El sábado 17 de noviembre se inició formalmente el proceso electoral 2012-2013; el primero después de la alternancia en el gobierno del estado; con la mayor pluralidad política en la historia el Congreso local así como en los ayuntamientos oaxaqueños.

Es el primero también que conduce el Consejo General renovado el año pasado. Y se habrá de jugar con nuevas y más acabadas reglas, tras la reforma electoral del pasado mes de agosto.

En la jornada del 7 de julio de 2013, llegará a su momento culmen con la participación de millones de oaxaqueños y oaxaqueñas.

Sin embargo, ni en la jornada ni en todo el proceso electoral, se agota el ejercicio democrático. Hay un sinnúmero de acciones que la anteceden y otras tantas que la trascienden.

No hay que perder de vista que en el caso mexicano y el oaxaqueño, lo electoral es algo más que las elecciones.

En el ámbito nacional al desarrollarse modificó otros ámbitos de la vida nacional: el debate de la cosa pública, el funcionamiento de las instituciones, el surgimiento del pluripartidismo y la emergencia de organizaciones políticas, la generación de una cultura política y de la participación ciudadana.

En el estatal, además, ha sido una vía efectiva para luchar contra el autoritarismo, mostrar la pluralidad de proyectos políticos, hacer escuchar la voz de los sectores más marginados; dar representación política a la población indígena; y hacer efectiva la autonomía política municipal.

Pero tampoco olvidemos que, como señala Fernando Savater en el prólogo de la obra de Maurice Joly, Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu: “el instrumental político de la democracia es tan apto como cualquier otro para vehicular el despotismo y mejor que todos para legitimarlo”.

Los procesos electorales durante mucho tiempo sirvieron para legalizar y legitimar regímenes autoritarios. Ahora, que se ha avanzado a un pluralismo político, éste no debe convertirse en el reparto de cuotas de poder, de canonjías y prebendas entre grupúsculos alejados de todo compromiso con la sociedad.

Por eso, en México, el empuje de los partidos políticos, la academia, la sociedad civil, el movimiento indígena y la movilización social, han construido un andamiaje jurídico e institucional que permite la organización de los procesos electorales regido por cinco principios básicos: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad
y objetividad.

Y se ha creado un órgano electoral, que debe tener como premisa fundamental su ciudadanización: en Oaxaca corresponde tan alto honor y gran responsabilidad a quienes integramos el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

Es por eso que, en esta época de crisis por la que atraviesa la democracia representativa y de desconfianza generalizada hacia los partidos políticos, la mejor garantía que tienen de la equidad en la contienda, la legitimidad de sus triunfos y de una amplia participación ciudadana, es contar con una institución electoral sólida.

Ese es uno de nuestros retos, porque no escapa el descrédito que a pulso se ganara el órgano electoral en el pasado reciente, con su actuación facciosa y sometida a los designios de los gobernantes en turno.

Como tampoco escapa la persistencia de una tentación autoritaria con la que partidos, actores políticos y agentes gubernamentales, quieren sustituir el control del gobierno por la manipulación de los partidos.

Una mala apuesta, pues sólo un Instituto Electoral ciudadanizado, con autonomía real, profesionalismo y solidez ética, dará confiabilidad y certeza en los resultados y permitirá encausar por la vía institucional las diferencias naturales que se presentan en los procesos electorales.

La equidad de una elección la permite, entre otras cosas, que el instituto encargado de organizar y velar por el cumplimiento de las reglas en la competencia electoral, esté alejado de los vaivenes de la política partidista y de las coyunturas políticas.

Confiamos en que partidos y actores políticos, tendrán la madurez e inteligencia necesaria para entender esta premisa democrática y la nueva situación en que vive Oaxaca.

No menos importante es el reto que representa la conflictividad en los comicios por sistemas normativos internos.

Sin eludir la responsabilidad que nos corresponde, debe quedar en claro que en estos casos también las diferencias se presentan al interior de los municipios.

Y el órgano electoral, debe ser un agente mediador para coadyuvar a resolverlos, pero no debe ser, como lo fue en el pasado, un factor más de conflicto.

Una visión amplia, guiada por un diálogo intercultural, que armonice derechos y entienda la complejidad de esos sistemas de organización, son factores clave para empujar los procesos de autorreflexión comunitaria; y el diálogo y una mediación basada en los estándares internacionales, coadyuvarán sin duda a resolver diferencias al tiempo que garantizar la libre determinación de los pueblos.

Como puede verse, la responsabilidad de los procesos electorales es una responsabilidad compartida.

Y no debemos perder de vista a quienes se deben y es la razón por la que participan todos los actores en este proceso: la sociedad oaxaqueña, su ciudadanía.

Se requiere entonces una participación activa de la sociedad civil, vigilante de los partidos y con un acompañamiento crítico al árbitro electoral.

Oaxaca vive pues una oportunidad democrática que no debemos dejar pasar. Pero, no puede haber consolidación de la democracia sin verdaderos demócratas.

Y, parafraseando al Rey Juan Carlos de España: La calidad de la democracia no depende sólo ni principalmente de sus órganos o instrumentos electorales.

La calidad de la democracia es directamente proporcional a la calidad de los partidos y de los políticos.

La pregunta entonces es: ¿Estarán los partidos, los candidatos y los actores políticos a la altura de este reto? ¿Lo estaremos las y los integrantes del órgano electoral?

La respuesta a estas interrogantes las empezaremos a conocer a partir de ahora. Confiemos en que será por el bien de la democracia y por el bien de Oaxaca.

*Palabras pronunciadas en la instalación de los trabajos para el proceso electoral ordinario 2012-2013