Utopía
Resulta alentadora la anunciada comparecencia de 300 soldados ante la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990; es decir, de Gustavo Díaz Ordaz a los comienzos del sexenio de Carlos Salinas.
Incomprensible que los definidores de la periodización del importante tema excluyeran al sexenio de Adolfo López Mateos quien, ciertamente, nacionalizó la industria eléctrica, pero ello no obstó para que fuera brutalmente represivo, con Díaz como secretario de Gobernación, ante las grandes movilizaciones ferrocarrileras, de telegrafistas, profesores de la Sección IX (con Othón Salazar al frente) y los médicos con movimientos sociales que dejaron honda huella en el país.
Acaso todavía sea más alentador que el asesor jurídico del Colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia de Atoyac de Álvarez, Guerrero, informó que opinan que también deben ser citados por el Ministerio Público de la Federación, con las carpetas de investigación abiertas vigentes que están en trámite ante la Fiscalía General de la República, o en su caso las fiscalías estatales.
Lo es porque el discurso en boga de la militarización de México, de auténticos demócratas pero también de los que bajo el mando autoritario de Felipe Calderón sacaron a las calles a soldados y marinos a cumplir tareas de seguridad pública, cuando la Constitución lo prohibía en su letra y espíritu. Más aún, el impopular presidente que ahora vive en Madrid, España, declaró “la guerra al narco” a lo borras para legitimarse en Los Pinos y satisfacer exigencias imperiales del norte con su brazo derecho Jenaro García comprometido con el capo Joaquín Guzmán Loera.
Innegable es que las fuerzas armadas tienen un protagonismo acaso sin precedente en tareas públicas para el desarrollo social, particularmente en infraestructura –aeropuertos, bancos, puertos, cuarteles, carreteras y parques industriales–, sin las cuales sería imposible que el gobierno emprendiera tantas y tan importantes obras como el AIFA y el Tren Maya, por ejemplo, como bien lo reconoce el presidente Andrés Manuel. Pero no tienen incrementos significativos del Presupuesto de Egresos ni ocupan gubernaturas, senadurías y diputaciones como en el pasado reciente.
Y, además, comparecen habitualmente en las mañaneras y ante el Congreso de la Unión cuando son requeridos el general secretario y el almirante secretario. Todo lo opuesto al ritual castrense de que las comisiones legislativas del ramo, presididas por legisladores soldados hoy inexistentes, acudían a Lomas de Sotelo para que las recibiera el titular de la Defensa.
Sin el apoyo institucional, establecido por la ley de leyes, de los altos mandos de las fuerzas armadas el proceso de transformación sería inviable o mucho más complejo de lo que ya es. Basta con voltear a ver el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, a Manuel Zelaya en Honduras y los “golpes blandos” en Paraguay y Brasil. Venezuela y Cuba son las experiencias en sentido totalmente contrario, porque el imperio de las barras y las estrellas no puede todavía desarticular la unidad entre pueblo, gobierno y milicia. Y vaya que lo siguen intentando, ahora con Joseph Biden.
Las comparecencias de los 300 militares en Guerrero no abonan a la impunidad de las fuerzas armadas, como tampoco lubrican la maquinaria del sistema político mexicano con el aceite de la corrupción como lo acostumbró el priato y después de 1988 el PRIAN ahora ampliado.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
Las opiniones expresadas por los columnistas en sus artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no representar la postura o línea editorial de PressLibre. Sin embargo, como medio periodístico respetamos su derecho a la libertad de expresión.
