OAXACA, OAX, febrero 26- La Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado ha iniciado alrededor de 300 procesos penales contra funcionarios del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, así lo confirmó el titular del órgano contralor, José Ángel Díaz Navarro.

Explicó que en los últimos dos meses, se detectaron graves irregularidades en el manejo de los recursos en los Servicios de Salud, durante la administración de Germán Tenorio Vasconcelos, quien  fue inhabilitado por 100 años, aunque no se ha resarcido el daño patrimonial cuyo monto es incalculable.

De la misma manera, en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, durante  la administración de José Zorrilla de San Martín Diego, se han detectado anomalías, cuyo monto se desconoce y se continúa con la revisión de proyectos, procesos de licitación, facturas y otros documentos contables, por lo que el daño patrimonial podría elevarse.

El Contralor del gobierno estatal, dijo que inicialmente la investigación es por 12 mil millones de pesos ya confirmados, de los cuales, 6 mil millones fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 6 mil millones de pesos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), hasta el 2015.

Precisó que los demás funcionarios estatales no han quedado exentos y hasta el momento se ha confirmado la responsabilidad de directores administrativos y otros, sin embargo, dijo, en la etapa de pruebas serán citados para ofrecer pruebas en su defensa y en caso necesario serán emplazados a resarcir los daños.

Afirmó que en los casos en donde los órganos contralores y auditores, comprueben las irregularidades en las que hayan incurrido, serán consignados a la Fiscalía General del Estado y algunos a la Procuraduría General de la República (PGR).

Precisó que las obras no ejecutadas y pagadas, simulación de pagos, no haber reportado empresas que incumplieron o desaparecieron con anticipos y no haber cumplido con los contratos que impliquen daños al erario público, ameritarán las respectivas denuncias.

Consideró que de los 300 procedimientos iniciados, hay implicados alrededor de 200 funcionarios, porque algunos tienen hasta cuatro denuncias en diversos programas o ejercicios administrativos.

Al advertir que no habrá impunidad por éstos hechos y se castigará a los funcionarios responsables, el funcionario rechazó que se trate de una “cacería de brujas”, más bien aclaró, es un tema de apego a la Ley, ya que se les darán oportunidades y plazos a los involucrados para presentar las pruebas a su favor.