Después de tres años de retraso, finalmente este 27 de septiembre entró en vigor el Sistema Acusatorio Adversarial, conocido también como juicios orales, en la región de la Cuenca del Papaloapan de Oaxaca. Con esto, inicia una “distinta” forma de procurar y administrar justicia penal paralelamente a la que ya se imparte en la Costa, Mixteca, Istmo, y que en el año 2014 se implementará en los Valles Centrales; posteriormente, se hará lo propio en las regiones Cañada, Sierra Norte y Sierra Sur antes de que concluya el año 2016 para así cumplir con el plazo límite de la reforma penal constitucional de 2008.
Esta relativa nueva forma de impartir justicia se sustenta en la presunción de inocencia de toda persona acusada de cualquier delito, por lo tanto, delega al ministerio público la carga de probar los hechos, concede a la víctima un rol mucho más activo al dotarle de facultades para intervenir durante el proceso, al existir salidas alternas al procedimiento permite que no necesariamente tenga que llegarse a la etapa de juicio, todas las audiencias son presididas por el juez en presencia de las partes, la medida de prisión se utiliza como medida excepcional y es “eminentemente garantista” de los derechos humanos, entre otras características.
Evidentemente que ello contrasta con el sistema tradicional de justicia, sistema inquisitivo o escrito en el que la lógica es distinta, es decir, la persona acusada debe demostrar que es inocente, existe un abuso desproporcionado de la prisión preventiva, las actuaciones de las autoridades son discrecionales y en casi todos los casos las audiencias son presididas por cualquier persona menos el juzgador, aunado a la abulia de los servidores públicos, los trámites son en extremo dilatados, el procedimiento en sí mismo es susceptible de prácticas desleales que da origen, por ejemplo, a actos de corrupción y a innumerables acusaciones prefabricadas.
Con este nuevo sistema se pretende agilizar todos los procedimientos de tal forma que en breve tiempo y en base a los principios de oralidad, concentración, inmediatez, contradicción, pueda concluirse un proceso penal ya sea mediante el juicio correspondiente o por los modos simplificados de terminación de proceso que el mismo sistema prevé. Particularmente, tiene como reto abatir el alto índice de impunidad que existe en México y Oaxaca, de acuerdo datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en todo el país se iniciaron 1,716,115 averiguaciones previas en el año 2010, por delitos del fuero común, de estos 56,846 son de nuestra entidad, sin embargo, la tasa de personas con sentencias condenatorias para el año 2011 fue de sólo 88.7 para Oaxaca, siendo los delitos más recurrentes el robo y lesiones.
Por otra parte, en base a la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE), se estima que durante 2012 ocurrieron 27,769,447 delitos, de éstos 20,991 corresponden a Oaxaca en 2011 y 18,009 en 2012. Ahora, de la totalidad de los delitos ocurridos en 2012, únicamente se denunció el 12.2 %, de los cuales el 64.7% llevó al inicio de alguna averiguación previa, es decir, representa solo el 7.9 %; esto sin tomar en consideración la existencia de una “cifra negra” donde en el 92.1% de los delitos ocurridos en 2012 a nivel nacional no hubo denuncia ni se inició averiguación previo. Los motivos principales de las víctimas para no hacerlo son circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
No obstante, de los casos denunciados ante el ministerio público, en el 53.2 % de los casos “no paso nada o no se resolvió”, en tanto que el 20.6 % está en trámite y únicamente en el 6.2% de los casos se puso a alguna persona a disposición de un juez. Por lo que hace al “percepción de corrupción”, la ENVIPE califica como los más corruptos a elementos de tránsito seguidos de la policía municipal, ministerios públicos, policía ministerial o judicial y jueces.
Aunque algunos datos no se encuentran disgregados por estado, naturalmente Oaxaca no escapa a tales consideraciones, por ello, el nuevo sistema de justicia tiene ante sí el mayúsculo reto de legitimarse ante la sociedad y presentarse como la vía idónea para hacer justiciables los derechos de las víctimas y de imputados.
El linchamiento de dos “ladrones” en la población de San Isidro La Reforma, perteneciente al municipio de Putla, Oaxaca, ocurrida en mayo pasado, no es fortuito e indica una preocupante desconfianza hacia las instituciones de procuración y administración de justicia.
En febrero de este año, una persona fue ultimada frente a su esposa pero el agresor se paseaba impunemente en la población ante la condenable inacción del ministerio público de Putla; hace más de un año, otra persona falleció en un accidente automovilístico y a pesar de que en la fiscalía de Huajuapan se conocía la identidad del conductor, la autoridad exigía a los familiares la presentación de algún testigo que lo señalara; en ambos casos, se manejó la posibilidad de un soborno de los agresores hacia la autoridad, solo así se entiende tanto impasse.
En fin, no basta con modificar el marco normativo para implementar un determinado sistema de justica si la maquinaria operadora que investiga y acusa sigue igual y que la forma de recolectar pruebas, procesarlas y presentarlas es obsoleta o deficiente.
