CONSULTA CIUDADANA, ENTRE LA MERCADOTECNIA Y LA PARTICIPACIÓN
En 2002 se da en la capital de Oaxaca un primer ejercicio de consulta a la ciudadanía para tomar una decisión gubernamental. En ese año fue para determinar si se autorizaba o no la ampliación de la terminal del ADO en el sitio en que se encontraba, ante la inconformidad social que pedía se construyese en la periferia de la ciudad.
En 2015 se da otra consulta, ahora para determinar si se construye o no el Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín, ante la protesta social que exige se construya en otra parte.
Doce años después, ¿qué semejanzas y diferencias encontramos?
1.- En ambos casos la decisión de consultar se da cuando la decisión de la autoridad estaba tomada.
En el caso del ADO en el trienio previo (1999-2001), el Ayuntamiento, encabezado por el panista Carlos Melgoza castillo, había otorgado los permisos e incluso cedido de forma irregular la calle de Pirús a la empresa de transporte.
En el caso del Centro de Convenciones el gobierno afirma, sin mostrar, que tiene todos los permisos correspondientes; se han invertido millonarios recursos en el proyecto y en obras preparatorias.
2.- La decisión de consultar se toma tras una intensa presión social. En ambos casos fue la movilización social ante la opacidad, la presencia de conflicto de intereses y la percepción de hechos de corrupción para realizarlas.
Entonces, la consulta no se emplea como mecanismo de participación ciudadana para opinar y, en su caso, definir, sino como necesidad del gobierno local y estatal de realizar un ejercicio que distienda la inconformidad con una decisión verticalmente tomada. Se busca convalidar una decisión, no garantizar la participación ciudadana.
3.- En 2002 ante la falta de regulación de la consulta, se contrató a la Universidad Vasconcelos para realizarla. Por demás evidente que no contaba con los instrumentos normativos para regular cuestiones como la promoción de las posturas, a favor en contra de la obra.
En 2015, la consulta como instrumento de participación ciudadana continúa sin ser regulada. Ante esa laguna legal, el gobierno establece un convenio con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que organice la consulta. Pero la falta de normatividad hace naufragar dicho convenio.
Los esfuerzos del órgano electoral por intentar ser imparcial son rebasados por la realidad. El gobierno estatal ignora los llamados a suspender la obra y la promoción, los rectores de universidades públicas y privadas rechazan participar en un órgano colegiado que elabore las preguntas y la sociedad civil que se opone al proyecto es minimizada y no se informa de sus argumentos a la ciudadanía.
En ambos casos se convirtió a la consulta en un mero ejercicio de mercadotecnia para medir la penetración de la campaña de promoción orquestadas por el ADO en 2002 y por el gobierno del estado en 2015.
La diferencia es que en 2002 la UNIVAS poco tenía que perder; fue contratada para organizar la jornada de consulta y nada más. En 2015 el órgano electoral se enfrenta a serios cuestionamientos y saldrá debilitado de un proceso construido y decidido unilateralmente, justo al inicio de uno de los procesos electorales más complicados de la historia local.
4.- En 2002 la obra era de una compañía privada, el ADO. Los recursos utilizados para la promoción del SÍ a la autorización, fueron privados. La inequidad devino de que la contra parte no contó con recursos para informar su posición y los argumentos de ésta. Si bien, contó con la permisividad cómplice de las autoridades municipales.
En 2015 la obra se realiza con recursos públicos. Ya se han gastado decenas de millones de pesos en el proyecto y ahora se emplean escandalosamente en promocionales de radio, espectaculares, folletos, publicidad en medios de transporte.
La posición de los opositores no cuenta con ningún apoyo gubernamental. La inequidad es perpetrada por quienes debieran garantizar un ejercicio democrático.
Ni hablar de prácticas copiadas de los peores tiempos del autoritarismo, como la presión a los burócratas y la recolección de credenciales de elector. O de las tácticas copiadas al partido verde de la promoción ilegal mediante llamadas telefónicas o con mensajes de celular. Y el árbitro se desgañita en exhortos que no son atendidos.
5.- Sí una lección dejan estos ejercicios de consulta es la necesidad de construir el andamiaje jurídico e institucional que garantice realmente estos mecanismos de participación ciudadana; el espejismo en que se convirtió la reforma constitucional de 2011 en Oaxaca que supuestamente atendía ese tema, pero que se convirtió en mero ejercicio propagandístico sin posibilidades reales de que el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato se puedan implementar.
Y qué decir de la Consulta Ciudadana, que ni siquiera fue considerada.
Habla también de la ausencia de voluntad democrática de los gobiernos en turno, así como de la desarticulación de la sociedad civil. En 2002 con la ampliación del ADO, como luego en 2005 ante las obras de remodelación de la Alameda y el Zócalo capitalino y ahora ante la construcción del Centro de Convenciones, las demandas de consulta, como la de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas permanecen.
Más allá de los cambios cosméticos y los ejercicios maniqueos, no hay trasformaciones en el tema.
El ADO fue ampliado donde acordaron autoridades y empresarios; el Zócalo y la Alameda fueron remodelados al antojo del gobierno de Ulises Ruiz.
El Centro de Convenciones será construido en el Cerro del Fortín. Pasado el momento la movilización y exigencia disminuirán. Ya vendrán otras obras controversiales, nuevas movilizaciones, tal vez otras consultas. Pero la mecánica no cambiará, mientras no se empuje y se obligue a cambios legislativos e institucionales realmente democráticos.
Correo: victorleoneljuan.m@gmail.con
Twitter: @victorleonljuan
FB: /victor.leonel.92
