En los últimos 25 años, México construyó un impresionante andamiaje electoral. A golpe de reformas electorales y con la desconfianza como motor, se pasó de procesos electorales completamente controlados por los gobiernos en turno, a comicios organizados por un instituto electoral autónomo, que tiene como bases la ciudadanización, la autonomía de gobiernos y partidos y la profesionalización. Hasta hace poco menos de una década, el Instituto Federal Electoral era la institución que gozaba de los más altos índices de confianza del país, por encima de cualquier institución pública.
En ese contexto transitamos también en ese cuarto de siglo, de un país con un partido hegemónico a uno con una pluralidad de partidos, elecciones competidas, esquemas de representación de la diversidad política en el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales; niveles altos de participación ciudadana en los comicios. Las alternancias en los gobiernos federal, estatal y municipales forman ahora parte de la cotidianidad de las contiendas electorales.
Eje central de esta transformación lo constituyeron, sin duda, la amplia movilización social y ciudadana que se diera a lo largo y ancho del país. Las gestas trascendentales de la izquierda que lo mismo pasara de la clandestinidad a la lucha institucional; la de Heberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Rosario Ibarra, entre muchos otros que dieran la batalla en múltiples frentes e iniciaron la lucha cívica. Lo mismo que las marchas ejemplares de Luis H. Álvarez, Salvador Nava, Francisco Barrio, que irrumpieron en la escena pública para exigir “No al fraude electoral”. Unos y otros apostaban a elecciones libres y equitativas.
Como reflejo y resultado de esas luchas se dieron distintas reformas electorales: la que quitó al gobierno la organización de las elecciones y construyó un organismo autónomo para ello; la que estableció tribunales especializados, la que reguló tiempos de radio y televisión para las campañas, la que regula el financiamiento público y privado y un largo etcétera de una cada vez más sofisticada estructura normativa.
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Y sin embargo, cada vez parece presentarse con mayor agudeza el desencanto por la democracia. Como antes, distintos candidatos, partidos y ciudadanos no aceptan el resultado de las urnas por considerarlo fue producto de irregularidades. Las prácticas de compra y coacción del voto parecen ir a la alza elección tras elección, practicadas por todos los partidos políticos. En el ejercicio de gobierno, se ha presentado un tránsito de un autoritarismo hegemónico a un pluralismo autoritario.
El pluralismo político que se asentó en el país a partir de la década de los 90 del siglo pasado, dejó intocadas las estructuras, acuerdos y reglas del sistema político, en lugar de sustituirlas por principios, instituciones y normas democráticas; por otra parte, la presencia de opciones distintas en el escenario político se diluyó en la homogeneización de la cultura y práctica política, que contiene las mismas particularidades antes denunciadas: los abusos del poder, las prácticas clientelares y corporativas, el uso patrimonialista de las instituciones públicas, la corrupción, las cuotas y los cotos de poder, las irregularidades en el ejercicio público, los atentados contra la autonomía de instituciones y municipios, la conculcación de garantías individuales.
Antes atribuidas al partido hegemónico y al gobierno de él emanado, esas prácticas ahora se ha pluralizado; los partidos políticos y muchos de las actores sociales y políticos que antes las denunciaban, ahora las ejercitan sin rubor; la clase política ha dejado atrás los proyectos ideológicos y la lucha es por el poder y las prebendas y beneficios que éste otorga. Tras doce años de la alternancia en el país, la vía de la consolidación de la democracia parece cada vez más distante.
Así, la conquista de garantías en las contiendas electorales, ha ido en contrasentido del ejercicio democrático. Visto por separado, las eleccionesen México han alcanzado un alto grado de madurez y fortalecimiento institucional, desde la parte organizativa y la estructura jurídica, a pesar de sus pendientes y lagunas. Pero, el ejercicio democrático ha ido a paso de cangrejo, caminando hacia atrás.
La praxis nos ha mostrado que la alta competencia en las contiendas electorales y la incertidumbre respecto al ganador, ha generado una dinámica de prácticas y acciones irregulares para conquistar el poder, el escaño, la presidencia municipal, gubernatura o presidencia de la república a costa de lo que sea, aún en detrimento de los valores democráticos que se supone, debiera animar a partidos y candidatos.
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Oaxaca no escapa a este contexto nacional, sino al contrario. En muchos casos se agudizan las contradicciones y se exacerban las prácticas antidemocráticas.
Aquí también la relación entre reformas electorales y democracia van de la mano. Si bien en muchos temas han sido caja de resonancia de lo avanzado en el ámbito federal, es cierto que en otros tantos temas, se han impuesto las particularidades locales y se han generado importantes conquistas. La más visible, sin duda, es la que reconociera en 1995 a lo que en ese entonces el código electoral local denominara elecciones por Usos y Costumbres de los municipios indígenas.
En 2007-2008 se dieron pasos importantes con la promulgación de la Ley de Medios de Impugnación, la eliminación de la figura de Colegio Electoral en que se constituía la Cámara de Diputados. En 2010, se realiza una nueva reforma electoral, que tiene varios avances que destacan: el fin a la figura de representantes legislativos; el establecimiento del servicio profesional electoral; un nuevo y mejor marco a las elecciones en más de 400 municipios de la entidad que ahora se denominan de Sistemas Normativos Internos y se establece la mediación como la vía idónea para la atención y prevención de la conflictividad que en ellos se presenta.
El único problema es que, como en la letra pequeña de los contratos bancarios, en los artículos transitorios se pospuso la implementación de estos avances. En el caso de los representantes legislativos opera hasta concluida la actual legislatura, esto es noviembre de 2013; el servicio profesional electoral, iniciará hasta la renovación del actual consejo electoral; el que regula el financiamiento privado o de la militancia de los partidos políticos, hasta el ejercicio fiscal 2014. La que corresponde a la información que dará pauta para los procesos de mediación en sistemas normativos internos, en una ambigüedad legislativa, la fija en enero de 2013, pero dado que el texto dice en específico que debe solicitarse el año previo al proceso electoral ordinario, lo está trasladando hasta el 2015.
En otros rubros inéditos para el caso oaxaqueño, como el régimen sancionador ordinario y especial, en que se atienden quejas entre otras cosas por actos anticipados de precampaña y campaña, la normatividad es tan laxa, que deja múltiples recovecos mediantes los cuales partidos políticos y candidatos se amparan para evitar cumplir con la ley.
Sin embargo, hay avances, por vez primera se establecieron procedimientos precisos para la designación de los integrantes de los consejos distritales y municipales y para la contratación de técnicos electorales, en que hubo de mediar convocatoria. Se instituyó una Comisión de Quejas. Se ha precisado el número de regidores que corresponde a cada Ayuntamiento, para evitar el reparto discrecional que se estila en las negociaciones políticas.
A la par se han dictado una serie de reglamentos que permiten precisar y establecer procedimientos transparentes y adecuados para distintos procesos: licitaciones, observadores electorales, fiscalización a partidos políticos, participación ciudadana, quejas y denuncias, transparencia.
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El entramado jurídico con el cual se realiza el proceso electoral 2013, es el más avanzado en la historia oaxaqueña, si bien tiene lagunas, insuficiencias y pendientes, como los que hemos señalado. No escapa que de esta situación se derivan también situaciones que pueden debilitar al órgano electoral: el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que en esta nueva denominación y con el actual Consejo Electoral, enfrenta su primer proceso electoral.
Más allá de ello, lo que es necesario resaltar es la distancia entre la estructura institucional y jurídica, con la práxis política. Y ahí los distintos actores parecen más empeñados en buscar como incumplir con la normatividad que en apegarse a ella; buscan como presionar y controlar al órgano electoral, antes que fortalecer su autonomía y apoyar su ciudadanización; se empeñan en sacar ventaja mañosamente, en vez de luchar por equidad en la contienda.
Y, parafraseando al Rey Juan Carlos de España: La calidad de la democracia no depende sólo ni principalmente de sus órganos o instrumentos electorales. La calidad de la democracia es directamente proporcional a la calidad de los partidos y de los políticos.
En este contexto, un ausente en esta “fiesta de la democracia” aún lo es la ciudadanía. Se ha involucrado poco en el actual proceso y es ella la que debe determinar el rumbo del mismo. Serán quienes definirán los resultados con su voto en las urnas, pero ese ejercicio no debiera ser el corolario de la democracia, sino parte de un proceso de participación activa y crítica.
Parte de los avatares de la democracia mexicana y oaxaqueña, ha sido porque en los últimos años la ciudadanía dejó el papel central que tuvo en las conquistas que hemos referido y dejó en manos de partidos y políticos su ejercicio. Es claro que éstos han tenido graves fallas en su encomienda, es tiempo pues de volver a tomar cartas en el asunto, desde la sociedad y sus distintos sectores y retomar los valores democráticos que guiaron la lucha que tanto esfuerzo, sangre y trabajo han costado.
Las elecciones 2013 constituyen una oportunidad: Se requiere entonces una participación activa de la sociedad civil, vigilante de los partidos y con un acompañamiento crítico al árbitro electoral.Se vive pues una oportunidad democrática que no debemos dejar pasar. Pero, no puede haber consolidación de la democracia sin verdaderos demócratas. Confiemos y trabajemos porque este proceso electoral sea por el bien de Oaxaca, sus comunidades y su ciudadanía.
