+ La petición que realizan las activistas feministas al Congreso del Estado de Oaxaca, ¿podría influir en la designación de magistrados del TSJO?
Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de octubre de 2021.- El pronunciamiento de activistas feministas contra cuatro aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ha puesto en tela de juicio sus posibles nombramientos, mismos que deberán ser designados por el Congreso del Estado a más tardar el 27 de octubre, de lo contrario cederían (nuevamente) dicha facultad al gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
¿Pero qué tan fundamentadas son todas estas acusaciones que se hacen y qué tanto podrían influir en la designación de los magistrados?
Lo cierto es que el sistema de justicia en Oaxaca ha dejado mucho que desear, sobre todo en los casos de feminicidio, que de acuerdo al Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos (GESMujer), “en su mayoría continúan sin un responsable sujeto a un proceso judicial y mucho menos con sentencia condenatoria”.
Sin embargo, también cabe la posibilidad de que algunos señalamientos estén basados en apreciaciones personales que por falta de información y como ha ocurrido en algunos lamentables casos, terminan afectando a personas que no son culpables.
Pero el presente artículo no se trata de acreditar o desacreditar a nadie. En todo caso, el objetivo sería despertar el interés de la ciudadanía en torno a la designación de los magistrados, ya que son los responsables de impartir justicia en beneficio de la sociedad oaxaqueña.
Y aunque el tema pueda resultar aburrido para muchos, en PressLibre queremos compartirte un pequeño resumen que retoma varios conceptos y acontecimientos relacionados con este polémico tema, a fin de que cada lector se forme su propio criterio.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Como seguramente lo sabes, tanto en México como en cada uno de sus estados, existen 3 poderes de Gobierno: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En Oaxaca el Poder Judicial se conforma de dos plenos: el del Consejo de la Judicatura y el del H. Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Ambos son presididos por el mismo magistrado (actualmente Eduardo Pinacho Sánchez), pero en el caso del Consejo, solo está conformado por cuatro miembros más, a quienes se les llama consejeros; mientras que el Tribunal se integra actualmente por 28 magistrados (21 hombres y 7 mujeres).
A diferencia de otros estados, los magistrados del Tribunal de Justicia de Oaxaca pueden durar hasta 8 años en el cargo y reelegirse por otro periodo igual; además de tener sueldos mensuales superiores a los 130 mil pesos y, en el caso de su Presidente, superior a los 180 mil pesos. Sin embargo para ello, su nombramiento tiene que ser ratificado (confirmado) por el Congreso del Estado (poder legislativo).
Justo por dicho motivo, el pasado sábado 25 de septiembre, la Cámara de Diputadas y Diputados de Oaxaca, avaló la ratificación del magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, pero negó la continuidad de dos magistrados (Ana Mireya Santos López y René Hernández Reyes) y aprobó la jubilación de tres (Camerino Patricio Dolores Sierra, Narciso Abel Alvarado Vásquez y Tito Ramírez González), quienes supuestamente pretendían mantenerse en el cargo, pero al final desistieron. Aunque cabe mencionar que recibirán una pensión superior a los 50 mil pesos.
Este grupo de magistrados han sido llamados “espurios” porque sus nombramientos vencieron desde el 11 de enero de 2019, pero por una u otra razón, continuaban en el cargo y con goce de sueldo. Además, de acuerdo a un oficio emitido por la Fiscalía General de la República al Congreso del Estado, son investigados desde el 18 de agosto de este año y al parecer por diversos delitos.
Bajo este contexto quedaron vacantes cinco (5) magistraturas, pero resulta que para nombrar a los nuevos titulares, se debe seguir un procedimiento de acuerdo al Artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el que interfieren los tres poderes del estado.
Selección de aspirantes a magistrados
Fue así como el lunes 27 de septiembre, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa (poder ejecutivo) anunció que había emitido dos convocatorias públicas para ocupar estas vacantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: una mixta (para hombres y mujeres) y otra exclusiva dirigida a mujeres (por eso de la paridad de género que en la ocasión anterior le reprocharon).
De acuerdo a dichas convocatorias, las y los aspirantes debían cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
- Tener cuando menos treinta y cinco (35) años cumplidos el día de su nombramiento;
- Poseer el día del nombramiento, con antigüedad mínima de diez años, título y cédula profesionales de licenciado en derecho, expedidas por la autoridad o institución legalmente facultada para ello;
- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;
- Haber residido en la República Mexicana durante los dos años anteriores al día del nombramiento.
También se debía considerar que los nombramientos fueran hechos preferentemente “entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica”.
Y así, en menos de dos días, el Ejecutivo del Estado recopiló los expedientes de 29 (veintinueve) aspirantes para la convocatoria mixta y 28 (veintiocho) para la convocatoria exclusiva para mujeres. Es decir, 57 (cincuenta y siete) expedientes, mismos que fueron entregados al Consejo de la Judicatura (poder judicial) el 29 de septiembre mediante oficios SEGEGO-OS-0198-2021 y SEGEGO-0S-0199-2021, suscritos por el Secretario General de Gobierno, Francisco Javier García López.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura procedió a revisar todos y cada uno de los expedientes de los aspirantes para certificar el cumplimiento de los requisitos, determinando el 1° de octubre que para la convocatoria mixta, solo 25 cumplían y para la convocatoria a mujeres, solo 24 de las postuladas, quedando así 49 aspirantes en total.
Posteriormente, el día 4 de octubre, a estos aspirantes se les aplicó un examen de oposición escrito y único, elaborado por los mismos consejeros actuantes, que constó de 100 preguntas de opción múltiple, con 3 posibles respuestas cada una.
Las listas con los nombres de aquellos que aprobaron el examen fueron enviadas al Gobernador Murat, quien a su vez se encargó de seleccionarlos (nuevamente) para conformar 5 (cinco) ternas enviadas el 5 de octubre al Congreso del Estado: 3 (tres) para la convocatoria mixta y 2 (dos) para la convocatoria a mujeres.
Ternas para Convocatoria Mixta
| Primera Terna | Segunda Terna | Tercera Terna |
| Juan Carlos Díaz Carranza | Jorge Armando Félix Toledano | Berenice Ramírez Jiménez |
| Kyryat Masedany Flores Sánchez | Alejandro Magno González Antonio | Manlio Rigoberto Hernández Domínguez |
| Genaro Cruz Cruz | Oswaldo Pacheco Ramírez | María Antonio Esteva Domínguez |
Ternas para Convocatoria a Mujeres
| Primera Terna | Segunda Terna |
| Elizabeth Roxana López Luna | Irina Cabrera Girón |
| Joanna Vasconcelos Sánchez | Sofía Altamirano Rueda |
| Elvira Morales Pérez | Floribelia Vargas Quero |
Una semana después (11 de octubre), estos 15 aspirantes comparecieron ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXIV (64) Legislatura del Congreso del Estado (que por cierto ya finaliza su periodo el próximo 13 de noviembre), para exponer sus propuestas y motivos profesionales por los cuales desean ocupar una magistratura.
Dicha comisión fue presidida por la diputada Elisa Zepeda Lagunas (Morena) e integrada por las congresistas Karina Espino Carmona (Morena), Magaly López Domínguez (Morena), María Lilia Arcelia Mendoza Cruz (PRI) y el parlamentario Noé Doroteo Castillejos (PT).
Tras estas comparecencias, en diversos medios comenzó a circular información de los aspirantes mejor perfilados según algunos diputados, resaltando a Juan Carlos Díaz Carranza (notario público) como uno de los que mejor puntaje obtuvo en el examen de oposición, al igual que Alejandro Magno González (Vicefiscal General) y Berenice Ramírez Jiménez (abogada).
Víctimas de violencia y sus reclamos
A la par de las comparecencias y la difusión de los nombres de los aspirantes mejor perfilados, un grupo de víctimas (directas e indirectas) de violencia de género, así como organizaciones y defensoras de derechos humanos, emitieron una carta dirigida a los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, fechada el día 12 de octubre de 2021.
Entre las principales activistas que firman esta carta se encuentran madres de víctimas de feminicidio, quienes además del dolor de perder a sus hijas, han vivido años de angustia buscando una justicia que pareciera negárseles. Y aunque el caso de una de ellas se da en el Estado de México, se suma a esta lista de impunidad que prevalece en todo el país.
- Zoila Bengochea: Madre de Dafne Carreño Bengochea, quien acababa de cumplir 21 años cuando su ex novio Enrique Alejandro Rivera López, la mató a puñaladas el 9 de abril de 2013 en el propio domicilio de la víctima ubicado en la capital de Oaxaca. Y aunque hasta 2017 el victimario fue sentenciado a 78 años de prisión, su abogado defensor apeló y en 2018 el Tribunal de Justicia de Oaxaca le redujo la pena a 75 años.
- Lorena Gutiérrez Rangel: Mamá de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años que fue agredida sexualmente y asesinada por tres de sus vecinos el 5 de febrero del 2015, en el municipio de Lerma, Estado de México. Hace apenas unos días el tercero de los abusadores, José Juan Hernández Tecruceño, fue condenado a prisión vitalicia; pero temen que recurra a argucias legales para apelar la condena, ya que se ha sabido que pertenece a la delincuencia organizada y tiene familiares en la policía municipal y judicial.
- Soledad Jarquín Edgar: Periodista y madre de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, quien murió a los 28 años al ser víctima de un ataque armado en Juchitán el 2 de junio de 2018, durante un proceso electoral en el que como fotógrafa acompañaba a la candidata del PRI, Pamela Itzamaray Terán Pineda de 29 años, quien también fue asesinada ese día. Aunque este suceso “destapó una trama de corrupción y desvío de recursos públicos para campañas electorales”, como lo expresa Soledad Jarquín, a la fecha no hay avances sustanciales en el caso y responsabiliza de ello al ex Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez.
- María Elena Ríos: Saxofonista oaxaqueña, víctima de un ataque con ácido el 9 de septiembre de 2019, cuando tenía 26 años, perpetuado en su negocio familiar que se ubicaba en Huajuapan de León, al que llegaron dos sujetos enviados por su expareja sentimental, Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado priista y empresario gasolinero. Hasta la fecha han sido detenidos cuatro implicados y uno de ellos falleció recientemente en el reclusorio. Sin embargo Elena Ríos reclama la falta de inacción por parte de la Fiscalía General del Estado, para detener al quinto implicado (hijo de Vera Carrizal), de quien asegura ya dio la ubicación nuevamente a la Fiscalía General del Estado. También comenta que ha sido acosada, denostada y amenazada por familiares y amigos de su agresor.
Los magistrados señalados
En el desplegado suscrito por estas víctimas y avalado por organizaciones y defensoras de derechos humanos, se pide a los legisladores que los magistrados sean elegidos a consciencia y no permitan más impunidad, haciendo un llamado a no elegir específicamente a cuatro (4) aspirantes por considerar que no reúnen los requisitos y además están impedidos legalmente; aunque paradójicamente tres (3) de ellos fueron considerados con los puntajes más altos.
Alejandro Magno González
Previo a la carta emitida, la saxofonista Elena Ríos señaló en su cuenta de Twitter al aspirante Alejandro Magno González Antonio, como un “corrupto y “amigo” de su agresor Juan Antonio Vera Carrizal.
En la carta se refiere que Alejandro Magno obstaculizó el desarrollo de diversas carpetas de investigación, entre ellas los casos de María del Sol Cruz (ocultando información) y María Elena Ríos (protegiendo a su agresor), periodo en el que ya se desempeñaba como Vicefiscal General, quedando después como “encargado” de la Fiscalía en marzo de este año, cuando renunció el ex Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez.
Dado que una de las funciones de la Fiscalía es capturar a los presuntos delincuentes, las acusaciones en contra de Alejandro Magno se basan en la falta de resultados de dicha dependencia. Y aunque algunos involucrados ya fueron detenidos, hasta la fecha no existe sentencia para ninguno de ellos; además continúan prófugos otros presuntos responsables a quienes pareciera se están encubriendo.
También cabe mencionar que Alejandro Magno ya había sido aspirante a la magistratura de TSJ en la convocatoria del 22 de marzo, pero en aquella ocasión no le favoreció el voto del Gobernador.
Juan Carlos Díaz Carranza
Cuando eres hijo de un actor político, es entendible que se te juzgue por ello e incluso se demeriten tus logros. Tal es el caso de Juan Carlos Díaz Carranza, que al ser hijo de Juan Díaz Pimentel (ex Secretario de Salud), ya es señalado por errores que todavía no ha cometido y también condenado por sus supuestas amistades.
En el Tweet publicado por la activista Elena Ríos, califica a Carlos Díaz como “cómplice y corrupto”, pero en otro comenta que se basa en lo que su agresor (Vera Carrizal) le “contó y mostró en mensajes” (cuando era su pareja), lo cual no parece prudente, pues seguramente le dijo muchas “cosas” que, dado lo sucedido, debería cuestionarse qué tan ciertas eran.
Tampoco se trata de confiar plenamente en lo que el mismo Juan Carlos le expresó mediante Twitter, pero tal vez valdría la pena (de ser posible), acercarse a él y hacer alianzas para beneficio de todas las víctimas. Así, en caso de no cumplirse, podría ser recriminado y demandado.
Berenice Ramírez y Joanna Vasconcelos
En el desplegado de las activistas feministas, no solo se mencionan a hombres, sino también a dos mujeres que podrían convertirse en unas de las pocas mujeres magistradas con que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia.
En el caso de Berenice Ramírez Jiménez, según lo dicho por algunos diputados, fue una de las que mejor puntaje obtuvo en el examen de oposición. Sin embargo en la carta pareciera que cuestionan su capacidad al nombrarla solo como “trabajadora” de Alejandro González Bernabé y “esposa” Juvenal Carbajal Díaz respectivamente. Tal vez porque este último personaje ha sido señalado en algunos medios por su supuesta “prepotencia y maltratos”, aunque eso no debería condenar a Berenice.
Mientras que a Joanna Vasconcelos Sánchez la acusan de resolver sin perspectiva de género y de cometer abusos de autoridad. Esto al parecer se refiere al caso de la abogada Luvia Jeanett Altamirano Raymundo y del juez federal segundo Fidel Gallegos Figueroa, en el que ambos disputan la custodia de su hijo. Un tema en el que habría que conocer ambas versiones.
La decisión final…
Si llegaste hasta aquí, te lo agradecemos y esperamos que te sirva para aclarar muchas dudas, pero sobre todo para despertar más cuestionamientos e interés hacia temas políticos que al final, terminan afectado (y mucho) a la ciudadanía.
Con respecto a la decisión final, estaremos al pendiente de la sesión que se realice al respecto en el Congreso del Estado de Oaxaca. Mientras eso ocurre, nos gustaría saber tu opinión sobre este tema.
