+ La crisis que viene en 2021 golpeará a 4 mil 243 trabajadores jubilados y pensionados del Gobierno del Estado

OAXACA, OAX, octubre 7 de 2020.- El 27 de enero de 2020 el secretario de Administración del Gobierno de Oaxaca, Germán Espinosa Santibáñez, puso sobre la mesa la crisis que se advierte en el Fondo de Pensiones de los trabajadores que laboran para las instituciones de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y para los organismos descentralizados.

Durante su comparecencia ante los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado aseguró que en el año 2021 ya no habrá recursos para cumplir con el pago de las jubilaciones y pensiones; además, que está en riesgo el retiro de miles de trabajadores más.

Sus declaraciones abrieron nuevamente el debate sobre la situación actual del fondo de pensiones y desencadenó que un grupo de jubilados y pensionados reclamaran información al respecto, mientras que otro grupo de trabajadores aún activos ha iniciado protestas a través de la pega de cartulinas en las diferentes oficinas de gobierno, para que este tema se incluya dentro de las negociaciones laborales entre el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) y el Gobierno de Oaxaca.

En respuesta trabajadores jubilados y pensionados, así como ex líderes sindicales, afirmaron que esta crisis es falsa o al menos que los responsables de esas afirmaciones, no los han sustentado documentalmente o información documentada.

Pero en todo caso, puntualizaron que en caso de bancarrota o descapitalización del Fondo de Pensiones se debe a una mala administración de los funcionarios del Gobierno de Oaxaca y es este último, quien está obligado por ley a “inyectarle” recursos cuántas veces sea necesario para mantenerlo.

Además, revelaron una serie de intentos de las autoridades estatales por desaparecer el fondo de pensiones. Primero, a través de la pretendida y fallida imposición para que los trabajadores aceptaran las afores y tener cuentas individualizadas; segundo, a través de iniciativas de reforma a la Ley de Pensiones, que hasta ahora, tampoco han prosperado por la defensa férrea de los trabajadores retirados.

Santibáñez: crisis en 2021

Germán Espinoza aseguró que la crisis golpeará a 4 mil 243 trabajadores jubilados y pensionados: el próximo año, no habrá recursos suficientes para cubrir el pago de sus jubilaciones; pero además, aseguró que está en riesgo el retiro digno de otros miles más.

Ante los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado explicó que los recursos del Fondo de Pensiones de las personas que trabajan para los tres poderes y organismos descentralizados ya no son suficientes para atender a los jubilados, pensionados y pensionistas.

Según el funcionario, actualmente el fondo únicamente opera con 62 millones de pesos y que son 4 mil 243 personas: 3 mil 225 jubilados, 156 pensionados y 862 pensionistas, que dependen de ese fondo, de quienes en principio podrían dejar de recibir sus ingresos.

También afirmó que estos trabajadores “invirtieron”, es decir aportaron al fondo de pensiones, alrededor de 120 mil pesos durante toda su vida laboral pero que mensualmente, reciben como jubilación 25 mil pesos.

En esta declaración, sin embargo, no aclaró que sólo quienes se jubilaron o pensionaron con un nivel 13 C reciben aproximadamente 22 mil pesos mensuales; pero no son la mayoría, ya que el gran porcentaje de trabajadores está dentro de los niveles 1 A y cuyos ingresos mensuales oscilan entre los 8 mil y 10 mil pesos.

Ante los diputados agregó que en 2019 se ejercieron mil 48 millones de pesos en siete mil 137 personas; de las cuales, 899 millones de pesos se destinaron a jubilados, pensionados y pensionistas; dos millones de pesos de gastos funerarios, dos millones de pesos de seguro de vida, 136 millones de pesos en préstamos y nueve millones de pesos en devoluciones al fondo de pensiones.

La descapitalización se adelantó dos años: Valuaciones Actuariales del Norte

Valuaciones del Norte S. C. es la empresa que al menos en la última década se ha dedicado a realizar los estudios actuariales sobre el fondo de pensiones de los trabajadores adheridos al STPEIDCEO. En el más reciente, realizado en el año 2019, sostiene que la descapitalización del fondo se adelantó dos años.

Las estimaciones de la empresa estaban previstas que ocurrieran hasta el año 2025, en los estudios realizados antes de 2017; a partir de este año dijo que sucedería en 2023 y en el último realizado en 2019, que será en 2021.

Asimismo, el estudio de los últimos tres años muestra el crecimiento en el número de trabajadores pensionados y jubilados, así como los ingresos en el fondo de pensiones y el costo anual de la nómina de los pensionados y jubilados.

En 2017 ascendían a 3 mil 377 los trabajadores retirados, en 2018 subió a 3 mil 619 y en 2019 a 3 mil 903.

El costo de la nómina de este personal que ya no está activo, según el estudio, se disparó en el año 2018 a casi el doble y rebasó los ingresos al fondo de pensiones. Mientras que en 2017 los ingresos fueron de 668 millones 948 mil 432.08 pesos, los egresos o costo de la nómina de los jubilados y pensionados fue de 354 millones 748 mil 119 pesos.

La situación se invirtió en 2018. Los ingresos fueron de 716 millones 582 mil 788.72 pesos y el costo de la nómina creció a 744 millones 320 mil 683.45 pesos; en 2019, la diferencia se acrecentó: los ingresos fueron de 704 millones 37 mil 3.41 pesos y el costo de la nómina fue de 782 mil 376 mil 796.23 pesos.

En su análisis de 2019, advierte Valuaciones del Norte S. C., el déficit actuarial en el fondo de pensiones para las generación actual de trabajadores será de 30 mil 294 millones 238 mil 702.91 pesos y para las generaciones futuras de 3 mil 866 millones 100 mil 880.77 pesos.

Las reservas en el fondo de pensiones actualmente ascienden a 463 millones 443 mil 924.44 pesos, según esta empresa. Cifra mucho mayor a los 62 millones de pesos que mencionó Germán Espinoza.

Déficit financiero al alza y deudas: Oficina de Pensiones

Una revisión realizada por la revista MARCHA a los reportes financieros presentados por la Oficina de Pensiones del Gobierno de Oaxaca reveló que en los últimos tres años –de 2017 a 2019 –, el fondo acumula un déficit de 265 millones 443 mil 433.03 pesos.

Los reportes trimestrales de esta dependencia, además, son muy diferentes en lo que informa sobre los ingresos al fondo y los egresos por el pago de la nómina de los jubilados y pensionados, en comparación con las revisiones actuariales de la empresa Valuaciones del Norte S. C.

Por ejemplo, señala que en 2017 ingresaron 639 millones 425 mil 191.17 pesos al fondo por las aportaciones realizadas por los trabajadores activos y el gobierno de Oaxaca; pero que los egresos para el pago a los trabajadores retirados fue de 655 millones 923 mil 269.80 pesos, una diferencia y déficit de 16 millones 498 mil 78.63 pesos.

En 2018, en eso coincide, el déficit continuó y se acrecentó: los ingresos fueron de 678 millones 368 mil 639.81 pesos y los egresos de 762 millones 660 mil 383.36 pesos, para cerrar con un déficit ese año de 84 millones 291 mil 743.55 pesos.

Y en 2019, los ingresos al fondo fueron de 728 millones 300 mil 383.60 pesos y el costo total de la nómina de pensionados y jubilados fue de 892 millones 953 mil 994.45 pesos; un déficit de 164 millones 653 mil 610.85 pesos. Con sólo tres años. El acumulado en el déficit financiero es de más de 265 millones de pesos en estos tres años.

La Oficina de Pensiones del gobierno de Oaxaca, sin embargo, no incluye los ingresos al fondo por otros conceptos relacionados con los bienes e inversiones de sus recursos en otros rubros como viviendas, edificios, intereses, entre otros.

Hasta septiembre de 2019, esta oficina reportaba en sus estados financieros un saldo de 12 millones 878 mil 652 pesos por los conceptos del efectivo disponible en las cuentas de Fondos Fijo de Caja, Bancos y de las Inversiones realizadas del Fondo de Pensiones.

Un saldo de 328 millones 987 mil 681 pesos por derechos de cobro por arrendamiento de bienes inmuebles, otras cuentas por cobrar, otros deudores diversos por cobrar a corto plazo, anticipo a proveedores, prestadores de servicio y nómina anticipada y otros documentos por cobrar a largo plazo.

Así como un saldo de 68 millones 513 mil 702 pesos por gastos a comprobar, aportación patronal de 18.5 por ciento al Fondo de Pensiones, cuota obrera de 9% Fondo de Pensiones, préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios y aportación patronal jubilados y pensionados.

Fondo de Pensiones, ¿en crisis?

Esta no es la primera vez que se advierte una crisis de insolvencia en el Fondo de Pensiones. En el año 1996, las autoridades estatales aseguraron que el periodo de vida del fondo terminaría en el 2000 porque no habría forma de mantenerlo a causa de la insuficiencia de los recursos.

El ex secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), Ángel Martínez García, relata que en ese año – cuando inició su periodo como dirigente – se les dijo que “reventaría” en tres años; y a través de los entonces diputados locales promovieron iniciativas de reforma para cambiar el mecanismo de jubilación y pensiones de los trabajadores a través de cuentas individualizadas.

“En ese entonces hubo unos delegados valientes, alrededor de unos 16 delegados, que conjuntamente con su servidor y los demás integrantes del Comité Directivo, valoramos y empujamos a una asamblea general la cual determinó que teníamos que apoyar a que se revisara nuestro esquema de pensiones.

“En ese entonces manifestaron que nuestro sistema de pensiones no aguantaba más que tres años más. Estoy hablando de 1997, 98 y 99 y que iba a reventar en el 2000”, cuenta.

Al final no sucedió, dice, porque el sindicato y los trabajadores hicieron valer una cláusula contenida en la Ley del sistema de pensiones en la que se establece que cuando el fondo caiga en bancarrota, el gobierno del estado estará obligado a inyectarle recursos al fondo cuantas veces sea necesario.

Pero también se vieron obligados a luchar contra una iniciativa de reforma que pretendía derogar la Ley del Servicio Civil y crear una nueva con la que desaparecían muchas de las prestaciones ganadas históricamente por el sindicato.

“Había una iniciativa al pleno para su votación y nosotros logramos que se revocara esa situación en el Llano cuando convocamos a todos los trabajadores y sitiamos toda la ciudad de Oaxaca. Nosotros fuimos los creadores de las marchas de los cuatro sectores. Una la sacamos del IEEPO hacia el centro porque la cámara de diputados estaba en el Llano”.

En esa ley se pretendía, explica, que los trabajadores perdieran derechos y que no tuvieran la capacidad de opinar sobre sus propios intereses.

“Querían un sindicato que sirviera de florero. Quitaba prestaciones como la cuestión de titulación, derechos que se van adquiriendo pero estaba de moda la cuestión de las afores y ahí nos querían meter a todos los trabajadores.

“Desde ahí tenían la intención de desaparecer el fondo de pensiones, porque estaba de moda que en Chile ya habían instituido el sistema de afores con Michel Bachelet, y ellos querían imponerlo y querían que el trabajador fuera el conejillo de indias, para que se pusieran en práctica esas cuentas individualizadas”.

Durante ese proceso, descubrieron que el gobierno del estado no depositaba al Fondo de Pensiones las aportaciones de los trabajadores que quincenalmente les descontaban a través de la nómina, desde el segundo bimestre de 1993 hasta 1997.

“Se descubrió porque un trabajador falleció y no tenían la capacidad económica para sustentar todos los derechos que conlleva, como es pago de marcha, pensiones y demás prestaciones a que tiene derecho. Casi seis años que no depositaron nuestras aportaciones.

“Nosotros nos vimos obligados a nuevamente encabezar la lucha. Hicimos alrededor de ocho asambleas generales y como 10 marchas, logramos que se respetara al trabajador sindicalizado”, apuntó.

Un segundo golpe al Fondo de Pensiones y a los trabajadores en activo se gestó en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo. Lo primero que hicieron fue incrementar la aportación al fondo de los trabajadores de 6.5% de su salario quincenal al 9% por ciento de su salario, precisó Fernando Martínez Gómez, jubilado desde junio de 2018, ex miembro del comité directivo del STPEIDCEO y uno de quienes encabezaron la lucha contra la pretendida imposición de las afores.

Fernando Martínez también encabezó la batalla legal contra la iniciativa del ex gobernador Gabino Cué para reformar la Ley de Pensiones.

El ex mandatario pretendía desaparecer varios articulados de esta ley, principalmente eliminar algunos conceptos relacionados con los ingresos del Fondo de Pensiones y quitar la aportación que anualmente el gobierno del estado aporta a este fondo.

Los trabajadores jubilados y pensionados interpusieron amparos y quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Al final, la justicia federal les dio la razón y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la iniciativa de Gabino Cué no procedía.

Reclaman auditoría externa

Las declaraciones de Germán Espinoza obligaron al director de la Oficina de Pensiones, Jesús Parada Parada, sostener reuniones a finales de febrero de este año tanto con pensionados y jubilados como con trabajadores activos.

En ellas, eludió aclarar la información a detalle de los ingresos y egresos del Fondo de Pensiones; se disculpó por las afirmaciones del Secretario de Administración y dio información encontrada a ambos grupos de trabajadores: a los primeros les aseguró que no había ningún problema con el fondo y a los segundos sobre la bancarrota, de acuerdo con audios en poder de MARCHA.

Para Fernando Martínez es falso que el Fondo de Pensiones esté en crisis como ha afirmado Germán Espinoza; pero en caso de que haya descapitalización, dijo, eso es responsabilidad del Gobierno de Oaxaca o del gobernador en turno ya que es él quien designa a los responsables de administrar el fondo y, el estado está obligado a inyectarle recursos al fondo cuantas veces sea necesario para capitalizarlo como está establecido en la Ley. “La ley nos ampara”, recalcó.

El ex líder sindical, Ángel Martínez, por su parte, apuntó que si es verdad la crisis entonces exigen una auditoría externa para que se les informe con precisión cuál es la situación del fondo; y que en ese proceso, se restituya el tabulador de salarios como medida para negociar los incrementos salariales y las aportaciones al fondo de cada uno de los trabajadores.

Mientras tanto el secretario de Administración, Germán Espinoza, se desdijo de sus afirmaciones ante los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado y afirmó que se “malinterpretaron sus palabras”.