+ La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la LXIII Legislatura del Estado indica que el “juicio político” será aplicable a todos los funcionarios de la pasada administración gubernamental
SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, agosto 10.- A pesar del desafuero aprobado este miércoles por la LXIII Legislatura del Estado, el procedimiento de juicio político en contra del ex gobernador aliancista Gabino Cué Monteagudo “seguirá su curso hasta sus últimas consecuencias”, amenazó la diputada coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de las Nieves García Fernández.
Dijo también que “el juicio político será aplicable a todos los funcionarios de la pasada administración gubernamental en contra de quienes la sociedad oaxaqueña señale y avale el propio Congreso del Estado”.
La Ley del desafuero, que entraría en vigor este mismo jueves tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado, de ninguna manera podrá ser retroactivo y, por lo consiguiente, descartó que vaya a beneficiar al ex gobernador Cué Monteagudo y a los funcionarios de su administración.
Explicó que “el caso de Gabino Cué ya se encuentra en manos de la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado, donde el procedimiento continúa su curso para determinar su grado de responsabilidad y con ello su posible inhabilitación y probable consignación a la Fiscalía General del Estado”.
La diputada García Fernández reconoció que algunos medios de comunicación le dieron una mala interpretación a la aprobación del desafuero y a la posible desaparición del procedimiento de “juicio político”, al no ser necesaria su vigencia.
Indicó que la confusión se presentó por el caso de Gabino Cué, ante la presunción de que, al aprobarse el desafuero, en automático quedaría sin vigencia el juicio político y se beneficiaría al ex gobernador del estado y a sus funcionarios señalados de daños a la nación y patrimonial al erario público.
La Legisladora priista explicó que el juicio político es eminentemente administrativo y sus sentencias de inhabilitación son sólo sanciones administrativas, más que políticas por sus implicaciones, en tanto que al quitar el fuero a los funcionarios, magistrados y diputados, se les puede sancionar económica y hasta penalmente y meterlos a la cárcel, sin necesidad de juicio político.
