+ Pese a denuncias por delitos electorales y de pretender vender y operar delegaciones de gobierno y administraciones municipales, Alejandro Avilés Álvarez fue designado por los gobiernos federal y estatal priistas para operar el gasto social en Oaxaca
+ El respaldo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa al nuevo Delegado de la Sedesol, a 110 días de su cese por usar el helicóptero del gobierno para que su hijo vacacionara y a 39 días de que inicie el proceso electoral del 2018, institucionaliza el abuso del poder y la corrupción
OAXACA, OAX., agosto 6.- Impune pese a los abusos de autoridad y denuncias por delitos electorales, arropado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, Alejandro Avilés Álvarez organizó un acto faraónico para asumir la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desde la cual pretende operar electoralmente los recursos sociales para Oaxaca.
Para ello, su hermano Carlos Avilés ha instalado una oficina que empezó a operar una semana antes de su ascenso a la oficina federal, de la que se ubica a tan sólo unos metros de distancia.
Por eso es que a la ceremonia, convertida en mitin político, acudieron operadores políticos y económicos, a quienes no importó militancia partidista, cargo, representación popular o antecedentes, muchos menos que fueran horas hábiles para funcionarios.
Sin mayor justificación que la intención política, al acto celebrado el martes primero de agosto –a 39 días de que inicie el proceso electoral que culminará con la elección federal del 2018–, acudieron entre otras personas la dos veces diputada local y una vez federal por la vía plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN), Eufrosina Cruz Mendoza, cuyo esposo ha sido acusado de beneficiarse con obras públicas. Ella es también la representante de la precandidata a la presidencia de la República por una tribu de Acción Nacional: Margarita Zavala de Calderón.
También estuvo el presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Emanuel Alejandro López Jarquín, extraído del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo gestor de obras es el diputado Toribio López Sánchez. Jarquín fue titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, cuando Alejandro Avilés fue coordinador de diputados del PRI y dirigente estatal del mismo partido.
El mismo presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, acudió al evento en apoyo a Avilés.
Asimismo, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera y su tío, el empresario Ericel Gómez Nucamendi, propietario del periódico Noticias, el preferido por Avilés para publicitarse.
Ambos fueron compañeros en la pasada Legislatura, aquel por el Movimiento Ciudadano, del que fue senador suplente de Gabino Cué Monteagudo. También el empresario tiene nexos con la empresa Integra, que dirige Manuel Esparza, quien era su empleado en el Congreso local. Dicha intermediaria de recursos estatales, federales e internacionales presume la asesoría de más de 50 autoridades municipales en el estado y uno de los directivos es el ex administrador municipal de San Antonio de la Cal, Noe Lagunas Rivera, también sobrino de Gómez Nucamendi.
Asimismo estuvieron otros ex diputados que también fueron compañeros de bancada de Alejandro Avilés. Se trata de los presidentes municipales de San Pedro Mixtepec y Cosolapa, Fredy Gil Pineda Gopar y Gustavo Díaz Sánchez, alias “El Gato”, éste último acusado de tener relación con miembros de la delincuencia organizada. No se les separaba el edil de Santos Reyes Nopala, Bulmaro Sánchez, seguidor de Fredy Gil, quien ya gobernó ese ayuntamiento.
Además, hizo acto de presencia en el templete el munícipe de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, cuya esposa, Leticia Cruz, trabajó como tesorera del administrador municipal durante 2014 y 2015 en San Dionisio del Mar: Jorge Bustamante García. Este funcionario fue uno de los administradores impuestos por Avilés desde el Congreso.
Otro ex colaborador que llegó al evento fue el actual delegado de la Secretaría de Economía, Adolfo Toledo Infanzón, a quien Avilés nombró el 14 de noviembre de 2015 como presidente de la Mesa Directiva de la 62 Legislatura, para el último año legislativo.
Entre los funcionarios federales presentes estaba también el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Lazcano, quien había sido nombrado desde el inicio de la administración como jefe de la Oficina Gubernamental, cargo en el que estuvo hasta el 26 de abril.
Asimismo, participó de manera protagonista el senador Jorge Toledo Luis. Dicho escaño es detentado ahora por el nuevo delegado de Sedesol, según funcionarios que bromeaban en la ceremonia. Dicho cargo legislativo perteneció del 2000 al 2016 al hoy subsecretario de Desarrollo Social Eviel Pérez Magaña. Tanto Avilés como Eviel fueron operadores del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, de quien tuvieron que renegar para ser afines al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, hijo de su ex rival político, José Nelson Murat Casab.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ACTO POLÍTICO Y EN HORARIO DE TRABAJO
Entre los subidos al templete figuraban los funcionarios del gabinete de Alejandro Murat, incluyendo al mismo titular de la Sedesoh, Raúl Bolaños Cacho Cué, quien dijo que “Oaxaca está de fiesta porque se reincorpora al servicio público una persona de reconocida experiencia, de probada inteligencia y audacia y por qué no decirlo, de entrañable amistad”.
Fue uno de los elogios manifestados en el acto, aparte de los pronunciados por el Oficial Mayor de la Sedesol, Alejandro Nieto, quien vino en representación del secretario Luis Miranda. El enviado fue cuestionado por reporteros, debido al nombramiento del nuevo delegado, por su mal desempeño político. “No tengo ningún impedimento legal para hacer este nombramiento”, repetía el entrevistado.
Ahí estuvieron flanqueando a Avilés el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, a quien le dejó el cargo tras su cese. En entrevista, el hoy titular de la Segego dio su raspón involuntario al ungido. “Hoy hay menos protestas que antes”, presumía.
Asimismo, estaban aplaudiendo al nuevo funcionario la secretaria de la mujer del gobierno estatal, Miriam Liborio; el responsable de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Eduardo Rojas Zavaleta; el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas; el titular de Coplade, Ángel Meixueiro; el secretario de Vialidad y Transporte, Francisco García López; el secretario de las Infraestructuras, Fabián Herrera; el secretario del Medio Ambiente, José Luis Calvo Ziga; el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos; el secretario de Economía, Jesús Rodríguez Socorro; el secretario de Seguridad Pública, Raymundo Tuñón Jauregui, y hasta el secretario del gobernador, Adolfo Maldonado.
Cuestionado sobre la presencia de sus funcionarios, en horario de trabajo en un acto político, el gobernador Alejandro Murat afirmó que serán los propios servidores públicos quienes deban dar la explicación de estar ausentes de sus oficinas.
De acuerdo con el Artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Oaxaca, a la Secretaría de Administración le corresponde el despacho de “normar y controlar la administración del capital humano, recursos materiales, tecnológicos y servicios de apoyo de la Administración Pública Estatal”, así como “normar, aplicar y administrar lo referente a sueldos y salarios de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo”.
Ademas, conforme a los “principios que rigen el servicio público, obligaciones en el servicio público y sujetos de responsabilidad administrativa” de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos de Oaxaca, en su artículo 55 marca que todo servidor público tendrá la obligación de asistir puntualmente a sus labores.
El Artículo 57 señala que “las sanciones por responsabilidad administrativa se fincarán, en primer término, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que la originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos”.
Las sanciones van desde amonestación privada o pública, hecha en resolución sobre las consecuencias de la infracción cometida, excitando a la enmienda y previniendo la imposición de una sanción mayor en caso de incurrir en nueva infracción; la suspensión del ejercicio del empleo, cargo o comisión conferidos y a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo que dure la misma… La suspensión en ningún caso podrá ser menor de tres días ni mayor de seis meses. La suspensión no surtirá perjuicio en las prestaciones que el sancionado tuviere en el sistema de seguridad social”.
Y puntualiza:
“Las sanciones económicas o pagos en dinero que se determinen conforme a las disposiciones de esta ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose para su cobro, al procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado”.
Hasta el viernes, último día laborable para el gobierno, las sanciones no habían sido hechas públicas, pese al criterio del gobernador.
INICIA REPARTO DE DINERO; DETENTA $63 MILLONES
Dos días después de entrar en funciones, el Delegado de Sedesol acudió el jueves a San Pablo Huitzo, donde entregó de propia mano el pago del Cuarto Bimestre del Programa Pensión para Adultos Mayores, el cual beneficia a 270 mil 570 personas de la tercera edad. El total de beneficiarios fue de 604 beneficiarios, por lo que sólo hizo algunas entregas simbólicas.
En el auditorio municipal, Avilés Álvarez afirmó que se hará un gran equipo entre los gobiernos federal, estatal y municipal, con el respaldo de la sociedad, para que los programas lleguen con más efectividad a quien verdaderamente lo necesita.
De acuerdo con el Calendario de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20017, correspondiente al Ramo 20, Desarrollo Social, la Delegación de la Sedesol manejará este año un total de 111 millones 636 mil 926 pesos, de los cuales 95 millones 180 mil 168 pesos son de subsidio; es decir, que se puede manejar al criterio de Avilés Álvarez.
También manejará una oficina que tiene un gasto corriente de 14 millones 840 mil 263 y un gasto de operación de un millón 616 mil 495 pesos, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
Los rubros de gasto social se hacen a través de cinco acciones. La primera de ellas, atención de la población urbana y rural en pobreza, a través del Programa 3 por 1 para Migrantes, con un monto de $2 millones 852 mil 649 pesos.
También apoyos a la salud y a la educación de las familias en pobreza, a través de la promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y cohesión social, que maneja $16 millones 456 mil 758.
Asimismo, apoyos a adultos mayores en pobreza, en el programa Pensión para Adultos Mayores, que tiene un techo de 922 mil 958 pesos.
Igualmente, está el apoyo a las madres trabajadoras en cuidado de sus hijos, del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadores, que tiene un presupuesto de 82 millones 263 mil 248 pesos.
Finalmente se encuentra el apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza, que se maneja a través de dos programas, el de atención a jornaleros agrícolas y el de empleo temporal (PET). El primero maneja 2 millones 170 mil 130 pesos y el último $6 millones 971 mil 192.
Hasta el mes de junio, Martín Vásquez Villanueva deberá justificar el ejercicio de 47 millones 824 mil 117 pesos, por lo que a Alejandro Avilés le corresponde la aplicación de 63 millones 812 mil 809 pesos.
LA OFICINA ALTERNA
Acostumbrado a los “moches” y a la operación política en favor del PRI, Avilés Álvarez inició el montaje de una oficina en Santa Lucía del Camino, que opera su hermano Carlos, quien ha contratado a operadores políticos que provienen de la Secretaría General de Gobierno.
Entre los operadores del equipo resalta Edmundo Antonio Hernández Gavilán, ex coordinador de la Comisión Permanente para la Atención de Desastres Naturales (Copeaden) y ex coordinador general regional de la Secretaría de Gobierno en tiempos de Gabino Cué Monteagudo.
Hernández Gavilán también fue integrante de la desaparecida Comisión Tripartita para la Regularización de Servicios Educativos, en tiempos del liderazgo de Rubén Núñez Ginez, en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Estando en esa función de enlace con el magisterio, el 4 de abril del 2013 suscribió un documento dirigido a José Carlos Cervantes Azcona, director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para presentar una relación de dos mil trabajadores de la Sección 59 para la suspensión de sueldos, a partir de la primera quincena de abril. Esta acción originó las movilizaciones del gremio afectado.
El 2 de diciembre del 2014, representantes de las agencias municipales de Santiago Camotlán y de la cabecera municipal denunciaron que dicho funcionario, siendo coordinador regional de la costa de la Segego, recomendó a su constructora para que realizara un camino en ese municipio, aprovechando la intervención de la oficina gubernamental en un conflicto electoral.
El mismo funcionario del estado demandó al mismo gobierno, al exigir un pago de indemnización y prestaciones económicas, en contra del Colegio de Bachilleres, en el laudo 05/07/2013 y concluido en beneficio propio demandante en el convenio 23/09/2016, cuando aún seguía siendo servidor público en la Segego.
En el 2013, Hernández Gavilán fungía como coordinador general de la Segego.
Edmundo Antonio demandó al Cobao, donde trabajaba su esposa Oralia Arreola Correa, quien en noviembre del 2009 fue cesada como directora administrativa de la dirección general, por instrucciones de la Secretaría de la Función Pública. La señora había laborado en esa institución, a pesar de que se encontraba inhabilitada por la dependencia federal desde el 2004.
En 2012, como representante legal de Taller Industrial Comunitario Ñuu Savi S.C. de R.L., Hernández Gavilán demandó a la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, derivada de una licitación pública internacional, relativa a la “adquisición de instrumentos musicales para bandas de aliento”.
La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió en el expediente 004/2012 sobreseer la inconformidad del funcionario, que en ese entonces atendía desastres naturales para la Segego, bajo el mando de Jesús Martínez Álvarez.
La oficina de Hernández Gavilán inició la semana pasada la convocatoria a las asociaciones civiles, organizaciones sociales y de productores, para intermediar los recursos sociales, a través de Carlos Avilés, a quien apodan “El Charli”.
ABUSO, TRAICION E IMPUNIDAD COMO SELLO PERSONAL
Alejandro Avilés Álvarez afirma ser originario de Cosolapa, a pesar de que muchos lo señalan de ser de Tezonapa, Veracruz, aunque ambas comunidades sólo las divide una calle y hasta comparten un mercado público.
Su aparición en la vida pública fue durante el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano, cuando fue empleado de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, que manejaba Jorge Bustamante García.
En el gobierno de José Murat, Avilés fue empleado personal de Ulises Ruiz Ortiz, quien fue senador y dirigente del PRI.
Ya en el mandato estatal de Ulises Ruiz, el político fue impuesto como diputado local de la 59 Legislatura, al ser colocado en la lista plurinominal, luego de que perdiera en 2012 la elección en el distrito electoral federal 02 de Teotitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca.
El 10 de abril del 2006, como dirigente estatal del PRI y sin dejar su curul, Alejandro Avilés Álvarez fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por la presunta venta de candidaturas que van desde el millón hasta los tres millones de pesos.
Según la denuncia de militantes y simpatizantes, los cobros los hizo desde la etapa de selección de candidatos, aunque pedía dinero “a lo largo de su carrera política y que por sus acciones pocos se atreven a denunciar”.
“Avilés Álvarez es muy hábil para mentir y sucio para hacer este tipo de trabajos, que con el manejo de recursos se ha rodeado de gente que lo solapa, pero confiamos en que aún podemos tener respuestas de las instancias como la Fepade para hacer que éste político ya no siga haciendo daño a nuestro partido y deteriorando nuestra imagen como instituto político”, puntualizaba la querella que fue retornada por la revista Proceso.
El 3 de enero 2015, los dirigentes estatales del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y hasta del Partido Unidad Popular (PUP), se unificaron para exigir la remoción de Avilés Álvarez como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local.
Lo acusaron de haber sobornado a sus diputados y de pretender desaparecer poderes “por la mala” en al menos cuatro municipios gobernados por la oposición, entre ellos Animas Trujano y San José Cosalapa, lo que ya había generado una crisis de ingobernabilidad política y social.
Además, lo señalaron de designar sin consenso de los grupos parlamentarios a dos priistas al frente de la Tesorería y de la Oficialía Mayor del Poder Legislativo.
También lo acusaron de obstaculizar la convocatoria que tienen que hacer el pleno de la Cámara de Diputados para celebrar elecciones en al menos unos 30 municipios donde hay nombrados administradores municipales y falta elegir autoridades electas democráticamente.
Juan Mendoza Reyes, dirigente estatal del PAN, y Rey Morales Sánchez, entonces líder estatal del PRD y hoy militante de Morena, advirtieron del regreso del autoritarismo priista, por lo que anunciaron una coalición legislativa de sus fuerzas.
Tras la derrota del PRI ante Gabino Cué Monteagudo, volvió a ser legislador local y primer presidente de la Junta de Coordinación Política, una nueva figura que sustituyó junto con la Mesa Directiva a la Gran Comisión que mantenían los congresos priistas.
Acostumbrado a traicionar a sus amigos, en diciembre del 2015, el entonces coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso afirmaba que no traicionó al ex gobernador Ulises Ruiz por apoyar las aspiraciones de Alejandro Murat como candidato a la gubernatura de Oaxaca.
“Ulises es mi amigo y todos los ex gobernadores tiene que sumarse a un proyecto”, decía, aunque Ruiz Ortiz y José Murat, eran enemigos declarados.
Luego de inclinarse por Alejandro Murat en la sesión del Consejo Político Estatal del PRI, que definió los métodos y procedimientos para la elección de los candidatos a gobernador, diputados y presidente municipales, Avilés también operó en el Congreso la eliminación del requisito de residencia de cinco a tres años, para favorecer al hoy gobernador.
El pago a los favores hechos fue su nombramiento como Secretario General de Gobierno, a partir del primero de diciembre de 2016.
LOS ABUSOS DEL PODER
El talón de Aquiles de Alejandro Avilés ha sido hijo Junior.
El 2 de enero 2016, siendo el papa diputado local, el hijo convirtió en vírales en redes las fotos donde celebraba el inicio del año en el hotel Aria Resort Casino de Las Vegas, Nevada.
Avilés Jr. sostenía una botella de champán en un hotel, donde una habitación res cotiza entre los 5 y 6 mil pesos diarios.
Ya previamente el junior había difundido imágenes con autos de lujo junto al padre, tratando de evidenciar posición social del mismo político.
Otro bochorno le causó Avilés Jr. a su papá en el límite de la presentación de la declaración 3de3, el 28 de febrero de este año, cuando en lugar de hacerse pública la declaración de bienes muebles e inmuebles del funcionario, el joven apareció inaugurando una cafetería en la Colonia Reforma, presumiendo ser nuevo empresario.
Asimismo, ha subido a sus perfiles imágenes de sus viajes al extranjero y tras la polémica retaba “demuéstrenme que mis viajes son con su dinero (de Alejandro Avilés)”.
Pero el hasta ahora más trascendente abuso del Junior fue en plena Semana Santa, cuando hizo uso de un helicóptero propiedad del Gobierno del Estado, para transportarse a Puerto Escondido junto con su hermana María Josefina Avilés, Dora Hinostrosa, José Ángel Cortés y Laura García.
Esto motivó que el flamante Secretario General de Gobierno presentara su renuncia el 13 de abril.
La dimisión fue dada a conocer por Alfonso Martínez Córdova, vocero del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, quien sostuvo que Avilés había ofrecido una disculpa pública por el uso del helicóptero tipo Augusta Aw109 Power, con matrícula XC-HUX, para fines personales.
Asimismo, el vocero confirmó la renuncia del coordinador de Transportes Aéreos del Hangar Oficial de Gobierno, José Álvarez Romo de Vivar.
Como encargada de la Secretaría General de Gobierno fue nombrada la priista Carmelita Ricárdez Vela, una incondicional del funcionaria saliente.
Cuatro horas después del cese de Avilés, las oficinas del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca fueron incendiadas, la madrugada del 14 de abril, en lo que fue considerado como un “distractor” para la opinión pública.
El fuego, originado por gasolina vertida por debajo de los acceso a las instalaciones, ubicadas en la calle Santos Degollado esquina con Rayón, fue controlado por los bomberos.
El 17 de abril, el gobernador Murat Hinojosa anunció que la Contraloría estatal investigaría el caso de su cesado responsable de la política interna, por el uso incorrecto de un helicóptero oficial para fines personales.
Reconoció que tomó la decisión correcta al aceptar la renuncia de su secretario, “quien ahora tendrá que explicar ante la Contraloría su proceder” (sic).
Pero al cabo de 110 días le permitió el regreso, creyendo que fue suficiente tiempo para que la gente olvidará los agravios de Avilés.
LOS MOCHES
El 7 de marzo de este año, la organización Ojo Ciudadano por la Democracia A.C. alertó sobre algunos de los precandidatos de Alejandro Avilés en el pasado proceso electoral con expedientes penales, violencia social e intrafamiliar y el desfalco de recursos públicos municipales.
Entre ellos estaba el entonces precandidato del PRI a la presidencia municipal de San Pedro Tapanatepec, Gustavo Argyll González, acusado de tener nexos con el crimen organizado y que de acuerdo con la investigación PGR/SEIDO/UDMS/14/2015, es promotor de peleas de gallos donde se lava dinero para grupos delictivos de Chiapas y Veracruz.
“También se encuentra el precandidato a diputado local por el distrito de Matías y presidente municipal con licencia de Santo Domingo Zanatepec, Romero Ricardo Hernández, quien tienen una orden de aprehensión pendiente de librarse en su contra por violencia intrafamiliar.”
El 30 de marzo, el Comité Estatal Urbano Campesino de Oaxaca (CEUCO) acusó al entonces Secretario General de Gobierno de haber convertido esa oficina en una agencia de colocaciones para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El dirigente Julio César Audelo Sánchez señaló en un comunicado que “en Oaxaca existe una crisis de gobernabilidad y es la Segego la que no ha podido resolver los conflictos postelectorales, agrarios, comunitarios y de justicia que aquejan a los oaxaqueños, por lo que exigió el cese del funcionario”.
Pero Avilés sigue ahí, ahora con la cartera abierta, para comprar lo que sea, incluidos votos y conciencias, sin que Murat Hinojosa diga ni haga nada.
