OAXACA, OAX., agosto 12.- Más de la mitad del territorio nacional está concesionado a empresas canadienses, estadounidenses y muy pocas nacionales para su explotación, aseveró ayer Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El funcionario federal, en la conmemoración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se celebró en Palacio de Gobierno de Oaxaca, refirió que en la página de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se refiere a un tiempo de 18 años, lo cual hace una sumatoria de 96 millones de hectáreas que están dadas a distintos proyectos.
“No sé si son vigentes pero es importante porque se refiere a un porcentaje que representa la mitad del territorio nacional”, explicó uno de los integrantes de la dependencia federal.
Martínez Veloz, dijo desconocer el monto de las ganancias, así como del número de concesionarios, lo que sí reconoció es que las utilidades son mínimas. “Las utilidades son pocas en relación con la enorme cantidad de comunidades indígenas afectados y no hay repercusión en términos positivos en cuanto a esas concesiones”, explicó.
Señaló que las empresas beneficiadas son de origen canadienses –principalmente- algunos norteamericanos, y pocos nacionales quienes llegan a explotar territorios indígenas y ejidales de este país, y lo cual ha provocado inconformidades.
Esa situación se da en diversos puntos del país como en Oaxaca, Puebla, Jalisco, Baja California, Guerrero Chiapas, en Nayarit en la zona de San Luis Potosí, “cuando se concesiona una parte tan significativa y hay muchas comunidades que no saben que sus autoridades ejidales o comunales, tienen por encima de ellos una concesión de equis tipo”.
Ante eso, se pronunció por la reforma a la Ley Minera, en virtud que ya se encuentra en el Pacto por México para modificar el artículo VI el cual establece actualmente que la actividad minera es preferente en cualquier otra, inclusive por encima de la del campo.
“Eso debe modificarse porque en ningún país puede tener más importancia cualquier otra actividad que la de producir alimentos. Cuando le damos más importancia estamos trastocando un tema de gobernabilidad y eso tiene que modificarse sustancialmente”, urgió.
Y es que dijo que en el país, cuando alguien es dueño de la concesión minera y quiere rentar la tierra, ofrece precio ridículo e inicia juicio de expropiación, con lo cual la población llega a perder su territorio.
Consideró que la ruta de salida está en la aplicación irrestricta de las disposiciones nacionales y en la disposición de la ley que debe reformarse, porque lo importante es que por medio de una consulta se respete la determinación de los pueblos, aparte de respetar la actividad agrícola en cada una de las comunidades.
Reconoció que los conflictos se han agudizado en algunos puntos del territorio nacional por antimineros, antieólicos, y quienes no quieren que se trastoquen sus recursos naturales y la afectación de su hábitat por la llegada de una empresa.
