TEQUIO Y POLÍTICA
*La orden de aprehensión de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, primer paso para hacer justicia en Oaxaca
*La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen, advierte la vox popular
*Los crímenes fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016
*Otra denuncia se registró en mayo de 2019 en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya
*El secreto de la represión, no fue entre dos… fueron varios los que participaron y se filtraron detalles
*¿Por qué a 14 años de cometidos estos crímenes, Ulises Ruiz Ortiz, no ha sido expulsado de las filas del PRI?
*Durante el gobierno de “El Carnicero de Chalcatongo”, se registraron 97 desapariciones de personas
PRIMERO, LA SABIDURÍA… LA VOX PÓPULI
1.- Nunca ofendas mientras te encuentres en el poder, porque el poder es efímero y la ofensa es para siempre.
2.- Protestar es un derecho… Reprimir, es un delito.
3.- La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen.
4.- La violencia es el miedo a los ideales de los demás.
5.- En apariencia, fácil es hacer desaparecer al vivo. La cuestión es hacer desaparecer al muerto. Un cadáver se entierra, un fantasma, no. ¡Matar! Y ¿Después? ¿Para qué cerrar la puerta al vivo durante el día, si ha de venir el muerto cada noche a sentarse en el borde de la cama?
POR MUCHO QUE HUYAS DE TUS CRÍMENES, AL FINAL, LA JUSTICIA TE ALCANZARÁ
El pasado 6 de agosto, por la noche, la noticia nos encontró y, de pronto, iniciamos el recuento de la soberbia (pecado favorito del diablo), la vanidad, la frivolidad, la demencia y la borrachera del poder que Ulises Ruiz Ortiz y su primer círculo “gozaron” durante el lapso 2004-2010.
En ese periodo eran intocables, “indispensables”, es más se convirtieron en “dioses” que desde su olimpo decidían quién vivía y quién moría en Oaxaca.
Pero, también, marcaban a los que podrían enriquecerse a costa del erario (corrupción e impunidad) y a quiénes serían condenados a la histórica marginación y pobreza que priva en la entidad… Estás conmigo o estás contra mí, esa era la divisa de Ulises Ruiz, hoy conocido como “El Carnicero de Chalcatongo”, no olvidar que los serbios tienen en Ratko Mladic, a “El Carnicero de los Balcanes”.
Pero ¿cuál fue la noticia que nos puso a repensar de todo lo ocurrido entre 2004 y 2010, especialmente, los años 2006-2007?
Va la nota:
“Por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en mayo del año 2007, un juez federal con sede en Jalisco libró orden de aprehensión en contra del ex procurador de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Daniel Camarena Flores, así como comandantes y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Las víctimas de desaparición forzada son Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Trascendió que fuerzas federales de seguridad detuvieron a los elementos en activo de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes fueron trasladados a a una penitenciaría de Jalisco”, hasta aquí la información.
Ahora vienen las preguntas:
¿Evencio, sigue en Oaxaca? ¿Martínez Ramírez, huyó al tener conocimiento de esta orden de un juez federal? ¿Y si ya es un prófugo de la justicia, en dónde está?
Pero vayamos al contexto, cosa que es fundamental en este tipo de crímenes de lesa humanidad.
Durante 14 años, es decir, parte del sexenio de Vicente Fox, toda la administración de Felipe Calderón y los seis años de Enrique Peña Nieto, nadie se percató de todo tipo de crímenes que cometió el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, hubo plena impunidad a la corrupción moral y en consecuencia corrupción política y financiera de “La Hiena Ruín”. Tuvo, entonces, toda la protección de la justicia federal.
Es decir, los tres ex presidentes mencionados nunca voltearon para ver las necesidades de toda índole que tenían los habitantes de esa entidad y, además, dejaron pasar y no satisfacieron el hambre y sed de justicia por los hechos ocurridos en los aciagos años de 2006 y 2007. Con esa simple actitud, Fox, Calderón y Peña Nieto, se convirtieron en cómplices por omisión de todas las tropelías cometidas por Ulises Ruiz Ortiz.
De tal forma que la injusticia en Oaxaca, en esa administración y en la de Gabino Cué Monteagudo, todo se ocultó (asesinatos, desapariciones, robo, atraco y abuso de poder, de todo el poder).
Transcurridos 14 años, la oscuridad del túnel de la injusticia se ilumina con una pequeña luz encendida por un juez federal del estado de Jalisco, pero ¿caerán todos los involucrados en el derramamiento de sangre y las desapariciones debido a la represión desatada por “El Carnicero de Chalcatongo”?
LA COMISIÓN DE LA VERDAD VISITA LA CIDH EN WASHINGTON
A principios de 2016, diez años después de los hechos sangrientos derivados de la represión para que la bestia tomara sangre de los oaxaqueños, una mujer y dos hombres viajaron a la ciudad de Washington, D.C., para entrevistarse con los altos funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y con ello entregar un informe llamado “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca”.
Este documento fue recibido por el presidente de la CIDH, James L. Carvallo y el secretario ejecutivo de la misma, Emilio Álvarez Icaza.
De esta forma, Marina Patricia Jiménez, el cura Alejandro Solalinde y Diego Osorno, integrantes de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, buscaron que se aplicara la justicia por los hechos de todos conocidos en Oaxaca, en el territorio nacional e internacionalmente.
El informe de la Comisión de la Verdad, entre otras cosas, describe:
En la represión del 2006-2007 “se impusieron intereses políticos para cometer las graves violaciones a los derechos humanos. El entonces presidente Vicente Fox actuó para dar salida a la crisis postelectoral que se vivía en ese momento, debido a que el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, había denunciado un fraude, y Felipe Calderón Hinojosa, aspirante del PAN, necesitaba del PRI para legitimarse.
“Como moneda de cambio, el Revolucionario Institucional pidió la protección para el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, responsable de la represión en Oaxaca”.
“El Estado mexicano ensayó en la entidad, en 2006, un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, cuyo epicentro fue la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014”, explicó el reportero Diego Osorno.
La Comisión de la Verdad advirtió que Ulises Ruiz Ortiz es responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007, derivadas de la ingobernabilidad, por lo tanto hay una responsabilidad de Estado.
Entre sus conclusiones menciona qué a partir del 14 de junio de 2006, después de realizar un operativo por parte del gobierno estatal, con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que a la postre conformarían el movimiento social con un objetivo común: destituir a Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.
La respuesta de la bestia convertida en “gobernador” llegó a tomar medidas inimaginables. Lo que sigue es descrito por la Comisión de la Verdad:
“Con el apoyo de la Policía Federal Preventiva, estatal y otras corporaciones represivas, el gobierno de Ruiz (en esos momentos todavía aspirante a “Carnicero”) puso en marcha los operativos:
A).- Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006).
B).- Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006).
C).- Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006).
D).- Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007).
E).- Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).
Con todo lo anterior y en forma masiva y sistemática el Estado violó el principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, además de que ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos y degradantes, e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos”.
EVENCIO, GARCIA CORPUS, EVIEL, FRANCO VARGAS, ABEL TREJO, ETC.
Los que saben, afirman que un secreto generalmente es entre dos, porque entre tres se convierte en chisme.
De ahí que todo los planeado para reprimir, desaparecer y asesinar a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, así como a maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se convirtió en un verdadero chisme y en historias palaciegas… radio-pasillo, funcionó y la información de los planeado para derramar sangre de opositores al gobierno, empezó a filtrarse.
Se supo y, muchos años después, se confirma que uno de los operadores para ocultar todos los crímenes cometidos en el 2006 y 2007, estuvo a cargo de Manuel García Corpus, quien como Secretario General de Gobierno, también contaba con voz y voto en las reuniones para acallar voces disidentes.
Que Jorge Franco Vargas fue la voz que la bestia Ruiz Ortiz esperaba para detonar la represión del 14 de junio del 2006… Que “El Chucky, se convirtió en el brazo armado, la violencia personificada, para proponer “Las caravanas de la muerte”… y que pese a no estar al frente de la SeGeGo, actuaba como vice-gobernador.
Que Eviel Pérez Magaña, en su ambición por convertirse en candidato a gobernador del estado, participó activamente en todos los “proyectos” para darle la “tranquilidad” que se merecían todos los oaxaqueños.
De Evencio Nicolás Martínez Ramírez, como procurador de “justicia”, sobra decir en todos los hechos en que participó. La orden de aprehensión del juez federal de Jalisco, lo dice todo.
Abel Trejo González, primero como Secretario de Seguridad Pública y, después desde el IEEPO, jugó un papel clave en los hechos de sangre del 2006-2007.
Desde el Congreso, como presidente de la Gran Comisión, Bulmaro Rito Salinas, en las reuniones para planear la represión aprobaba todo lo propuesto por “El Carnicero” y, luego, en sus oficinas del Congreso local, con sus acciones y silencio, también daba luz verde a los hechos de sangre que día tras día se cometían en esos dos años tenebrosos para el pueblo y festivos para el gobierno estatal.
En medio de toda esta represión, el Goebbels oaxaqueño (Raúl Castellanos Hernández), el ministro de información de “La Hiena Ruín”, repetía mentiras, una y otra vez, para intentar convertirlas en verdad… Como voz-cero del gobierno de Ruiz Ortiz, ganó perdiendo, porque los fantasmas de los 80 ó 100 muertos y los dos desaparecidos, entre 2006 y 2007, se le aparecen cada que va a desayunar, comer, cenar y cuando se dispone a dormir, este es el precio que también paga por haber “ganado” o robado cerca de 500 millones de pesos al erario de Oaxaca.
Carlos Torres Avilés fue otro de los cercanos a Ulises, quien a rio revuelto además de saber de los crímenes que se cometían guardaba silencio y saqueaba a la Secretaría de Agricultura ¿alguien sabe de su paradero?
Emilio Mendoza Kaplan también es cómplice por omisión y comisión de la represión y el derramamiento de sangre en los años mencionados. No pudo ser ajeno a todos estos hechos criminales, pues como director del IEEPO se manejó como espía del gobierno entre el magisterio…
Miguel Ángel Ortega Habib resulta un hombre clave en todos estos hechos de sangre… Tiene y tuvo conocimiento del dinero que ordenaba su jefe Ulises Ruiz Ortiz, para pagar a los represores, para comprar conciencias, para pagar silencios y para pagar desapariciones… ¿excepto, el sátrapa de Chalcatongo, nadie más tiene conocimiento en donde se esconde el hoy prófugo de la justicia mexicana.
No debemos olvidar a la otrora poderosa, Beatriz Rodríguez Casasnovas, quien desde la Secretaría de Turismo, sabía todo lo que ocurría y lo que se planeaba en el primer círculo del “gobernador” de Oaxaca.
HAY MUCHAS VÍCTIMAS MÁS DE “EL CARNICERO DE CHALCATONGO”
Así, el 6 de agosto, será recordado por los oaxaqueños como el día en que la justicia hizo su aparición en Oaxaca y se dio el primer paso para saber, bien a bien, quién o quiénes que de políticos dieron el paso para convertirse en asesinos en primer grado.
En Oaxaca todos estamos ciertos que además de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (desaparecidos en mayo de 2007), hay muchas más víctimas del estado del terror que instauró Ruiz Ortiz debido a sus complejos físicos y quien tuvo como uno de sus principales cómplices a su personero Jorge Franco Vargas, quien ha tenido una vida bastante tenebrosa gracias a su complejo de inferioridad, esto lo decimos de manera literal.
El siguiente es el recuento de la Comisión de la Verdad, de algunas otras víctimas de la sed de sangre de una persona que nunca debió tener en sus manos el poder que le otorgó la gubernatura de un estado:
“Al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión, además de la ejecución, entre octubre y diciembre de 2006, de Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez”.
El documento de la CVO menciona 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otros afectados que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.
En los anexos del informe entregado a la CIDH se habla de 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que, según las víctimas entrevistadas, son los perpetradores directos del conflicto.
Más adelante, la Comisión de la Verdad, precisa:
“Acerca de los casos de Esteban López Zurita, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Arcadio Fabián Hernández, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Bradley Roland Will, Raúl Marcial Pérez, Alberto Jorge López Bernal y Emilio Alonso Fabián, la CVO concluye que hay elementos suficientes para asegurar que se trató de ejecuciones extrajudiciales, en otras palabras, se cometieron crímenes de Estado”.
La CVO también expone que “durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de acción por parte del Estado: en primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, que llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos donde las torturaban”.
El extenso documento de la Comisión de la Verdad, expone que 97 desapariciones se registraron durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, hasta julio de 2015.
DENUNCIA EN EL TRIBUNAL DE LA HAYA, HOLANDA
… Y fue el 2 de mayo de 2019, cuando los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales presuntamente cometidas entre 2006 y 2007.
El expediente por crímenes de lesa humanidad contra los exmandatarios fue entregado por Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en compañía de Emeterio Marino Cruz, César David Mateos Benítez, Germán Mendoza Nube y Flavio Sosa Villevicencio, víctimas de la represión.
Peimbert Calvo explicó que esta es la primera demanda que hace una instancia oficial ante la CPI para llevar a juicio a gobernantes mexicanos acusados de supuestos crímenes de lesa humanidad.
LA CONCLUSIÓN
Tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, la Comisión de la Verdad de Oaxaca, advierte que existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz; el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez; el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos (antes fue responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos); el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores, y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.
LA HISTORIA NO TERMINA…
Hace algunos años, ante la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y a más de un año de haber sido emitida la resolución 29/2014 por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, que ordena realizar su búsqueda en instalaciones militares y realizar diversas diligencias para su localización, se concluyó que “ha quedado demostrado que el Estado mexicano no tiene la más mínima voluntad política para esclarecer este crimen de lesa humanidad”.
En el 2014 se escribió: “Múltiples han sido los esfuerzos durante estos 8 años en búsqueda de la verdad y la justicia, primero como Comisión de Mediación entre el PDPR-EPR y el gobierno federal y, ahora, como Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de Edmundo y Gabriel. Años de lucha y exigencia en los que se han conjuntado esfuerzos de diversas personalidades, abogados, académicos y familiares para encontrar a estos dos luchadores sociales y sentar precedentes para miles de casos más, sin embargo, la respuesta del Estado ha sido nula.
A continuación enunciamos algunos eventos importantes que se han dado en este proceso de lucha y que demuestran la simulación e impunidad en las que el Estado mantiene este caso:
1.- En abril del 2008 se crea la Comisión de Mediación (COMED) entre el PDPR –EPR y gobierno federal a petición del EPR, para encontrar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; esta comisión estaría conformada por Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, el obispo emérito Samuel Ruiz, Rosario Ibarra de Piedra, Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge.
Por ello, hoy como Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, acompañados de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, quien próximamente estará entregando su informe sobre los terribles hechos acontecidos en Oaxaca en 2006 y 2007, declaramos que:
Continuaremos exigiendo el cumplimiento de la resolución judicial 29/2014 hasta dar con el paradero de Edmundo y Gabriel, debido a que su cumplimiento significaría un gran avance no sólo para esclarecer este caso, sino como precedente para muchos más, además se impulsará que el cumplimiento de este tipo de resoluciones quede plasmado en la futura ley general sobre desaparición forzada para obligar a las autoridades a desarrollar la búsqueda de los desaparecidos”.
POR QUÉ EN EL PRI TODAVÍA ACEPTAN A UN PRESUNTO CRIMINAL EN SUS FILAS
¿De 2006 a la fecha, son 14 años, por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, han pasado varios dirigentes y la gran interrogante es por qué no han expulsado a Ulises Ruiz del Partido Revolucionario Institucional?
Cuadros dirigentes y militantes no pueden aceptar a un “político” que arrastra cientos de cadáveres en las filas del tricolor.
Tomado de: http://www.elcorreodeoaxaca.com/tequio-y-politica-241/
