Diario Ejecutivo
Se trata de una especie golpe jurídico a un telepresidente, una telebancada y dos televisoras que han sido acusadas de realizar telemontajes.
El hecho es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la totalidad de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2017 (conocidas como Ley Televisa II), por el desaseo legislativo en que incurrió el Senado en 2017 para su aprobación.
Sin entrar de lleno al contenido de los derechos de las audiencias y de la obligación de diferenciar los contenidos de opinión de los informativos, la Corte demostró que la calidad legislativa y democrática al aprobarse esa ley fue prácticamente nula.
En la Cámara de Diputados la Ley Televisa II fue aprobada en siete minutos con el aval de 288 votos en favor, 114 en contra, 18 abstenciones y sin darle lectura previa y en el Senado de la República, en lo general y en lo particular, con 72 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones, “durante una tarde, acomodado de último momento y sin haber dejado transcurrir las 24 horas para conocimiento del dictamen, adicionado a que se dispensó su lectura, por lo tanto, se puede demostrar que se afecta la calidad democrática que debe llevar toda discusión, cuando se trata de aprobar leyes”, explicó uno de los magistrados.
La Ley Televisa II, en los hechos, eliminó los códigos de ética de los concesionarios de radio y televisión y dejó sin respaldo jurídico a los defensores de la audiencia, que un año antes, en 2016, habían sido reconocidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tras unas lucha de más de 40 años por parte de quienes considera(mos)n que los medios deben tener obligaciones ante su auditorio.
La ley Televisa II, para dejar sin efecto los derechos de las audiencias fue aprobada en un momento muy específico del país en el que existía un telepresidente (como catalogó Jenaro Villamil en 2015 a Enrique Peña Nieto), una telebancada (que llegó a tener más legisladores que algunos partidos) y varios telemontajes.
Nada más para dar una idea de quienes fueron los legisladores que promovieron la Ley Televisa II para derogar los derechos de las audiencias, aquí van algunos nombres: Jorge Mendoza (PRI), Patricio Flores (PRI), Enrique Cárdenas (PRI), Luis Alejandro Capdeville Flores (PRI), Ana Guadalupe Ingram Vallines (PRI), Rubén Acosta (PVEM), Antonio Cuéllar Steffan (PVEM), Mónica García de la Fuente (PVEM), Federico González Luna (PVEM), Laura Ximena Martel (PVEM), Javier Orozco Gómez (PVEM), Arely Gómez (PVEM), Ninfa Salinas (PVEM), Juan Gerardo Flores (PVEM), Luis Armando Melgar (alianza PRI-PVEM), Carlos Puente Salas (PVEM) y Alejandro Puente (Movimiento Ciudadano).
Todos ellos ligados a Televisa y TV Azteca como directivos de esas televisoras o incluso como familiares de los dueños, o vicepresidentes, y hasta trabajadores de los sindicatos de las empresas. Fueron comandados por Emilio Gamboa Patrón, quien como secretario de Comunicaciones y Transportes favoreció a Televisa con varias concesiones.
La decisión de la Corte del lunes fue antecedida por otro falló del máximo organismo judicial del país de enero pasado, en el cual la Primera Sala amparó al Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos y exigió al Congreso de la Unión enmendar la Ley Televisa II, para retomar la facultad del Estado y normar varios aspectos. Específicamente, por unanimidad, sentenció que debe definirse que los programas informativos de radio y televisión distingan claramente entre información y opinión y los derechos de las audiencias no puedan normarse por los códigos de ética emitidos de manera arbitraria por las empresas del sector.
Ahora, la Corte le dio la puntilla a la reforma de Enrique Peña Nieto que delegó en los concesionarios el papel que debería cumplir el Estado y dejaba en manos de empresarios (y de periodistas) algunos de los derechos que deben ser de la sociedad y no de particulares.
Una de las cuestiones interesantes es que este fallo de la Corte llega en el momento en que se dirimen tres asuntos mediáticos: el juicio en Estados Unidos a Genaro García Luna, la serie de Netflix sobre el caso Cassez-Vallarta y la demanda de Sandra Ávila Beltrán (la Reina del Pacifico) contra Netflix y Telemundo para exigir regalías de 40 por ciento por la transmisión de la serie La Reina del Sur.
¿Qué tienen que ver estos tres casos con la decisión de la corte? Concretamente que los tres están relacionados con hechos en los cuales las televisoras actuaron sin tomar en cuenta los derechos de las audiencias.
En el caso de Genaro García Luna se han documentado que muchos de sus llamados “logros” cuando fue secretario de Seguridad fueron nada menos que telemontajes o por compra de voluntades periodísticas.
En lo que se refiere a la serie de Cassez-Vallarta (que se encuentra como una de las más vistas en Netlfix) se demuestra precisamente como fabricaron un telemontaje que incluso llegó a afectar las relaciones diplomáticas entre Francia y México. (Personalmente me gustó más la novela, aunque la serie incluye algunas novedades como las declaraciones del expresidente francés Nicolas Sarkozy en el sentido de que Felipe Calderón no tomaba decisiones sin consultarlas antes con García Luna.)
En lo que se refiere a la demanda de Sandra Ávila, existen muchos detalles de esta mujer (recientemente liberada) que supuestamente fueron tomados por Arturo Pérez Reverte para su obra “La Reina del Sur” que da origen a la serie del mismo nombre difundida por Netflix y Telemundo.
Según Ávila, ella fue “la primera persona que él (Felipe Calderón con el apoyo de García Luna) detuvo en su sexenio y me fabricó un delito para poder sentirse un buen Presidente o buen mexicano cuando él colaboraba con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de la fortuna que tiene ahora”.
Del caso de Cassez cada día salen nuevos detalles de cómo fueron engañadas las audiencias con los telemontajes. Del de Ávila habría que ver cuántos fueron montajes (incluso en forma de novela) y cuales fueron reales, por lo que de alguna manera, la audiencia también fue engañada en ese affaire. (¿Se utilizó la ficción para generar una realidad y un logro policial?)
Por eso y por muchas otras razones, como las falsas noticias que aparecen de repente en algunas televisoras, es bienvenida la decisión de este lunes de la Suprema Corte de Justicia. Ahora (¿otra vez?) el Poder Legislativo tendrá que reponer una Ley de Radio y Televisión que esté fuera de la influencia de un telepresidente, una telebancada y muchos telemontajes.
Dice el filósofo del metro: Urge separar la realidad de la teleficción que muchos confunden.
Roberto Fuentes Vivar
Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”.
Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.
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