Utopía
“La ley es la ley”. Tal el argumento predilecto esgrimido con voz engolada y concluyente durante el debate suscitado por la doble decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio como gobernador de Guerrero y de Raúl Morón Orozco para Michoacán. Decisión que fue corregida por el Tribunal Electoral por excesiva y conculcadora de derechos de los aspirantes a mandatarios, y en una segunda valoración fue aprobada sin explicar los porqués de semejante viraje. Y nunca lo explicarán, la autonomía del TEPJF no contempla la rendición de cuentas.
A la hora de la verdad y cuando los procedimientos ministeriales y las imprevisibles decisiones de los jueces, todo indica que serán tomadas hasta después de la cita con las urnas, la hipócrita sentencia de “la ley es la ley” ya no es tan válida porque no favorece a una oposición partidista que a pesar de que jura que tienden a la baja las preferencias para Morena y sus aliados de los partidos Verde y Del Trabajo, y que los opositores se reposicionan en varios estados, no dan los nombres de las casas encuestadoras ni los porcentajes.
Este regateo informativo elemental es comprensible tratándose de los candidatos y sus partidos, pero inaceptable es cuando las cabezas de tres encuestadoras comparecen con Hernán Gómez en El Octágono (Canal 8.1, el 11 de mayo), para hablar de candidatos a gobernador punteros, otros que pasaron a un segundo y tercer lugares sin ponerle nombre a las casas demoscópicas ni porcentajes a las muestras. Por fortuna, Francisco Abundis, de Parametría, aclaró que la mayoría de las encuestas disponibles son telefónicas y por ello sesgadas, con alto margen de error.
La misma conducta asumió el sexteto de analistas que conforma Tercer Grado –Tercer Legrado para sus detractores– que desde Las Estrellas (12 de mayo) dieron por hecho “los altos costos a pagar” por los dos suspirantes presidenciales del partido gobernante, por el mismo presidente Andrés Manuel debido a la “falta de empatía” con los damnificados por la tragedia de la Línea 12 del Metro capitalino, y no digamos por Morena en 23 días. No critico las predicciones electorales sino la ausencia de datos duros. Y los desplantes de Raymundo Riva Palacio al considerar “criminal” la falta de transporte público en la zona.
Fue gracias a las denuncias de López Obrador durante cuatro mañaneras que se instaló en el debate la licitud o no del uso de tarjetas como promesa de crédito para ser usadas cuando los candidatos sean alcaldes o gobernadores. Es la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales la que judicializa la carpeta de investigación en contra del candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, pero será un juez quien determine si existió la comisión de un delito.
Los que juraban que “La ley es la ley” cambiaron de opinión y ahora acusan a AMLO de intervenir en el proceso electoral sin más argumentos que sus dichos y los deseos de triunfo de los candidatos de Va por México. Es parte de la contienda, pero está fuera de proporción que De la Garza involucre a un golpista como Luis Almagro por “la grave situación de lo que está pasando no nada más en Nuevo León, sino en México” porque “atenta contra muchas luchas que tuvimos que pasar para tener elecciones limpias”. Lo dice una rémora de la democracia, como es Adrián y su partido.
Que no olvide ningún partido, Morena incluido: El fraude electoral es delito grave, amerita cárcel.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
