La Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac) promoverá amparos individuales contra el incremento al precio de las gasolinas.
El amparo, explicó Román Díaz Vázquez, presidente de Apimac, es para proteger a los ciudadanos del acto de autoridad del gobierno federal a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Economía (SE) por el incremento al precio de los combustibles, el cual entró en vigor a partir del 1 de enero, y la posterior liberalización del mismo, mediante la cual habrá ajustes diarios a partir de marzo.
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“El alza de la gasolina afecta, de entrada, porque antes la mayoría de la gente con trabajo lograba obtener los recursos suficientes para llenar el tanque de gasolina, ahora esto va a repercutir en el incremento en precios y una espiral inflacionaria. Eso afecta a todos los mexicanos, porque el salario mínimo no alcanza”, dijo.
La asociación civil dará asesoría jurídica gratuita a través de los correos electrónicos programadeamparos@yahoo.com.mx y amparoderechos@yahoo.com para que los ciudadanos que deseen iniciar el proceso sepan cómo interponerlos ante jueces federales en cada una de las 32 entidades, sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México o contratar a su propio abogado. A través de la asesoría se estará buscando darle seguimiento a cada uno de los casos, puesto que este procedimiento puede durar hasta un año.
La ley estipula que el juicio de amparo se debe interponer en un periodo máximo de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del llamado gasolinazo, lo cual ocurrió el 1 de enero, y se debe presentar ante el juez de Distrito correspondiente en cada entidad un escrito en el cual se pida la suspensión del incremento de cerca de 20% en los precios de las gasolinas.
Después de que se presente el amparo, el juez debe determinar si lo admite y si otorga la suspensión provisional a los demandantes. En términos prácticos, esto implicaría que si el juez otorga la suspensión del gasolinazo, cada uno de los demandantes debería llevar consigo su resolución y mostrarla al cargar gasolina, explicó el abogado Díaz Vázquez. La organización promoverá que haya algún beneficio económico para las personas que lleven a cabo el procedimiento; si pasan los amparos, se reclamará el pago de daños y perjuicios al gobierno federal.
