CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Sufragio efectivo, no reelección, fue la consigna con que inició la caída de Porfirio Díaz. Su negativa a abandonar el poder, “su incapacidad para heredar el régimen que había construido” sumió a México en una llamada revolución. La que, de acuerdo a las aportaciones de Macario Schettino, fue más involución (Cien años de confusión. México en el siglo XX).

En la entrevista concedida a James Creelman, Díaz se metió en problemas y abrió la puerta a la rebelión. Aunque don Porfirio declaró que la democracia “es posible sólo en pueblos altamente desarrollados”, más adelante dijo que el día esperado por él, para que el pueblo estuviera preparado para elegir y cambiar su gobierno, había llegado. Y llegó “la bola” con la no reelección.

Democracia y cultura política

Si la democracia requiere desarrollo de cultura política, ¿qué destino puede tener Oaxaca sin ese desarrollo? Estas asimetrías del desarrollo nacional nos ponen en problemas, al legislar haciendo tabula rasa de las condiciones de todas las regiones del país, sin considerar dichas diferencias.

De pronto la partidocracia mexicana consideró que era hora de estar en sintonía con las democracias avanzadas de otros países e incluir en nuestra vida política la reelección inmediata de diputados, senadores, legisladores locales, alcaldes y regidores. Anteriormente éstos podían reelegirse pasando un periodo de gestión, ahora es consecutiva. Sólo falta la de gobernador y presidente de la república.

En algunos estados los ediles pueden reelegirse por cuatro periodos (12 años); en Oaxaca sólo en dos periodos (6 años), al menos se tuvo la decencia de no ampliarlo tanto, ello por las características desfavorables de la entidad para entrar en este proceso que en “democracias altamente desarrolladas” es algo normal y benéfico. Sobre todo, porque obliga al político profesional a trabajar por los intereses de sus representados, de lo contrario no obtiene el apoyo para la siguiente elección. En Estados Unidos se quedaría en el proceso interno del partido, que designaría a un mejor prospecto para el triunfo.

Partidocracia designa a cualquiera

Allá el político depende de su buen trabajo, diferente a México y Oaxaca donde la suerte del mismo está en su partido político que designa al candidato que le da la gana. Aquí el legislador o presidente municipal, aunque haya sido un inepto o un gran corrupto, será candidato si obedeció a los jefes de su partido, si salpicó para arriba. El buen trabajo para la población no cuenta.

El peligro, que comentábamos, de traer prácticas avanzadas a estas tierras de democracia escasamente desarrollada, es que aquí se usan para empeorar y hasta querer construir cacicazgos. No otra cosa es lo que vemos hoy con ediles de funesta administración que tienen las arcas municipales para comprar su reelección, dinero público tanto para que su dirigencia partidista lo designe como para corromper a los votantes de su municipalidad. Cada vez es más público el derroche que hacen para comprar votos de 500, mil o dos mil pesos o más.

Raúl Cruz y “Lobo”, malos ejemplos

Los kakistócratas municipales de Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán, Raúl Cruz y Héctor Santiago, “El Lobo” están por regresar, no lo que se llevaron sino por más. El primero, a pesar de su escandaloso desprestigio, de historias de corrupción, de librar con impunidad un proceso judicial y hasta líos de faldas, acaba de inscribirse para buscar su reelección por su partido el PRI en Santa Lucía. Éste va por la reelección inmediata.

La reelección que busca “El Lobo”, no es menos escandalosa, después de un receso. Cuestionado con datos duros del mal manejo del erario de Xoxo, no obstante su evidente enriquecimiento, con negocios y empresas apenas abandonó la presidencia, ha lanzado su nueva candidatura, ante el estupor e indignación de la ciudadanía.

Estamos, pues, ante otra degeneración de la “democracia” oaxaqueña, tierra de aplaudidos atávicos usos y costumbres, donde los elementos de modernidad política se convierten en arma de quienes hallaron la manera de delinquir “legalmente”, con el uso de los recursos públicos y el manejo del poder.

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