OAXACA, OAX., julio 17.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador Gabino Cué Monteagudo por diversas omisiones cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre los hechos ocurridos en mayo del 2011 a los habitantes de las comunidades indígenas mixes de San Juan del Río y Santo Domingo Latani, del municipio de Santiago Choapam, quienes fueron emboscados cuando se dirigían a una elección extraordinaria en la cabecera municipal.

La recomendación 31/2012 emitida por el titular de la CNDH, doctor Raúl Plascencia Villanueva, detalla los hechos, evidencias, situación jurídica, observaciones y la recomendación en donde le pide que gire instrucciones al Procurador General de Justicia del Estado para que realice las investigaciones de los hechos en los que hubo una decena de muertos y cinco lesionados, y resuelva la averiguación previa conforme a derecho.

La recomendación precisa a detalle las omisiones en que incurrió la SSP por no haber previsto la seguridad en una elección extraordinaria.

El Ombudsman nacional recuerda que la emboscada se dio a 1 mil 500 metros de la cabecera municipal de Santiago Choapam y la policía no llegó pronto. En el lugar quedaron incendiadas dos camionetas en las que viajaban las víctimas.

En el caso de la PGJE, hay 18 órdenes de aprehensión pendientes dictadas por el Juez Mixto de primera instancia de Santiago Choapam.

La fracción III del Artículo 11 del reglamento de la Policía Estatal de Oaxaca establece que corresponde al titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) coordinar la ejecución de las órdenes de aprehensión, así como las determinaciones judiciales y acuerdos que dicten las autoridades competentes en materia penal y la legislación aplicable.

“Por ello, para esta Comisión Nacional resultó preocupante que la autoridad señalada como responsable no cumpla con su función de ejecutar las 18 órdenes de aprehensión, ya que esa dilación para aprehender a los probables responsables pone a los familiares de las víctimas en una doble situación de vulnerabilidad, porque además de sufrir las consecuencias del acto delictivo, padecen la omisión de la autoridad para ejecutar la orden referida y llevar a juicio a los presuntos responsables.

“…También para que se tomen las medidas respectivas para que a la brevedad posible se de cumplimiento por la Procuraduría General de Justicia a las órdenes de aprehensión dictadas en la causa penal e informe a la CNDH sobre las acciones realizadas.

“Que se colabore ampliamente con la CNDH en la presentación y trámite de la queja que promueva ante la Secretaría de la Contraloría del estado de Oaxaca, en contra de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública como consecuencia de la omisión en el ejercicio de sus atribuciones, vulneraron los derechos humanos de las víctimas, enviándole las constancias que les sean requeridas”.

Asimismo, “se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDH formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de que en el ámbito de su competencia inicie la Averiguación Previa que en derecho corresponda, por tratarse de servidores públicos, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento, remitiendo a este organismo nacional las constancias que le sean solicitadas”.

El 17 de mayo del 2011, a tres días de ocurridos los hechos en Santiago Choapam, la CNDH inició el expediente de queja 4/2011/4008/Q en el que se dictó acuerdo de atracción con objeto de investigar las violaciones a los derechos humanos y solicitó a la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, la aplicación de medidas cautelares para que se garantizaran los derechos de los habitantes de Santiago Choapam en particular a la vida, seguridad e integridad personal.

La CNDH también conoció el 30 de mayo del 2011 cuando los habitantes solicitaron la intervención del Ombudsman nacional para investigar los hechos ocurridos en esa población, en la que precisaron que cinco de los lesionados no fueron considerados como víctimas dentro de las indagatorias respectivas.

Aún más: el 20 de octubre del 2011 se recibió la comparecencia de varias personas de la población, quienes se quejaron de la actitud omisa de la Procuraduría General de Justicia del Estado para ejecutar las órdenes de aprehensión que se dictaron el 27 de mayo en contra de las responsables y que a la fecha no se han realizado acciones para lograr sus cumplimiento.