+ Este martes 17 de mayo entra en vigor la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, lo cual representa un reto para el sector salud, ya que deberá atender las nuevas disposiciones con lo que tiene.

Ciudad de México. 16 de mayo de 2022.- Tras meses de análisis, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma en la Ley General de Salud que establece que la salud mental y la prevención de las adicciones, será prioritaria dentro de las políticas de salud y deberá garantizarse su atención conforme a lo establecido en la Constitución Política y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Por lo anterior, las personas tienen el derecho a recibir sin distingo, los servicios médicos para el tratamiento de este tipo de trastornos desde el primer nivel de atención y en hospitales generales, cercanos a su lugar de residencia. Para ello, deberán ser informados previamente por los prestadores de servicios de salud, sean públicos o privados, y expresar su conformidad por escrito para la realización de cualquier diagnóstico o tratamiento de salud.

En situaciones en donde una persona no pueda dar su consentimiento para un tratamiento y su salud se encuentre en peligro, el prestador de servicios procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia del expediente clínico y otorgando un informe justificado ante la autoridad judicial competente.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos; y por adicción a la enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.

El nuevo ordenamiento también indica que los pacientes no deben ser sometidos a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier otra práctica que implique tratos crueles, inhumanos o degradantes. De hecho, establece que el internamiento hospitalario debe ser el último recurso terapéutico y se podrá dar siempre que se garantice el respeto a los derechos humanos de los pacientes.

La ley puntualiza que el internamiento solo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios curativos para la persona con respecto al resto de las intervenciones posibles. De ser el caso, los pacientes serán hospitalizados “por el tiempo estrictamente necesario y en el Hospital General o de Pediatría más cercano al domicilio del usuario”.

Así que no se construirán más hospitales psiquiátricos y los que ya existen se convertirán, de manera progresiva, en centros ambulatorios u hospitales generales con servicios de salud mental. Con ello se elimina el modelo psiquiátrico asilar.

Sin embargo, la falta de recursos humanos para atender estas problemáticas de salud será todo un desafío, sobre todo en comunidades en donde no existe personal capacitado.