* El gobierno mexicano está en su derecho de defenderse de acusaciones
Al gobierno federal le caló lo que dijo la presunta hija de Joaquín Guzmán Loera, Rosa Isela Guzmán, al diario británico The Guardian, en el sentido de que su padre fue traicionado por narcotraficantes, pero sobre todo por gente del gobierno mexicano, a algunos de los cuales les pagó las campañas electorales y que su escape del Altiplano fue acordado con políticos de muy alto nivel en México y que…
Tanto por ser hija –o no- de El Chapo Guzmán como por lo que dijo y a qué medio lo dijo, el gobierno federal mexicano de inmediato sacó las antenas frente a una embestida mediática en la que se pone en duda mayor la probidad del gobierno en su relación con el narcotráfico y sus presuntas alianzas para sacar tajada económica del tema, a cambio de protección…
Lo dicho por la señora Guzmán Ortiz genera suspicacias porque no pasa de las generalidades, no precisa nombres o fechas o lugares y no determina cómo es que fue posible que durante el tiempo que estuvo prófugo –de octubre de 2015 a enero de 2016— El Chapo hubiera podido entrar a los Estados Unidos –California- para visitar a su familia allá.
Esta parte no le gusta al gobierno estadounidense porque, de ser cierto, pone en un grave entredicho a la seguridad nacional de aquel país pues uno de los hombres más buscados del planeta en aquel momento pudo entrar y salir de territorio estadounidense como Pedro por su casa y sin que sus autoridades se percataran de ello. Hasta el momento chitón.
En el caso mexicano lo que impactó fue el aserto de que El Chapo Guzmán financió campañas políticas y que la fuga de octubre de 2015 fue acordada ‘con funcionarios mexicanos corruptos’.
Y ‘para poner los puntos sobre las íes’, primero salió a la palestra pública el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia: “No vamos a ceder ante especulaciones cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia. Que no quede duda: en un país de leyes, como lo es México, toda acusación debidamente fundada ha de ser investigada y, en su caso, recibirá una sanción”…
Casi alterno a las declaraciones en el exterior de la presunta hija de El Chapo Guzmán, en la Ciudad de México, el 4 de marzo un grupo de sus familiares iniciaron una huelga de hambre a las afueras del penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, para reclamar supuestas acciones violatorias de los derechos humanos en contra el líder del Cártel de Sinaloa. Además de que los abogados del mismo anunciaron que pronto darán a conocer la lista de partidos y candidatos que recibieron dinero del narcotráfico para financiar sus campañas electorales.
La respuesta del comisionado Sales Heredia fue aún más enfática: “Ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen”…
Y, de pronto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, comenzó un, digamos, tour de forcé mediático para hacer las evaluaciones de su gobierno en diferentes materias, pero en particular la económica, que hoy mismo en México está en crisis, aunque la insistencia del gobierno federal es de que todo está bajo control y que ‘si no hubiera sido por las reformas estructurales, la situación hubiera sido incontrolable’…
En relación con el caso Guzmán Loera dijo: “La extradición no es más que un mecanismo que los países tienen para permitir procesos en los que se imputa la comisión de determinados delitos. (…) Lo que es un hecho, y lo debe garantizar el gobierno, es que este, y cualquier otro delincuente, enfrente el proceso que deba seguirse en la Corte o ante la instancia judicial que corresponda…”.
En las entrevistas realizadas, y de las que evidentemente se conoció antes el cuestionario, no se tocan los temas sensibles de este gobierno, los casos de corrupción, los casos de vínculos de políticos, funcionarios o candidatos con el crimen organizado y mucho menos los que tienen que ver con los señalamientos de excesos presupuestales para la presidencia de la República.
Aun así, el mismo lunes 7 de marzo se informó que por sentencia judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó suspender en todo el país los miles de spots de radio y televisión en los que aparece Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, en los que critica la compra del avión presidencial; esto por presunto posicionamiento personalizado rumbo a las elecciones de 2018 y con base en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El gobierno mexicano está en su derecho de defenderse de acusaciones y de procedimientos que considere que le afectan en su credibilidad e imagen. Aun así, lo más conveniente es que se probara fehacientemente que los dichos son del todo falsos mediante pruebas concretas en ese terreno de las ambigüedades tanto del acusador –caso Rosa Isela Guzmán-, como del gobierno que intenta anular los señalamientos mediante la descalificación.
Lo importante a todo esto es que sí, que en efecto, las autoridades del Poder Judicial y de lo Electoral ocuparan su lugar en el espacio de la verdad y apuntaran hacia quienes pudieron ser beneficiarios –o no– de dinero del narcotráfico para campañas electorales y, por otro lado, si el avión que compró el gobierno mexicano ‘como instrumento de trabajo’ es el que puede comprarse en las actuales circunstancias económicas del país.
Y sí, tiene toda la razón el presidente de México: “Quedará en el juicio de la sociedad determinar si cumplió compromisos que asumió como candidato y como presidente”. Esto, sin duda, será.
Tomado de la Silla Rota: http://lasillarota.com/gobierno-a-la-defensiva/Joel-Hernndez-Santiago#.VuCGkBjiRaU
