En el 2018 se han destinado seis mil 746 millones de pesos a los partidos políticos, sólo en el ámbito federal. En cada entidad federativa, además, se les asigna también prerrogativas que suman cinco mil 500 millones. En Oaxaca, por ejemplo, en conjunto recibirán 199 millones 330 mil pesos. En total los partidos disponen de más de doce mil millones de pesos en este año electoral. A ello habría que sumar que pueden obtener hasta el 2% de esa cantidad como aportación de sus militantes.

Adicional, partidos políticos y candidatos se autopromocionan en 22 millones 959 mil 180 spots en radio y televisión, en los tiempos oficiales.

El importante conjunto de recursos públicos tiene su explicación en que, dejar sólo al financiamiento privado las campañas políticas, daría pie a la injerencia de intereses particulares, oscuros, en la definición de quienes nos gobiernen. Un ejemplo lo constituye el sistema estadounidense en donde privan las aportaciones privadas. Ante los hechos de violencia que han conmocionado a la sociedad norteamericana, dada la facilidad con la que se adquieren armas de fuego, son vanos los esfuerzos de quienes piden una regulación estricta. Muchos congresistas lo son gracias al financiamiento de Asociación Nacional del Rifle, por lo cual no pueden ir contra sus intereses.

Sin embargo, en México el financiamiento público ha tomado niveles exorbitantes. La reforma electoral federal de 2014, que tenía el objetivo de reducir el gasto en los comicios, arrojó resultados en sentido contrario, pues los partidos, hábilmente, estandarizaron la fórmula para la asignación de las prerrogativas del ámbito federal, al de las entidades del país, lo que arrojó un incremento de alrededor del 50 por ciento.

A esta situación, de sí cuestionable, se suma su renuencia a rendir cuentas. Como ha señalado el Movimiento Nacional Nosotrxs, los partidos políticos incumplen con sus obligaciones de transparentar el origen y destino de sus recursos. De acuerdo con estudios realizados por Nosotrxs, ninguno de los partidos cumple con las 30 obligaciones que les impone el Artículo 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública… y eso que la Constitución les define como entidades de interés público y como sujetos obligados.

No es todo. Por cada peso que un candidato declara y la autoridad electoral fiscaliza, hay 15 pesos más que se mueven en la oscuridad, de acuerdo al estudio “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, coordinado por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde.

De acuerdo con este estudio hay tres mecanismos ilegales de fondeo de campañas: desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado. Y la lógica con la que se hace es como todo inversionista, quien arriesga su dinero lo hace por la expectativa de un rendimiento futuro, por eso constituyente la simiente de la posterior corrupción en el trabajo gubernamental o legislativo. El gobernante o servidor público lo hace para apoyar al candidato de su partido o en ocasiones de otros partidos para garantizar “inmunidad” o para construir redes de apoyo político. El empresario lo hace para obtener acceso al nuevo gobierno en la forma de contratos, permisos o regulación favorable. Y el crimen organizado lo hace para proteger su negocio.

Las y los candidatos, son igualmente opacos. En la actual contienda electoral, en Oaxaca, sólo siete han presentado su declaración Tres de tres, de un total de seis fórmulas al Senado de la República, 30 candidaturas a diputaciones federales; al menos 75 a diputaciones locales; e integrantes de cientos de planillas a gobiernos municipales. Únicamente la y el candidato al Senado del PRI; el candidato al Senado de Morena; tres candidatos a diputaciones del PRI; y uno del PT, lo han hecho.

Lo menos que podemos exigir, es que, si aspiran a gobernar o a una curul en el Congreso, empiecen por transparentar su actuación. No pueden iniciar violando la ley y eludiendo el compromiso de rendir cuentas, quienes hacen campaña con recursos públicos y nos piden depositemos nuestra confianza en ellos. Predicar con el ejemplo, es la mínima de congruencia que se debe exigir a partidos políticos y candidatos. Pasar de las promesas y la retórica fácil, a la muestra de que no sólo están dispuestos a gobernar con el ejemplo, sino que practican lo que critican que sus adversarios no hacen: una actuación transparente y que rinden cuentas a la ciudadanía.

La exigencia no puede ser menor. La transparencia y la rendición de cuentas, deben ser valores ineludibles en el quehacer público y el principio de cualquier aspiración democrática.

Correo: victor.leonel@nosotrxs.org

Twitter: @victorleonljuan