El caso de Esperanza Reyes, quien estuvo en prisión 34 meses por circular un billete falso de 100 pesos y ayer fue preliberada por la Secretaría de Gobernación, es un ejemplo de otros casos en el país: la PGR reconoce que existen 196 juicios concluidos o en proceso similares al de la mujer, de los cuáles 20 están en prisión por pagar tan sólo con un billete falsificado.
Información del Banco de México muestra que la circulación de papel moneda falsa va en aumento. Al menos en 2013, se estima que circularon 90 millones de billetes falsos. El repunte inició en 2008. Entre 2011 y 2012, el fenómeno creció 17 por ciento, y de 2012 a 2013 se calcula que aumentó 20 por ciento.
De los juicios concluidos o cerrados por este delito, en 176 casos las personas intentaron distribuir más de tres billetes apócrifos. La pena por este delito es de cinco años de prisión y una multa económica.
Como Esperanza Reyes, está el caso del señor David Herrera Martínez, de 46 años y originario de Guadalajara, Jalisco, quien actualmente está preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande.
El hombre, un vendedor de mariscos, intentó pagar un sombrero de paja con un billete de 500 pesos, en el tianguis del municipio de Ocotlán. Los vendedores, al reconocer el billete como falso, llamaron a la policía y fue detenido.
Aunque en su declaración señaló que el billete le fue entregado por un cliente, Herrera Martínez continúa en el mismo penal dónde estuvo preso -y después huyó- el narcotraficante Joaquín Loera “El Chapo” Guzmán.
El caso de Esperanza
Cien pesos. De esa cantidad era el billete con el que Esperanza Reyes quiso pagar una libreta en una papelería. Y aunque el papel con el rostro del emperador Cuauhtémoc resultó falso, adquirió un costo altísimo para la mujer: pasar 34 meses de su vida en prisión, incluidas las Islas Marías. Pero ayer, tras una campaña en internet para solicitar el indulto presidencial a su favor, la Secretaría de Gobernación le dio el beneficio de la preliberación, debido a que su proceso judicial estuvo marcado por anomalías.
La historia de Esperanza -46 años, indígena, analfabeta, trabajadora doméstica, con una hija de 10 años y un hijo de 7- inició el domingo once de marzo de 2011, en la capital de San Luis Potosí.
Tras ser acusada por circular un billete falsificado, la maquinaría del sistema judicial se puso en marcha. El día 12 la PGR la consignó a un juez federal. El 13 le tomaron la declaración preparatoria, con apoyo de un defensor de oficio. Y para el día 14, el juzgador le dictó auto de formal prisión. Ocho meses después llegó la sentencia: cinco años de prisión. Un lustro de vida por cien pesos que no eran pesos.
Uno de los abogados que tomó su defensa a través de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, cuenta las omisiones en el caso de Esperanza: nunca se tomó en cuenta su situación social, había contradicciones en el expediente y el defensor de oficio técnicamente no existió.
“Lo más grave fue la violación a sus derechos humanos. Hubo una nula defensa del defensor de oficio. Es un expediente plagado de contradicciones e inconsistencias. Jamás se tomaron en cuenta sus circunstancias personales, la situación económica y social de Esperanza”, explica De la Garza.
Preliberación
El 13 de enero pasado, la Barra lanzó la petición de indulto presidencial a través de la plataforma www.change.org, animados por el caso del profesor chiapaneco Alberto Patishtan, quien recibió la amnistía en diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ayer, el caso de Esperanza llevaba 18 mil 940 firmas de apoyo.
Tras difundirse la historia, el caso de Esperanza llegó a manos de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, y de Humberto Castillejos, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a fin de que se analizara la viabilidad del indulto.
