Utopía
No es propio de un alto mando castrense y menos del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, deliberar en la plaza pública, salvo que los asuntos que dirime tengan conexión directa con la disciplina militar, como lo establece la ley de leyes.
El almirante secretario planteó lo siguiente en Palacio Nacional: “Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos”. Para mayor agravante lo planteó durante la mañanera del 21 de mayo, frente al titular del Ejecutivo federal, los secretarios de la Defensa Nacional, Gobernación y Seguridad Pública, y el comandante de la Guardia Nacional.
Como es natural la réplica se produjo enseguida. La más importante fue de la autoría de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte que en su cuenta de Twitter difundió: “La función de las y los jueces federales es defender los #DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia.”
Tanto a Ojeda como a Saldívar les asiste la razón en la materia que tratan, aunque al primero, el almirante, no corresponde el derecho de hacerlo en la plaza pública, sino por las canales institucionales existentes y de preferencia por medio de su comandante supremo, el presidente Andrés Manuel.
Además es comprensible y aun elemental que el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Saldívar Lelo de Larrea, puntualice el papel de los juzgadores y la naturaleza del Poder Judicial que encabeza, siempre que no se convierta en recurso para rechazar críticas y observaciones fundamentadas de ciudadanos agraviados, así como de integrantes de otros poderes de la Unión por los conductos pertinentes.
Por el contrario, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación juzgó que “Ante las serias implicaciones que pueden tener las palabras expresadas esta mañana por funcionarios de otro Poder del Estado, la asociación se ve en la necesidad de aclarar que las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos humanos de las personas.”
Sí, pero la interpretación de la Constitución y el derecho humanitario la hacen personas con visiones, trayectorias e intereses específicos, no dioses que además son inexistentes. Obviaron lo principal, que la milicia no puede ni debe deliberar en política en público.
No es una novedad, por otra parte, que las bandas del crimen organizado, sean protegidas por algunos juzgadores por así convenir a sus intereses materiales o bien porque son objeto de amenazas sobre su integridad física e intelectual, así como la de sus familiares. Es una profesión sumamente riesgosa cuando se imparte justicia pronta y expedita para todos los mexicanos, los de abajo y los de arriba.
Y en colaboración institucional entre los tres poderes de la Unión por más autónomos e independientes que cada uno sea respecto del otro. Autónomos sobre todo de los poderes fácticos: económico, financiero, bursátil, religioso, mediático y criminal. Para una colaboración eficaz y respetuosa entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial por medio de sus representantes para proteger más y mejor las garantías sociales e individuales de los mexicanos. De eso se trata.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
