Utopía
En la recta final del sexenio de cinco años y 10 meses, el presidente Andrés Manuel asume con todas sus letras que los altos índices de extorsión, “uno de los que más daño hace a los mexicanos” y el “único en el que no hemos podido lograr una disminución”, quedará como una asignatura pendiente.
Tardó demasiado en reconocerlo, pero es entendible porque de hacerlo dos años antes, sus aseveraciones serían buen material para las oposiciones mediáticas, empresariales, partidistas y religiosas con la vista puesta en el pasado 2 de junio. Pero tampoco se puede asegurar, pues siendo el de la inseguridad pública uno de los temas que más preocupa a las mayorías, la dirigencia y candidatos de Fuerza y Corazón por México optaron por la propaganda negra y el bombardeo con decenas de millones de bots para presentar al presidente y la hoy virtual presidenta electa como “narcopresidente” y “narcocandidata”, lo que tuvo como prólogo el artículo del New York Times y el libelo de Anabel Hernández con los resultados conocidos y se resumen con el vocablo fracaso. No hubo quien les dijera, citando al clásico: “Es la inseguridad, estúpido”.
De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión, considerada como un delito de alto impacto, la comete “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial…”
A partir de que los denominados cárteles de las drogas ilícitas diversificaron sus actividades, se generalizó la extorsión. Sin embargo, en buena parte de las grandes empresas (lícitas) era una práctica ordinaria. Alguna ocasión, en el Grupo María Cristina, me platicó un destacado dirigente del Partido de la Revolución Democrática que a Graco Ramírez, gobernador de Morelos durante 2012-2018, Televisa le pedía 300 millones de pesos para bajarle a la campaña “informativa” sobre la inseguridad en el estado.
Desconozco los datos sobre la extendida práctica de la extorsión telefónica que también se práctica desde las cárceles y es casi imposible cuantificarla, pero hasta hace tres años recibí llamadas diarias y la Asociación de Bancos de México y las autoridades del ramo no hacen nada sustantivo para orientar a los cuentahabientes, de los que obtienen inmensas ganancias los insaciables banqueros. Es decir, el problema tiene una buena dosis de carencia de información y hasta de educación para protegerse de las extorsiones que están a la orden del día en internet.
El problema, entonces, rebasa y con mucho a las autoridades federales, más aún cuando gobernadores, alcaldes y burócratas de la política convirtieron en ordinaria la práctica de “nadar de muertito” al responsabilizar al titular Ejecutivo hasta de los delitos del fuero común que se cometen en las localidades. El argumento resulta hilarante: “López Obrador es el que conduce el automóvil”.
Tampoco son satisfactorios los resultados en materia de homicidios. En el primer semestre de 2024 el promedio diario de 81 homicidios dolosos en el país creció 2% respecto al año pasado, al pasar a 83, lo que muestra una reversión en la tendencia a la baja que había tenido durante el gobierno del presidente Andrés Manuel.
Lo que resulta poco o nada comprensible es que la secretaria de Seguridad Publica, la muy competente Rosa Icela Rodríguez, en sus ratos libres atienda tareas ajenas a su vital sector, como son las Tandas del Bienestar, el programa para regularizar automóviles estadunidenses en México y el combate a la corrupción en el ISSSTE.
Eduardo Ibarra Aguirre
Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68).
Colaborador desde el 12 de abril de 2021.
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