ciudadanía o algunos grupos sociales realizan, quiero exponer una reflexión sobre el Estado, sus funciones, su concepción, esto con el objetivo de pensar en el Estado Mexicano y las transformaciones que observamos, así como tratar de entender cómo la sociedad que demandaba más Estado actualmente cuestiona esta postura, o quienes siguen apostando por el “mercado” aunque ya vivimos décadas sujetos a las supuestas libertades de éste último y conocemos las consecuencias de ello, una minoría encontró beneficios, mientras que 60 por ciento de la población quedó sin acceso a elementos básicos de calidad para satisfacer sus necesidades elementales.
¿Qué es el Estado?
Para reflexionar en lo anterior quiero partir de qué es el Estado y sus funciones en México. Pues bien, el Estado es una estructura de poder que se creó desde la cultura occidental para poner orden dentro de una sociedad organizada y proveer de seguridad en diversos sentidos a una sociedad. Además de poner orden también es un espacio donde se desarrollan relaciones sociales.
El poder que avala un Estado es aquél que la propia sociedad le ha otorgado y poder en términos resumidos significa la posibilidad de imponer una voluntad en una relación social -en este caso- para apelar al orden como función principal que se le asigna al Estado; por ello, se trata de un poder institucional.
Entonces, el Estado es el momento político de la sociedad, en tanto la política se entienda como el conjunto de deliberaciones, decisiones y ejecución de normas y prácticas que afectan a toda una comunidad.
Es por tanto que se le conceden al Estado cinco monopolios: 1) el de gobernar; 2) la seguridad; 3) la creación de la leyes; 4) estar a cargo de la hacienda y la administración púbica, y 5) ejercer justicia en apego a Derechos.
En esencia, el rasgo característico y fundamental del Estado es la autoridad legítima que posee porque toda la comunidad reconoce y acepta esa autoridad ajena a ella misma muchas veces, y a partir de esta situación se establece una relación entre gobernantes y gobernados.
Por lo anterior, la ciudadanía que cuestiona al mismo tiempo demanda acciones del Estado, sólo que debido a la historia de corporativismo que se instauró en nuestro país desde la década de los cuarenta del siglo XX, una parte de esa ciudadanía -en mi opinión- no tiene ideas para relacionarse de una forma diferente con el Estado, pues la dinámica prevaleciente durante ocho décadas al menos, para establecer una relación orgánica, fue a través de corporativos, además con un partido único, lo cual tuvo consecuencias que hoy parece que nos negamos a reconocer, ya que a partir de una sola lógica el mínimo consenso que se lograba era a través de prebendas que parece que se extrañan, o a través de ceder muchas funciones del Estado a la sociedad civil constituida jurídicamente, aunque es claro que tampoco esos grupos constituidos pudieron cumplir y cubrir el amplio espectro de necesidades de una población nacional.
Las vacunas Anti COVID-19
Actualmente con el debate de la aplicación de vacunas anti COVID-19, una parte de la ciudadanía apela a que se comercialice la vacuna; es decir, en esencia están apelando a que el mercado se haga cargo y regule, a pesar de que conocemos las consecuencias absolutamente negativas de lo que sucede cuando un derecho como este se deja al amparo del mercado y sus leyes.
Por otro lado, un grupo de representantes públicos apelan a que los gobiernos estatales se puedan hacer cargo de adquirir y aplicar la vacuna, a pesar de que también conocemos las consecuencias de esto, pues el propio manejo de la pandemia en cada espacio estatal da cuenta clara de ello; también observamos esos efectos y al momento no se han mostrado efectos realmente positivos en comparación con el manejo federal; es decir, los sistemas de salud que dependen de las autoridades estatales están colapsados y las pocas vacunas que se están aplicando ya comienzan a realizarse con suspicacias de poca transparencia.
Otra parte de la población sigue impulsando y difundiendo la importancia de la autonomía de organismos gubernamentales, cuando en diversos estudios académicos se sostuvo la simulación de estas autonomías, porque se complejizó de forma casi laberíntica cada gestión ciudadana, pues si tenías que poner una queja o solicitar información, tenías que ser altamente especializado para conocer el organismo que podía atender.
Una maquinaria que se fue articulando en cada engrane porque un ciudadano común no podía hacer quejas, por tanto, buscaba a una asociación especializada y así ese grupo constituido se acercaba a la institución correspondiente y con ellos se negocia, cayendo nuevamente en corporativismos aunque no parezca de este modo.
Indudablemente, conociendo el pasado también es claro que un Estado omnipresente no es precisamente la solución; sin embargo, el mercado regulando las acciones de salud tampoco, o que los gobiernos estatales se hagan cargo de forma independiente sin coordinación tampoco se avizora con posibilidades de éxito, todo lo contrario en este momento histórico que atravesamos en México.
Autonomía de instituciones
Por otro lado, la autonomía de diversas instituciones, por ejemplo, la de justicia, la “transparencia”, dan cuenta de procesos de atomización que se realizó desde el Estado en los últimos sexenios, pues llegó al punto que la población o incluso las propias organizaciones civiles no sabían a quién dirigirse con exactitud para encontrar solución a problemas específicos.
Pese a esas contradicciones otra parte de la ciudadanía seguiremos apelando a un futuro de Estado social en México, que sobreponga la justicia social como un objetivo prioritario de la agenda, que en todo caso la política económica que buscan la estabilidad y el crecimiento tenga como objetivo primordial el bienestar de la población porque es apremiante recordar que el Estado no sólo es un espacio de poder, pues también su función institucional es hacerse cargo de la redistribución de riquezas y por tanto de derechos.
En el caso de México, en el periodo presidencial actual (2018-2024), parece contar con gran legitimidad en sectores sociales que durante al menos los últimos siete sexenios anteriores se dejaron de sentir representados, sobre todo porque limitaron sus derechos en los ámbitos económico, social, político y hasta cultural, por diferentes circunstancias, en gran medida una de ellas es que la pobreza se profundizó, por lo menos es lo que se refleja en los datos estadísticos sobre pobreza del año 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval).
En mi opinión, pese a errores que se pueden observar, considero que existen prácticas que están cambiando, pues nunca antes la población había contado con tanta información como en la actualidad de México; en el tema de salud, aunque exigimos mejor calidad, se nos olvida que si bien algunos demandaron antes jamás se les escuchó en las instituciones, nunca antes tuvimos secretarios presidenciales tan preparados académicamente (sin descubrir como sucedió en el pasado que plagiaron tesis o compraron títulos o, bien, que son exclusivamente de universidades privadas de Estados Unidos), en fin, veo cambios sustanciales en quienes encabezan algunas instituciones, el amplio número de mujeres preparadas (que no sólo por ser mujeres) que también lideran instituciones de gran importancia en nuestro país como SEMARNAT, CONACYT y la propia Secretaría de Gobernación; es decir, para algunos puede no significar mucho, en mi opinión eso es un gran cambio.
Asimismo, otro tema de contrariedades fue la firma del TMEC; sin embargo, observé un intento por romper con el servilismo colonial al cual parece que casi nos acostumbramos y algunos incluso dudan de romper con ese servilismo hacia otros países; es decir, dudan de romper la servidumbre con Estados Unidos o frente a países europeos, pues el colonialismo interno que nos domina no sólo está en el Estado sino en la sociedad, quizá de forma inconsciente; sin embargo, parece que prevalece la idea de que todo lo extranjero es mejor.
Así que cierro esta reflexión diciendo que quienes no quieren un Estado tendrían que mostrar una sociedad altamente organizada y solidaria, además de pensar que para iniciar esa autonomía en principio habría que abandonar demandas hacia el Estado que cuestionan, dejar de recibir apoyos económicos y demostrar el camino posible sin ellos.
Quienes quieren sólo al mercado para temas tan importantes me parece que ese momento ya pasó y no vimos efectos positivos.
Finalmente, quienes seguiremos apelando a un Estado cada vez más social también debemos mostrar disposición de participación, de solidaridad y estar constantemente informados.
Karina Sánchez Juárez
Doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con especialidad en Estudios Rurales, Desarrollo y Política. Profesora-Investigadora de tiempo completo del IISUABJO e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Actual Directora de “Cuadernos del Sur”, Revista de Ciencias Sociales.
Colaboradora desde el 21 de febrero de 2019.
