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Por deficiente infraestructura y consenso, frenan tipificación de violencia obstétrica

OAXACA, OAX., septiembre 23.- Por falta de insumos, materiales y personal médico en la atención a mujeres embarazadas, y además, porque el tema de violencia obstétrica es controvertido con el sector salud del Estado, la tipificación de la violencia obstétrica quedará en la congeladora legislativa, anunció la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Ivonne Gallegos Carreño.

La iniciativa que forma parte de un paquete de reformas a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y a los códigos penales, se quedará en comisiones al concluir la presente legislatura. Por tanto, corresponderá a la Sexagésima Segunda Legislatura, darle cause a esa reforma.

La diputada del Partido Acción Nacional, reveló que en las mesas de diálogo no se alcanzaron el consenso para la aprobación de violencia obstétrica, porque los médicos de Oaxaca consideraron que dicha actividad se vería criminalizada sin tener los elementos humanos y materiales para atender un parto.

Entre los argumentos expuestos por los médicos, está la falta de medicamentos en las clínicas, incluso la falta de suturas o material caducado. Fue en agosto de 2011 cuando el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué envío al Congreso local las propuestas emanadas de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Y es que, de acuerdo con el informe Ciudadano elaborado por el Colectivo Huaxyacac, Justicia Ya, señala que en Oaxaca la tasa de cesáreas para 2005 era de 34.06 por ciento, pero actualmente supera el 50 por ciento y casi la totalidad de ellas se realiza con incisión vertical.

Lo anterior pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, a fin de disminuir la tasa de MM, así como las complicaciones que se pueden derivar de un procedimiento quirúrgico, que la cantidad de cesáreas practicadas en un país no exceda el 15 por ciento de los nacimientos.

En más del 60 por ciento de los partos se practica la episiotomía (procedimiento quirúrgico que agranda la abertura de la vagina durante el parto). De acuerdo con la OMS, este procedimiento puede aumentar el riesgo de contraer una infección vaginal o rectal así como traer consecuencias en la vida sexual de las mujeres.

Datos sobre la calidad de la atención en el primer nivel alertan que en 63 Centros de Salud del estado al 77 por ciento de las mujeres no se les permite estar acompañadas durante el trabajo de parto por una persona de su confianza. Mientras que al 87 por ciento de las pacientes no se les permite el consumo de agua. Ambas cifras contravienen las recomendaciones emitidas por la OMS para evitar complicaciones durante el proceso de parto.

 

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