Utopía
Con mucha anticipación a la consulta ciudadana sobre el mandato del presidente Andrés Manuel, el consejero presidente Lorenzo Córdova se “cura en salud” al sentenciar que “Si en algún momento la revocación de mandato está en entredicho, no es responsabilidad del INE, sino de quien tiene la obligación de generar a las instancias del Estado mexicano los recursos suficientes para tal efecto.”
Primero los datos duros y después las conclusiones sobre este manipulado debate que parte de premisas falsas.
Resulta que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral solicitó una partida presupuestal para 2022 de 24 649 millones de pesos frente a los 26 819 millones de pesos que ejerce en el presente año, típicamente electoral, pues se consideraron como “las elecciones más grandes en la historia de México”, por el propio INE en su propaganda edulcorada, debido a los 21 000 cargos en disputa tanto para renovar la Cámara de Diputados, casi la mitad de las gubernaturas, congresos estatales y alcaldías.
Para 2022 los consejeros aspiraban a un multimillonario presupuesto para organizar la revocación de mandato de López Obrador y los comicios para renovar seis gubernaturas. Y como la Cámara de Diputados no se los otorgó por decisión mayoritaria (273 contra 214 votos), pero Carmen Aristegui vio “una votación muy cerrada”, entonces los consejeros y sus defensores ocasionales de los partidos Revolucionario, Acción, Ciudadano (menos tres diputados) y De la Revolución, más la comentocracia que los acompaña desde el oligopolio mediático, en el que destaca Televisa, alegan una disminución presupuestal, cuando recibirán 3 mil 136 millones más que en 2020, año en que tampoco hubo un proceso electoral federal.
En consecuencia y en ejercicio de sus derechos como órgano autónomo, el INE interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que determine si eventualmente se puede realizar la revocación con menor número de casillas sin violar la ley (ésta obliga a instalar el mismo número que en una elección federal), o bien establezca las decisiones para que la Cámara de Diputados o la Secretaría de Hacienda, le generen al INE los recursos necesarios.
En política no hay casualidades y el mismo miércoles 17 del pronunciamiento de Córdova Vianello, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, respondió durante un acto con el también autónomo Instituto de la Transparencia: La falta de presupuesto no puede ser excusa para que las instituciones dejen de cumplir con sus obligaciones constitucionales. El deber de los funcionarios es hacer más con menos: porque cuando se tiene vocación de servicio, imaginación y voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de hacer.
Pregona con el ejemplo el ministro presidente e ilustró al consejero presidente. En el caso del Poder Judicial de la Federación, en los tres años que lleva al frente Saldívar Lelo de Larrea, se redujo su presupuesto en 6 000 millones de pesos cada año, en parte gracias al uso de las nuevas tecnologías. ”No hay otro poder judicial en el mundo donde actualmente se pueda tener acceso a una justicia digital completa”, con casi un millón de casos resueltos al año.
Logros obtenidos sin recursos adicionales, “sin pedir un solo centavo más de presupuesto, sólo con la creatividad, el talento y la vocación de los servidores públicos del PJF”.
Prácticas imposibles de reproducir en el INE, acostumbrado como está a ser referente de la burocracia dorada que derrocha y otorga extraordinarias prestaciones laborales, en un reto sistemático al Poder Ejecutivo federal y sus políticas y prácticas de la austeridad republicana.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
