OAXACA, OAX., abril 26.– El procurador general de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, así como la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández, pueden “subsanar” los procedimientos de la denuncia penal contra el ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, y tres ex funcionarios del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y, si lo consideran necesario, volver a presentar querella para volver a ejercer acción penal en contra de éstos.
Y es que el Abogado del Estado de Oaxaca argumenta que “la revocación de las órdenes de aprehensión contra de los ex funcionarios no fue de motu propio. La puede subsanar la Contraloría y puede volver a presentar querella para volver a ejercer acción penal”.
A pesar de que fueron revocadas las órdenes de aprehensión en contra de éstos, el funcionario insiste: “No hay perdón ni regalo, ni acuerdo político. La decisión de la PGJE es en acatamiento a un Juez Federal de Distrito”.
Confirmó así la petición de la PGJE para revocar las órdenes de aprehensión en contra Ortega Habib; el subsecretario de Finanzas, Fernando González García; el ex coordinador de Comunicación Social, Raúl Castellanos Hernández, y la también ex vocera Soledad Rojas Walls, a petición del Juez Segundo de Distrito Federal.
“Sí hubo petición de la PGJE para revocar, porque ya hay un criterio del Juez de Distrito. La revocación no fue de motu propio. Se regresa, subsana la Contraloría ese punto y se puede volver a iniciar”, insistió el Impartidor de Justicia en Oaxaca.
A los cuatro ex funcionarios de Ruiz Ortiz el Juez Tercero les dictó orden de aprensión por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos, en perjuicio de la Hacienda Púbica del Estado de Oaxaca y de la sociedad.
No obstante, el 17 de abril pasado el Juez Segundo de Distrito ordenó revocar las órdenes de aprehensión en su contra.
López López explica que “el criterio del Juez consiste en que se debe, por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, subsanar los requisitos de forma” (sic).
Y agrega: “Una vez subsanado ese requisito, la averiguación previa del Juez puede ser devuelta a la PGJE y si la Contraloría lo considera necesario, podrá volver a presentar querella para volver a ejercer acción penal” (re sic).
También vuelve a amenazar al señalar que los procesos penales en contra de estos cuatro ex funcionarios de Ruiz Ortiz “no son un caso cerrado, ni es cosa juzgada; se puede volver a presentar querella y se puede volver a ejercer acción penal”.
Añade que “está pendiente el caso de CAO y por ello el resolutivo del Juez le va a permitir a la Contraloría fortalecer otros casos en sus auditorías”.
Reitera que “falta que la Contraloría culmine el resto de sus auditorías y ahí se verá contra quiénes más puede haber acción penal”.
Cual conocedor de los múltiples caminos de la justicia, anota que la resolución del Juez Segundo de Distrito obedece a “estrategias jurídicas de la defensa de los ex funcionarios”.
López López dictamina: “No hay una resolución de fondo. Somos respetuosos de los criterios de los jueces federales. Simplemente fue un criterio que llegó a tiempo”.
