+ Familiares de Claudia Uruchurtu calificaron como “corrupta y vendida” a la jueza que dictó sentencia a la exedil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, luego de que reclasificara su delito para que solo permanezca 4 años y 2 meses en prisión, en lugar de la pena mínima de 40 años por desaparición forzada.

Oaxaca de Juárez, Oax.- El pasado 7 de diciembre se celebró como un “fallo histórico” en Oaxaca, la sentencia acusatoria en contra de ex servidores públicos que fueron hallados responsables del delito de desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida el 26 de marzo de 2021.

Inicialmente se indiciaron a cinco personas, pero una de ellas se convirtió en testigo protegido (Juan José Acevedo Martínez), mientras que el resto fueron detenidos y recluidos en el penal de Tanivet en mayo de 2021, entre ellos la ex alcaldesa de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces se postulaba como candidata de Morena para reelegirse como presidenta municipal.

Un año y medio después y luego de haberse diferido por tres veces consecutivas la audiencia para lectura de la sentencia, finalmente el pasado 7 de diciembre la jueza María Teresa Quevedo Sánchez del Tribunal Unitario de la Región Mixteca, declaró culpables de desaparición forzada a los imputados, quedando pendiente la sentencia condenatoria para cada uno.

Sin embargo, este jueves 15 de diciembre en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer las “intenciones” de la misma jueza para cambiar el delito únicamente a la exedil, reclasificando el delito de desaparición forzada -cuya pena es de 40 a 60 años de prisión-, por el delito de desaparición de personas -que implica una pena de 2 a 7 años de prisión-.

Y aunque el subsecretario dijo que hacer dicho cambio lo convertiría en un caso de “impunidad”, horas más tarde la jueza realizó la audiencia de forma virtual para dictar condena a cuatro de los cinco implicados en la desaparición de Uruchurtu Cruz, pues el quinto implicado lleva su juicio por separado y será hasta febrero de 2023 cuando se determine su responsabilidad.

A Juan Antonio Hernández Martínez, quien fuera escolta de la exedil, se le dieron 60 años de cárcel por ser el autor material. Mientras que a los partícipes Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, la jueza los sentenció a cada uno, a 40 años en prisión.

Pero en el caso de la exedil Lizbeth Victoria Huerta, la jueza la acusó solamente de “obstrucción de búsqueda”, quedando sentenciada a 4 años y 2 meses en prisión, pese a que desde el principio fuera considerada la probable autora intelectual.

La jueza argumentó que se juzgó de esta forma a la exedil porque su defensa probó que ella solo obstaculizó la indagatoria y búsqueda de la activista Uruchurtu, pero que no participó directamente como autora intelectual o material del delito.

Al respecto, la familia Uruchurtu Cruz se pronunció a través de un comunicado publicado en Facebook por Sara Uruchurtu y dirigido a la opinión pública, considerando que tanto la jueza María Teresa Quevedo como el presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, “han sucumbido a otros intereses y desvirtuado, una vez más, el significado de la Justicia y la Verdad”.

También dejaron claro que seguirán luchando a través de los recursos legales a los cuales tengan derecho, aunque la prioridad para ellos sigue siendo encontrar a Claudia, pues es la fecha que su cuerpo no ha sido encontrado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), encabezada por Arturo Peimbert Calvo desde el 18 de marzo de 2021, días antes de la desaparición de la activista México-Británica.

De igual forma advirtieron que darán seguimiento a las denuncias hechas por Claudia contra la administración que encabezaba Lizbeth V. H. en el municipio Nochixtlán, de quien la activista había documentado desvío y malversación de fondos.

Si bien la familia Uruchurtu Cruz reconoció a las autoridades federales por “combatir la corrupción e impunidad en el país”, en el caso de Oaxaca denunciaron corrupción entre el Tribunal Superior del Estado de Oaxaca y el gobernador Salomón Jara Cruz, para reducir la sentencia de la ex alcaldesa de Nochixtlán.

Y es que se sabe que el actual gobernador de Oaxaca era (o es) muy cercano a Lizbeth Victoria Huerta, a quien impulsó como presidenta municipal de Asunción Nochixtlán en 2018, convirtiéndose así en la primer mujer en ocupar dicho cargo.

Incluso se ha comentado que Lizbeth V. H. financiaba la campaña de la nuera de Salomón Jara, Tania Caballero Navarro, quien se postuló en abril de 2021 como candidata a diputada local por el distrito 05 con cabecera en Asunción Nochixtlán.

Tras la detención de la exedil, Salomón Jara afirmó durante una visita a Nochixtlán, que se trataba de una mediática de linchamiento por parte de los priistas.

“Están denostando a nuestra presidenta, están aprovechando la coyuntura electoral para golpearla, es una injusticia su detención, es una mujer trabajadora, luchadora social, su único delito es la honestidad, y eso le duele a los priistas”, expresó el entonces aspirante a la gubernatura de Oaxaca.

Pero la activista Claudia Uruchurtu tenía otra opinión de Lizbeth Victoria Huerta. La denunció en varias ocasiones por meter a su familia en la nómina del Ayuntamiento, por comprar coches último modelo mientras la población de Nochixtlán carecía de servicios básicos, y por usar recursos destinados a combatir la pandemia por Covid-19 para destinarlos a financiar su reelección.

Por su parte, la exedil decidió dar una entrevista a la periodista Lourdes Mendoza para alzar la voz y dar su versión de lo ocurrido, publicada el pasado 12 de diciembre en diferentes medios. En ella se asegura que el caso está plagado de inconsistencias y que fue construido con un “testigo” autoincriminado y previamente torturado. También se afirma que la Fiscalía de Oaxaca ha dado por muerta a Claudia Uruchurtu y que jamás investigó si había sido secuestrada.

Lo cierto es que en cualquier escenario, la impunidad prevalece en el caso de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, pues si Lizbeth Victoria Huerta no es la autora intelectual, ¿entonces quién es y por qué sigue libre? Pero si la exedil es culpable, ¿entonces quién la protege y por qué?