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Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca
domingo 28, noviembre 2021
Fundador: Abundio Núñez Sánchez
Directora: Ivett Núñez Cardoza
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Un acuerdo “interno” que levanta ámpula

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Utopía

Híper sensible e incluso desesperada como está la oposición partidista-empresarial y su líder el magnate Claudio X. González Guajardo, quien se travistió de izquierda (https://www.jornada.com.mx/2021/11/23/cartones/1), era más que previsible que reaccionaran enseguida y en crítica frontal al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que el presidente Andrés Manuel declara “de interés público y de seguridad nacional” la realización de obras que se consideren prioritarias y/o estratégicas para el desarrollo nacional.

Subraya la publicación en el DOF que las dependencias y entidades de la administración pública federal tendrán un máximo de cinco días hábiles para emitir la autorización provisional, a partir de la presentación correspondiente; transcurrido el plazo sin que se emita dicha autorización expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

El acuerdo que no es sinónimo de decreto, salvo la voz de los expertos de verdad porque abundan los travestidos, se trata de la realización de obras a cargo del gobierno federal y asociadas a infraestructura en los rubros de comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud sean relevantes para el desarrollo nacional.

En el acuerdo se subraya que la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión, lapso en el que se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

De inmediato el Instituto de la Transparencia –el mismo que declaró como reservados por un década los contratos con la trasnacional Odebrecht, entre muchos otros–, comentócratas, legisladores, el diario Reforma (“boletín del conservadurismo”, según Obrador), estimaron que el acuerdo al que indistintamente llamaron decreto, implica serios riesgos e incluso graves limitaciones al derecho a la información, promueve la opacidad y obstruye la rendición de cuentas. Para Carmen Aristegui, con la voz engolada, es “inadmisible” el acuerdo presidencial; y para el exministro Ramón Cosío, abogado de Mexicanos contra (¿o a favor?) la Corrupción y analista de Aristegui en Vivo, es “anticonstitucional”. La siempre muy bufonesca Xóchitl Gálvez alertó contra la “dictadura”.

Ante la ola de reacciones adversas y otras francamente disparatadas como la de la senadora dizque exmilitante de la Liga Obrera Marxista, López Obrador aclaró que se trata “de un acuerdo interno” con el que se busca continuar con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico y, con ello, lograr el bienestar social.

El acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional proyectos como el Tren Maya y la refinería Olmeca, entre otros, “es sólo para agilizar trámites”. Y no dejó el menor margen para la duda: “Estamos obligados a rendir cuentas”.

Lo que no se entiende muy bien son las razones que obligaron al titular del Ejecutivo a que “un acuerdo interno”, como lo llamó, sea preciso publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, cuando era de esperarse una reacción en cadena porque las oposiciones partidistas, empresariales y mediáticas no localizan todavía, no encuentran los temas que les permitan emerger como alternativa viable a la 4T, y menos después del éxito extraordinario cosechado durante la comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Cumbre de Líderes de Norteamérica.

¿Para qué darles municiones, gasolina y cerillos a los pirómanos, a los rijosos?


Eduardo Ibarra Aguirre

Periodista y Director de la revista Forum en Línea desde diciembre de 1992. De formación autodidacta, se forja en la prensa comunista como becario en Berlín (1967-68) y posteriormente como corresponsal en Moscú (1977-79). Ha sido editor de 12 medios impresos y digitales. Desde septiembre de 2004 escribe la columna “Utopía”, publicada en diversos medios digitales. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93) y perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Ha escrito cinco libros y es coautor de ocho.

Colaborador desde el 12 de abril de 2021.


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