OAXACA, OAX., noviembre 19 (apro).- El cura Apolonio Merino Hernández anunció que solicitará una audiencia con el Papa Francisco, durante el viaje que el pontífice realizará a México, para denunciar la “violencia institucional, amenazas, hostigamiento y daño moral” de que ha sido víctima en la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca por denunciar casos de pederastia.

Y acusó directamente al arzobispo José Luis Chávez Botello, quien lo separó de sus funciones sacerdotales el 7 de agosto, al tiempo que fue amenazado que si hacia algún escándalo ventilarían que violó el celibato al formar su propia familia y de prefabricarle un delito por el supuesto abuso sexual a una mujer.

También fue suspendido, agregó, el diácono Ángel Noguera Nieto, quien conoció directamente del caso de pederastia cometido por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández.

Silvestre Hernández presuntamente abusó de 45 niños indígenas de las parroquias de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta.

Merino Hernández se preguntó “por qué Chávez Botello no se ha desprendido de la protección que le ha brindado a Gerardo Silvestre, hoy encarcelado en Tlaxiaco, y mucho menos se ha dictado la sentencia correspondiente; en cambio a mí se me sentencia con un decreto de suspensión definitiva en mis funciones sacerdotales y se me prefabrican delitos que en mi conciencia yo nunca he cometido”.

Luego responsabilizó al arzobispo de cualquier atentado a él y a su familia porque ha recibido una serie de amenazas en las cuales le manifiestan que “te van a dar por donde más te duele”.

Silvestre Hernández fue acusado por la presunta violación de 45 niños indígenas de las parroquias de Camotlán, Villa Alta y Huitzo, según consta en el expediente penal 140/2013 y que motivó que el Juzgado Séptimo de lo Penal librara la orden de aprehensión, ejecutada en noviembre de 2013.

Merino Hernández relató que “siendo yo párroco de Santiago Zoochila, Villa Alta, circunstancialmente me tocó recibir y oír a algunos menores que fueron ultrajados sexualmente por Gerardo Silvestre. Una vez escuchada su queja les dije que si tenían elementos probatorios contundentes acudieran a las instancias correspondientes, señalando como primera al arzobispo y, en segundo lugar, a la Procuraduría General de Justicia.

Los menores, en compañía de sus familias, “acudieron una y otra vez con el señor obispo, quien hizo caso omiso y al no ser atendidos pidieron auxilio a otros sacerdotes y denunciaron el caso”, añadió.

Esta situación, abundó, “fue conocida no sólo por mí sino por todos los sacerdotes que conformábamos el decanato Sierra Norte, entre ellos el diácono Ángel Noguera Nieto, quien también fue suspendido, marginado, ignorado y ahora enfermo y sin ningún apoyo de la iglesia a la que entregó su vida”.

Por ello, exigió al arzobispo una “aclaración pronta y expedita”, así como justicia y reparación del daño a las víctimas”; de lo contrario, “solicitaré audiencia a su santidad el Papa Francisco en su próxima visita a México” para exponer el caso.

El expárroco de Santa María Ozolotepec Silvestre Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por el Juzgado Séptimo de lo Penal, según consta en el expediente penal 140/2013 por el delito de corrupción de personas menores de 18 años.

Posteriormente, el Juzgado Séptimo de lo Penal dictó la formal prisión a Silvestre Hernández, también expárroco en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta, sin embargo, es fecha que el Poder Judicial no ha dictado sentencia.

Fue en 2006 cuando Silvestre Hernández fue señalado de un primer caso por violencia sexual contra un niño; luego fue removido a Camotlán, donde se presume hay cerca de 45 niños víctimas y las agresiones se repitieron Villa Alta, así como en San Juan y Santa María Ozolotepec.