Utopía
La Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas), bajo la conducción de Anne Milgram, retrocede en medio de omisiones serias, conflictos de intereses, asignación de contratos en forma directa y ejercicio presupuestal sin la comprobación indispensable; mientras la directora jura y perjura que las operaciones antinarcóticos, en particular contra las metanfetaminas y el fentanilo que priva de la vida a más de 100 000 jóvenes estadunidenses al año, “son críticas para derrotar esta amenaza”, en el caso mexicano con los autodenominados cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación –que operan en 40 países–, por medio de las 11 oficinas de la DEA en México y 92 en la aldea global.
El “escándalo” mediático más reciente lo dio a conocer Associated Press. Entrecomillado que muestra que más bien es un deseo porque la estructural hipocresía siempre culpa a otros países, gobiernos e ideologías de los problemas que padece USA y el gravísimo tema de la adicción a los narcóticos prohibidos no tendría por qué ser la excepción. Tanto es así que ya forma parte de su geopolítica y del arsenal intervencionista en los países en vías de desarrollo, en particular de América Latina y el Caribe.
Se trata, en síntesis, de que los directivos de la DEA ignoran a un juez al permitir a uno de los mayores distribuidores de fármacos de Estados Unidos seguir vendiendo analgésicos adictivos durante casi cuatro años, a pesar de la recomendación judicial de retirarle la licencia por su indiferencia negligente ante miles de pedidos sospechosos que alimentan la crisis de los opioides.
La AP reporta que la DEA no respondió a las preguntas que reiteradamente le formuló sobre la forma en que manejó el caso de Morris & Dickson Co, ni la participación de un consultor de alto perfil que la empresa contrató para evitar sanciones y quien ahora es el segundo al mando de la directora de la DEA, Anne Milgram.
A juicio de la principal agencia informativa del orbe, el retraso suscita dudas acerca de cómo esa puerta giratoria entre el gobierno y la industria farmacéutica puede estar afectando a la misión de la DEA de vigilar a las empresas del ramo, señaladas de ser responsables de cientos de miles de muertes de estadunidenses por sobredosis.
Legisladores de Estados Unido harto demagogos, del tipo de John Kennedy, que todo lo simplifican como simplón es su perfil y responsabilizan a los gobiernos de México y de la República Popular China por el creciente consumo de fentanilo y su consecuente mortandad juvenil, porque según ellos proviene de ambos países, cuando en el caso mexicano es falso porque no produce el precursor químico que se requiere. Está documentado que buena parte del fentanilo es introducido vía Canadá y por varios estados de la Unión Americana que no tienen frontera con México.
Para Craig Holman, experto en ética de la organización de vigilancia Public Citizen, con sede en Washington, “Si la DEA hubiera emitido su orden de manera oportuna, uno podría creer que su segundo al mando no estuvo involucrado, a pesar de un evidente conflicto de intereses… El simple hecho de que su acción se haya retrasado cuatro años sólo genera señales de alerta. Pone todo el proceso bajo sospechas graves”.
La semana anterior, después de que Ap se acercó a la DEA en busca de comentarios, la agencia rompió el silencio sobre el tema y notificó abruptamente a Morris & Dickson que decidió revocarle su licencia para distribuir sustancias controladas. Sin embargo, aún no se ha publicado ninguna orden definitiva.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
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