MÉXICO, D.F., marzo 10.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) envió en una carta dirigida Enrique Peña Nieto observaciones con perspectiva de género, sobre algunas disposiciones consideradas en el Código Nacional recién publicado, con la finalidad de que, en concordancia con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Desarrollo, puedan proponerse las modificaciones pertinentes, considerando la vacatio legis establecida para la entrada en vigor de dicho Código, toda vez que ya no es procedente la facultad de emitir observaciones a una ley previo a su publicación de conformidad con el artículo 72, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En dicha carta se manifiesta las consideraciones que especifican que el Código Nacional de Procedimientos Penales no cumple con los criterios establecidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, así como de observancia a lo señalado por las sentencias internacionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género, los derechos de las mujeres y menores, grupos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre las preocupaciones que manifiestan las integrantes del Observatorio se encuentran: los procesos de conciliación en casos de violencia contra las mujeres; la falta de protocolos de investigación con perspectiva de género, la falta de consideración en los delitos graves al no considerarse la violencia sexual y el feminicidio como delitos graves por su naturaleza, por lo cual deja a la interpretación del operador jurídico poder llevar a cabo juicios abreviados en este tipo de casos; entre otras observaciones que se detallan en la carta.

Por lo anterior, las organizaciones del Observatorio exigen a Presidencia, tenga en consideración las observaciones descritas, con el fin de que pueda impulsarse un proceso de armonización del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en las Leyes y Tratados Internacionales en materia de género y derechos humanos, así como en el Plan Nacional de Desarrollo que rige su gobierno.