+ El legislador Mauro Cruz Sánchez presenta iniciativa de reforma constitucional para no limitar a un año, sino a cinco o más, la revisión de la hacienda pública y de los municipios

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, febrero 11 del 2020.- El legislador estatal Mauro Cruz Sánchez, del partido Morena, propuso una reforma constitucional que otorgue al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) facultades expresas para poder revisar cinco años a partir del último ejercicio cuando se entrega la Cuenta Pública y –en situaciones excepcionales– sin plazo límite para proteger la Hacienda Pública del estado y de los municipios.

El Diputado de mayoría por el octavo distrito local con sede en Tlaxiaco, refirió que, siendo la rendición de cuentas, revisión y fiscalización, los pilares fundamentales del combate a la corrupción, tanto a nivel federal como a nivel local, fue necesaria la creación del OSFEO. Sin embargo, su función debe ser fortalecida para que no tenga las limitaciones actuales porque el primer párrafo del artículo 65 BIS de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, expresamente limita su acción fiscalizadora a solo un año.

Recordó que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción derivó en la modificación de diversos ordenamientos de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, Constituciones locales, leyes secundarias y reglamentarias, así como en la creación de otras leyes generales. En este tenor, dicho sistema fue creado con la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el diario oficial de la federación el 27 de mayo del año 2015.

A partir de esta reforma y para armonizar la legislación local con la federal, se emitió el Decreto número 1263, aprobado el 30 de junio del año 2015, mediante el cual, se reformó el Artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y con el mismo, se implementó en la entidad, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, como la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Con este antecedente, se creó la normatividad reglamentaria del sistema estatal mediante la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, modificando, el 30 de agosto de 2017, el artículo 65 BIS de la Constitución local. Esto en razón de que resultaba necesario ampliar y modificar las funciones y atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización local.

Dicha modificación requiere ser actualizada, explicó Cruz Sánchez, en virtud de que dicho instrumento sigue teniendo una limitante en cuanto al tiempo en que puede revisar y fiscalizar a los entes públicos del Estado y de sus Municipios que son sujetos de fiscalización por este órgano, ya que actualmente el primer párrafo del artículo 65 BIS de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, expresamente lo limita a tan solo un año.

Con el propósito de garantizar una mayor transparencia en el gasto público el diputado propuso, durante la sesión del pasado día 5, que las entidades fiscalizables realicen un control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asignados. Lo anterior, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables de carácter estatal, así como resguardar la documentación comprobatoria, expedientes y libros contables para evitar su pérdida o extravío.

La iniciativa de reforma constitucional fue turnada a Comisiones para su análisis, estudio y dictamen correspondiente.

POSIBILIDAD DE PROCESAR AL EJECUTIVO POR CORRUPCIÓN Y DELITOS ELECTORALES, PLANTEA DIPUTADO TIMOTEO CRUZ

Oaxaca no debe estar al margen del proceso de transformación que vive el país. Una señal hacia los ciudadanos, que demandan honestidad en el manejo de recursos y fin a la impunidad, es que se pueda reformar el segundo párrafo del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, para que exista la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo Estatal sea procesado penalmente por actos de corrupción, delitos graves y por el uso de programas sociales con fines electorales.

Así lo considera, en un proyecto de iniciativa presentado en este sentido, durante la sesión de este 5 de febrero, el diputado Timoteo Vásquez Cruz, del partido Morena, ante integrantes de la 64 Legislatura.

“La presente iniciativa pretende establecer que el Gobernador del Estado puede ser imputado y llevado a juicio por actos de corrupción, delitos electorales y los que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, la presente iniciativa tiene como como objetivo primordial, restituir el principio de igualdad entre los ciudadanos, como uno de los pilares fundamentales de la democracia”, se lee en el proyecto de iniciativa.

El representante popular de mayoría por el Distrito XXI con sede en Ejutla de Crespo argumentó que la proliferación de la corrupción, es la principal causa de la desigualdad. Es necesario combatirla y desterrarla para que tengamos la oportunidad de crecimiento. Por ello, -agregó- “es al primer Gobernante a quien se debe exigir una conducta ejemplar; es el primero que no debe actuar de manera corruptible, dado que la corrupción tiene hoy sumida en la pobreza a nuestra entidad, ya que, de hacerlo, será procesado y castigado penalmente”.

Vásquez Cruz remarcó que la riqueza de Oaxaca no se ha visto reflejada en el bienestar de las y los oaxaqueños, “porque el índice de pobreza aumenta, porque nuestra economía va en retroceso, porque la riqueza se ha concentrado en un número muy pequeño de familias, no se generan empleos, no se fomenta al pequeño productor, al artesano, no se generan políticas públicas eficaces que tengan como objetivo el bienestar de los más necesitados, para erradicar la pobreza, marginación y que detonen un verdadero desarrollo.”

Para el legislador esta propuesta busca que en Oaxaca predomine el principio de igualdad que la ley otorga a los ciudadanos, y que no existan excepciones. De esta forma todos, incluidos los gobernadores, estarán sometidos a las leyes, garantizando que ningún servidor público considere estar por encima de la Ley. “Este equilibrio representa un principio de igualdad y, su cumplimiento, es la naturaleza del Estado de Derecho y la Democracia.

La iniciativa fue remitida a comisiones para su estudio y posterior dictamen.