+ El proyecto minero en San José, de la Minera Cuzcatlán, fue rechazado por habitantes de la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca. Pero hoy la compañía canadiense paga 660 millones de pesos por concepto de impuestos federales.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de marzo de 2021.- El pasado 24 de marzo se publicó un reportaje en Aristegui Noticias que señalaba a la “Minera Cuzcatlán”, empresa de capital canadiense, como la sexta mayor productora de plata en México. Pero en 2018 tuvo un derrame de desechos en una de sus minas, que afectó a un arroyo de Oaxaca.

El suceso desató una intensa controversia, documentada por medios de comunicación, sobre si los residuos mineros habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. Dicha investigación periodística devela los informes originales, que apuntaban a la presencia de materiales tóxicos en niveles que superaban las normas mexicanas hasta 1845% en algunos casos.

Además, muestra cómo autoridades y empresa relegaron esos documentos para dejar a la Minera Cuzcatlán, libre de responsabilidades sobre los efectos de la contaminación en esta región del sur mexicano.

Al respecto, durante la transmisión en vivo de Aristegui Noticias, el director de la compañía canadiense en México, Luiz Camargo, pidió derecho de réplica, argumentando que en las comunidades de Oaxaca cercanas a la Minera Cuzcatlán, no hubo las afectaciones que señalaba el reportaje.

Sin embargo, habitantes de la comunidad de Magdalena Ocotlán se comunicaron con el espacio de Aristeguí Noticias para fijar su postura y  establecieron que está prohibida cualquier actividad que tenga por objeto explotar “nuestros bienes comunes, incluidos los minerales”, por lo que “Minera Cuzcatlán opera sin el consentimiento de nuestras comunidades”.

En una carta firmada por la presidencia municipal de Magdalena Ocotlán, la sindicatura municipal, la regiduría de Hacienda, el comisariado ejidal, el consejo de vigilancia, entre otros; refirieron que han sufrido los impactos producidos por derrames de la presa de jales en el río El Coyote, en 2018; así como la contaminación hallada en el río Santa Rosa, en 2020.

Sin embargo, la Minera Cuzcatlán, subsidiaria de Fortuna Silver Mines, negó afectaciones medioambientales a partir de sus operaciones en Oaxaca y manifestó su “disponibilidad para colaborar de manera proactiva con el fin de resolver inquietudes de la población y autoridades”.

Al respecto, la Delegación en Oaxaca de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), notificó que no existe contaminación del suelo. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dictaminó que el cauce del arroyo se encuentra libre de metales por encima de los límites permisibles.

Una semana después y tras la “ola de desprestigio por presuntos incidentes de contaminación”, como lo calificó la empresa canadiense, el día de hoy abonó en tiempo y forma, la cantidad de 660 millones de pesos por el total de impuestos federales y correspondientes al ejercicio anual de 2020.

El pago provino de una tasa efectiva de impuestos al sector minero del 45% y “es una muestra más del apego estricto a la legalidad y a los mecanismos gubernamentales que impulsan el desarrollo socioeconómico del país”, dijo la empresa en un comunicado.

Información tomada de las agencias Aristegui Noticias y el Economista.