SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, abril 10.- La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, aprobada el 31 de marzo pasado en sesión extraordinaria de la LXI Legislatura, consolida el sistema de impartición de justicia para que toda persona tenga acceso a ella en los términos ordenados por la Ley.

Así lo establece la iniciativa de decreto que abrogó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vigente desde octubre de 1999, y expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

La nueva Ley incluye de manera específica figuras jurídicas como la creación del Consejo de la Judicatura y la Sala Constitucional encargada de vigilar la defensa y supremacía de la Constitución estatal, así como el perfeccionamiento de los mecanismos para designar a los magistrados.

Igualmente, la integración de los Tribunales Especializados (Contencioso Administrativo y Electoral), y la creación de un Tribunal de Fiscalización como máxima autoridad jurisdiccional en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

La iniciativa de decreto aprobada resalta que la autonomía presupuestal es un avance trascendental para la administración de justicia en el Estado.

El Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica, de gestión y capacidad para emitir resoluciones y acuerdos generales.

Está encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, en los términos que señala la Constitución estatal.

El Consejo de la Judicatura tiene ahora atribuciones como la contratación de personal del Poder Judicial, aplicación de exámenes de oposición para los servidores públicos, capacitación en las áreas jurisdiccionales de los tribunales especializados que incrementará la calidad del personal que ocupa los cargos en la administración de justicia.

En tanto, la Sala Constitucional es un órgano de constitucionalidad destinado al fortalecimiento institucional del Poder Judicial que salvaguarda la supremacía de la Constitución estatal.

A su vez, el Tribunal de Fiscalización participa en la ejecución de la auditoría gubernamental y garantiza la veracidad e imparcialidad en materia de rendición de cuentas en beneficio de la sociedad.

También revisa todos los asuntos relacionados con presuntos responsables de sanción por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Mientras, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelve las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal o municipal y los particulares, así como entre los municipios y el Gobierno del Estado como consecuencia de los convenios que celebren entre sí.

La iniciativa de decreto aprobada fue elaborada por la Comisión Permanente de Administración de Justicia que preside el diputado panistas Luis de Guadalupe Martínez Ramírez.