Utopía
Mientras el presidente Andrés Manuel advirtió a Washington que debe probar que dejó de financiar al organismo político-electoral Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que dirige Claudio X. González por medio de Amparo Casar, Empresas Globales, representante de los intereses de 63 firmas trasnacionales que operan en el país, amenaza al gobierno de la Cuarta Transformación si continúa en su propósito de reformar el corruptísimo e ineficiente Poder Judicial federal, ahora que cuenta con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a sólo tres escaños de obtenerla en el Senado.
El mecanismo plutocrático y trasnacional amenaza a la Presidencia y el Congreso mexicanos con el exclusivo poder fáctico que le otorga, según ellos, poseer capitales en nuestro país que equivalen a 40% del total de la inversión extranjera directa y que en 2023 fue de 29 mil 629 millones de dólares, generar el 10% del producto interno bruto, lo que equivale a 2.5 billones de pesos, así como dar empleo a 8 millones de mexicanos.
Con ese poder de sus firmas, arguyen que el actual proyecto de reforma contiene aspectos críticos que “deben ser ajustados” para asegurar la certeza jurídica y “evitar que desincentiven las inversiones”, especialmente ante la relocalización de cadenas productivas; sostienen en un comunicado del exclusivo grupo dirigido por Manuel Bravo, quien también es director general de Bayer México. Y entre sus integrantes están: Nestlé, Pepsico, Siemens, Cargill, AT&T, General Motors, ExxonMobil, Stellantis, ArcelorMittal, Toyota y HSBC.
Con singular hipocresía –“pragmatismo”, corregiría el neoconservador José Antonio Crespo– la agrupación confiesa que “comparte el interés del presidente López Obrador y el Congreso de que el PJF sea más eficiente y transparente”, que facilite el acceso a la justicia “para todos los mexicanos”, garantice la seguridad jurídica, proteja el estado de derecho y consolide la separación de poderes.
Pura retórica para incautos, pues a renglón seguido sentencian que “deben ajustarse”: independencia de la Judicatura, para que los jueces resuelvan con imparcialidad y sin intromisiones indebidas; establecimiento de procesos “objetivos y equitativos” de selección y nombramiento, para que quienes ocupen cargos judiciales sean personas “íntegras e idóneas”; que la modificación al PJF garantice independencia de los jueces así como sus derechos…
Es fundamental, abundan que la reforma no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México ya que, en todos ellos, el país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes y procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables. En una palabra, quieren sus ministros, magistrados y jueces que defiendan puntualmente, previo “moche” como acostumbran las firmas trasnacionales, sus intereses frente a los nacionales que representan Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, siempre ninguneados por Norma Lucía Piña y sus pares, como el ministro Alberto Pérez Dayán que acudió el sábado a la pelea de box en la Arena Ciudad de México, de Grupo Salinas, en un sitio cuyo costo fue de 128 000 pesos.
Por lo demás es sabido que el capital nunca tuvo ni tiene patria y se desplaza a los países en los que se reproduce más rápido y mejor. Acotarlos y someterlos al imperio de la ley es la obligación de los estados nacionales.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
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