SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, junio 5.- El congreso del estado pidió informes al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo y la Contralora, Perla Woolrich Fernández, sobre las indagatorias de los presuntos actos de corrupción y desvío de recursos cometidos en el sexenio del ex mandatario, Ulises Ruiz Ortiz, así como de los ex funcionarios de la actual administración, entre ellos, el ex titular de la Sedafpa, Salomón Jara Cruz.

El tema, inicialmente propuesto por el diputado local, Flavio Sosa Villavicencio, genero un debate entre el ex líder moral de la APPO, con los diputados del PRI, Elías Cortés López y Francisco García López.

Y es que Sosa Villavicencio, demandó a Cué Monteagudo ordenar a las instancias competentes agilizar las investigaciones sobre los posibles actos de corrupción y desvío de recursos públicos ocurridos durante la administración pasada, acusada por el mal uso de más de cuatro mil millones de pesos.

La exigencia la planteo a través de un punto de acuerdo para que el Congreso realice la solicitud al Ejecutivo Estatal sobre el estado y los avances en las investigaciones relacionadas con la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Transcurrido ya mucho tiempo de las acusaciones oficiales, “no hemos sabido de acciones claras en contra de quienes hayan cometido el latrocinio contra el erario”, por lo que “es menester conocer qué ha hecho la actual administración acerca de los crímenes cometidos contra el pueblo de Oaxaca, y en su caso avanzar en los procesos para evitar de nuevo que reine la impunidad”, expresó.

La iniciativa que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.

Sosa Villavicencio cuestionó a la actual administración, cuyos funcionarios parecieran buscar un carpetazo a lo relacionado con el Gobierno de Ruiz Ortiz. “Parecen no tener conciencia de que impunidad implica injusticia, de que la injusticia abona a la inconformidad social, a la inestabilidad y a la violencia. O lo tienen claro y actúan de manera perversa, como enemigos internos, para minar desde adentro la posibilidad de actuar de este gobierno y alejarle del amplísimo apoyo popular que tuvo al principio de su gestión”, asesto.

Mencionó que en diciembre de 2011, ante la legislatura, la contralora Perla Woolrich informó que existen cuatro querellas e “infinidad” de procedimientos de responsabilidad relacionados con ex funcionarios, entre ellos el propio Ulises Ruiz y el ex director de Coplade, Bulmaro Rito, a quienes la funcionaria estatal llamó “pillos connotadísimos”.

Al inicio de la presente administración estatal, abundó, el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos reconoció que el ex gobernador Ruiz dejó 102 obras hospitalarias inconclusas y 52 litigios contra empresas constructoras que “no existen hoy, de las que no hay domicilio, no hay teléfono, incluso tenían domicilio de casas habitación”.

Frente a esos señalamientos, el diputado del PRI, Elías Cortés López propuso que además de esos informes de las indagatorias a Ruiz Ortiz, también se revelen las auditorías al ex secretario de desarrollo agropecuario y pesca, Salomón Jara cruz, así como al Director del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, Rogelio Rodríguez.

“Que se revelen todas la auditorías y en qué estado se encuentran”, propuso. Ante ello, Sosa Villavicencio fue más allá y pidió que se concluya con la glosa del segundo informe de gobierno de Cué Monteagudo, en virtud de que estas quedaron truncas.

En su oportunidad, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Francisco García López pidió no politizar, ni partidizar el combate a la corrupción. Aceptó investigaciones serias para que no existan columnas de humo que oculten ineficiencias y confundir a la sociedad, dijo.

Aseguró que en el PRI están a favor de eficientar y agilizar la procuración y la administración de justicia, “por ello, nos pronunciamos por investigaciones serias, eso es lo que quiere y necesita el pueblo”, asentó.

Criticó a Sosa Villavicencio porque dijo que se pretenda usufructuar electoralmente con el tema. “Lo que nuestra fracción siempre ha pedido es que haya justicia eficaz y expedita, no politización o adulteración de la misma, recalcó.

Dijo que el PRI pide que haya eficacia y oportunidad en el desahogo de todas las causas pendientes, porque el pueblo de Oaxaca merece una real y puntual rendición de cuentas, de todos los que han administrado y hoy administran recursos públicos.

Para no creer que sólo fue un slogan político, exigió a quienes desde las instancias de contraloría y fiscalización, que hablaron con ligereza de desvíos multimillonarios, acrediten sus dichos tan estruendosamente emitidos al principio de este gobierno.

“Es necesario que ya concluyan satisfactoriamente sus investigaciones, y si no, que por lo menos reconozcan que fue una embestida política, o una iniciativa personal y no institucional. Lo que no se vale es etiquetar y estigmatizar a toda una administración estatal, hablar de actos de corrupción y no fundamentar nada”, exigió.

Afirmó que los diputados priistas siempre han coincidido en las demandas de cero impunidad, pero con fundamentos de hecho y argumentos de derecho, no sólo con señalamientos generalizados sobre una administración.