Utopía
Con la fórmula de que la “Alianza Federalista fue un proyecto que funcionó, al que ya se le debe dar sana (cristiana) sepultura”, el gobernador de Guanajuato, de origen panista, Diego Sinhué Rodríguez, pretende ocultar lo evidente, un fracaso en toda la línea desde el momento en que se confirmó que en junio de 2021 los grandes triunfadora fueron el movimiento y el gobierno de la Cuarta Transformación al ganar la mayoría de la gubernaturas en juego y encabezar hoy en día la mayoría.
Sin la mayoría en manos de los gobernadores identificados con las oposiciones partidistas y empresariales (Sí por México), la federalista alianza carece de razón de ser porque uno de sus propósitos esenciales fue despejarle el camino a los aspirantes a gobernadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, además de oponerse a las políticas sanitarias federales para hacer frente al SARS-CoV-2 y en particular exigir la destitución del querido y a la vez odiado Hugo López-Gatell –sobre todo por las bufonescas senadoras Téllez, Gálvez y López Rabadán–, impugnar las políticas sociales del presidente Andrés Manuel e impulsar un nuevo pacto fiscal que nunca dieron a conocer, objetivos en los que fracasaron sin atenuantes.
Lo anterior no implica negar que el poderoso, pero por los resultados poco influyente oligopolio mediático, por lo menos en la ancha y vigorosa base socioeconómica, contó con una extraordinaria oportunidad para elevar los decibles de su campaña de apoyo a los partidos opositores.
Partidos y sobre todo los grises liderazgos (Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano), así como sus socios patronales –representados por Claudio X. González– y que a falta de buenos resultados hasta hoy y por desgracia, pues a México le urgen oposiciones alternativas, obligan o presionan a los medios de comunicación (Reforma y El Universal son sus íconos) y también a algunos intelectuales orgánicos (Héctor Aguilar y Enrique Krauza como divisionarios) a desempeñar tareas que corresponden propiamente a los partidos.
El hecho es que en Villahermosa, Tabasco, durante la sesión 47 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (17 de diciembre), se oficializaron los resultados que arrojaron las urnas en junio pasado, la 4T como portadora de la mayoría de las gubernaturas y de los congresos estatales y la oposición tripartita y empresarial como fuerza minoritaria.
Por ello es completamente normal que los 31 ejecutivos estatales y el representante de Enrique Alfaro –el jalisciense que pretendió encabezar a los de la Alianza, en su sueño-pesadilla por la silla presidencial– brindaran su apoyo a la estrategia de seguridad pública de López Obrador y, además, se anunció un salario mínimo profesional para las policías.
Estrategia que ya logró revertir las sólidas tendencias ascendentes en homicidios dolosos y feminicidios sin declarar la guerra a nadie y sin favorecer a ninguna banda delincuencial como en los tiempos de Felipe Calderón-Genaro García Luna. Y sólo, además, con tres recomendaciones a la milicia de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que prueba que “podemos avanzar, con el apoyo de las fuerzas armadas, sin violar garantías fundamentales”, postuló AMLO.
Con humildad republicana, Obrador expresó su reconocimiento a los mandatarios estatales de las oposiciones, por la unidad de esfuerzos en seguridad pública y por su capacidad para poner “por delante el interés general, del pueblo y de la nación”. Así, sin más.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
