MÉXICO, DF., enero 12.— José Alejandro Bautista Peña es un personaje peculiar del barrio popular El Xitle de la delegación Tlalpan, sencillamente porque se formó como un hombre de cultura.

Lo mismo es lector de “Huatulqueños”, esa atinada novela de Leonardo da Jandra, que de “El diccionario del diablo”, aquella sarcástica obra de Ambrose Bierce, por mencionar al azar sólo dos volúmenes de su rica y vieja biblioteca, herencia de su padre, librero de oficio.

Igual es amante de los paseos lúdicos por el viejo centro de Coyoacán, que organizador de torneos de ajedrez en barrios populares.

Pero, sobre todo, es adicto al humor satírico, a la actuación, al teatro, a la comedia, a su tocayo Alejandro Jodorowsky.

Por gajes del oficio, alguna vez participó en alguna de esas películas cómicas de María Elena Velasco y otras ocasiones en los sketches de Miguel Galván (qepd), pero sobre todo ha laborado como comediante en foros culturales de la ciudad de México, el Festival Cervantino, Estados Unidos y Cuba.

Ahora, Alejandro Bautista es un hombre de cultura condenado a cinco años y nueve meses de prisión, simplemente porque de un tiempo para acá se volvió activista en la defensa de diversas causas y, el 2 de octubre de 2013, documentaba en video la marcha estudiantil conmemorativa del aciago año de 1968.

Manifestación en la que fue detenido y acusado de “arrojar un objeto anaranjado apto para lesionar policías”, con el agravante de pandilla.

Y “el pasado 6 de diciembre, el juez 40° penal del Distrito Federal dictó sentencia de cinco años y nueve meses al actor, comediante, fotógrafo y promotor cultural José Alejandro Bautista Peña, en la causa penal 2362013”.

De acuerdo con el Plantón de Padres de Familia y Amigos de los Detenidos del 2 de Octubre en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, empero, “no existe prueba alguna que incrimine a Alejandro Bautista de los delitos de que es acusado. En cambio, sí hay diversos elementos de prueba que demuestran su inocencia” al respecto.

“Alejandro Bautista fue detenido por policías vestidos de civil cuando documentaba la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968 —prosiguen aquéllos—. No portaba ningún arma y no violentó a ninguna autoridad.

“Hay inconsistencias en el modo y lugar de su detención y éstas son evidentes en todos los videos que existen al respecto”. En ellos “se le observa caminando solo con su cámara de video por la calle de Bucareli, cuando un agente lo toma por la espalda y luego llegan otros y entre todos se lo llevan con violencia del lugar.

“En los videos se demuestra que no se configura el agravante de pandilla, pues Alejandro Bautista acudió y permaneció solo durante la marcha. Además, no coincide el lugar ni hora de la detención y nunca realizó los hechos que se le imputan.

“Esta es una alerta roja respecto al sentido en que el juez 40° penal —exponen dichos Padres de Familia y Amigos de los Detenidos en el Reclusorio Norte— podría dictar las sentencias en los expedientes 2352013 y 2382013, en los que se procesa a Iribar Ibinarriaga Ramírez, José Daniel Palacios Cruz —guitarrista de las bandas de rock Cavernarios y Telekrimen—, Adrián Gutiérrez Miguel, Ilia Adad Infante Trejo, Víctor Efrén Espinoza Calixto, Salvador Reyes Martínez y, por otra parte, Abraham Cortés Ávila, quienes al igual que Alejandro Bautista fueron detenidos en la marcha del 2 de octubre de 2013”.

La situación se presenta en tiempos en que, como publicó Sin Embargo MX (http://www.sinembargo.mx/01-01-2014/860403), de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en el año 2013 el DF fue la entidad que más agresiones registró contra periodistas y personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión con 123, seguida por Oaxaca, con 50, y Veracruz, con 43.

Amén que, según el organismo citado por Sin Embargo MX, aunque las agresiones en el DF no son las más graves, generalmente se trata de ataques físicos y materiales en contextos de manifestaciones sociales en la Ciudad de México, lo cual es de alta preocupación, pues puede constituir el inicio de una política de criminalización de la protesta social y el derecho a informar, a la libre reunión y a la manifestación.