+ Señalan al cuestionado empresario de “violaciones a la Ley que prohíbe el uso y distribución de pet y unicel en Oaxaca”

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, octubre 27 de 2020.- Diputado presidente de la Mesa Directiva apenas en el trienio pasado, cuando dominaba el PRI, el cuestionado empresario Samuel Gurrión Matías enfrenta ahora como titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso), la decisión de la LXIV Legislatura de hacerlo comparecen ante la máxima tribuna de la entidad oaxaqueña.

El objetivo del Poder Legislativo es que el funcionario de la administración priista del gobernador Alejandro Murat Hinojosa informe al pueblo de Oaxaca “las sanciones que ha impuesto a las empresas que continúan con la venta y distribución de envases desechables de unicel y productos en botellas de PET”.

El diputado promovente de estas nuevas disposiciones legales y también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Horacio Sosa Villavicencio, explicó que es responsabilidad de la Semaedeso atender, ordenar y vigilar la ejecución de dicha disposición jurídica y, en su caso, sancionar a quienes no cumplan con lo establecido en Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

El Legislador del partido Morena lamentó la omisión que ha mostrado la Semaedeso, instancia encargada de preservar el equilibrio ecológico y mitigar los impactos negativos del cambio climático en Oaxaca, a las disposiciones del Artículo 98 a la Ley en mención, reforma aprobada en abril de 2019 por el Congreso estatal.

“Pediremos al titular de esta dependencia, Samuel Gurrión Matías, un informe sobre las acciones de difusión que ha hecho de estas nuevas disposiciones. También, revisaremos las sanciones que ha impuesto a las empresas que continúan con la venta y distribución de productos en envases de pet y de desechables de unicel”, apuntó el congresista, también coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria del partido Morena.

Sosa Villavicencio recordó que el domingo 25 de octubre venció el plazo de más de un año que la LXIV Legislatura del Congreso local  otorgó a las empresas para eliminar de su inventario los productos envasados con estos productos.

Las sanciones por el incumplimiento de las nuevas disposiciones son: las diversas ya previstas en el artículo 108 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que incluyen la posibilidad de multas (de diez a cincuenta mil días de salario mínimo), la suspensión o revocación de concesiones o autorizaciones, decomisos, clausuras temporal o definitiva, e incluso el arresto.

Puntualizó que el Congreso del Estado no está en contra de los empresarios o del libre comercio, sino en favor del medio ambiente.

Por ello, pidió a las grandes empresas que los productos que expenden sean amigables y no contribuyan a la degradación de la naturaleza.