Diario Ejecutivo
Este martes fue un día especial en materia de corrupción de la iniciativa privada, pues se dieron a conocer dos casos que podrían ser muy sintomáticos de cómo los empresarios se coluden entre ellos mismos o con el Poder Judicial.
El primer caso es que el Bufete Jurídico Esquer emitió este martes un comunicado de prensa en el que acusa al expresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, de coludirse con el Poder Judicial para evadir el pago de deudas.
Jaime Esquer, apoderado legal del despacho jurídico, dijo que “es muy grave que este nivel de corrupción y fraude haya llegado hasta un directivo que presidió la Asociación de Bancos de México” y aseguró que se realizaron diversos actos ilegales en colusión con el Poder Judicial.
El documento señala textualmente: “El despacho legal Bufete Esquer acusó a Banca Mifel de haber realizado actos de corrupción con miembros del Poder Judicial, quienes habrían falsificado documentos con el objetivo de evitar el pago de honorarios por parte de la institución bancaria”.
La historia del caso es que hace 10 años, Bufete Esquer demandó ante un juez un pago de honorarios a Banca Mifel, ya que evadió el cumplimiento de dicha obligación por servicios legales brindados. “A pesar de haber obtenido sentencias favorables en todas las instancias legales, Bufete Esquer se ha enfrentado a múltiples obstáculos que ha puesto Banca Mifel para no cubrir el pago”.
Ante la negativa del banco, que dirige Daniel Becker, el bufete obtuvo una orden de embargo. Cuando estuvo a punto de ejecutarlo “de la nada apareció en el expediente del caso un supuesto acuerdo presuntamente fraudulento, ejecutado por Banca Mifel y sus abogados, en el cual Bufete Esquer habría dado por cubierto el pago de los honorarios adeudados”.
Este supuesto acuerdo se presentó a través de un escrito apócrifo, que muestra, inconsistencias como tener la firma electrónica del SAT de Jaime Esquer, apoderado legal del despacho, quién afirma jamás haber utilizado esa firma para actuar en expedientes judiciales. O que el documento no lleva el membrete del despacho y tiene un formato totalmente distinto al que se usa en Bufete Esquer.
Sin embargo, la juez Sandra Luz Díaz Ortiz, del juzgado 44 civil, en posible colusión con el banco, aceptó el escrito y dio por terminado el conflicto. Esto significa que la juez validó documentos falsos.
“Estos presuntos actos de corrupción constituyen una violación delicadísima al estado de derecho, más aún cuando el país vive un proceso de depuración, renovación y combate a la corrupción en el Poder Judicial”, dice el comunicado.
El Bufete informó que estudia las acciones legales correspondientes no solo para obtener el cumplimiento del pago por su trabajo, sino también para que los actos de corrupción e ilegalidad de Banco Mifel no queden impunes.
Colusión costó dos mil 316 mdp
El otro es que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una acción colectiva contra las principales empresas distribuidores de medicamentos, a las que exige un pago por reparación de daños por dos mil 316 millones de pesos.
La acción colectiva es en contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, que acordaron durante 10 años no distribuir medicamentos durante ciertos días del año; limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias; manipular los precios de venta y limitar los descuentos a las farmacias.
La Cofece indicó que tanto la Asociación, como las tres distribuidoras de fármacos realizaron conductas que dañaron seriamente al sector de la salud pues “redujeron la disponibilidad y aumentaron los precios de los medicamentos en el país”.
En la demanda, solicitó al Poder Judicial que los recursos se destinen al IMSS-Bienestar, de manera que sirvan para atender la salud de todas y todos los mexicanos, que fue el sector donde se sufrió el perjuicio.
Recordó que en 2021, sancionó a varias empresas y a 21 personas físicas por 903.4 millones de pesos, la multa máxima que en este caso permitió la ley. Adicionalmente, inhabilitó a diez directivos involucrados en los acuerdos anticompetitivos.
Las empresas distribuidoras de medicamentos castigadas en ese momento fueron: Casa Marzam (Marzam), Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas. Tres de ellas se encuentran en la nueva decisión de la Cofece.
En la nueva demanda, destacó que se busca que los recursos que se recuperen se dirijan al sector público por que los hogares más pobres gastan un mayor porcentaje de su ingreso en medicamentos, por lo que los sobreprecios afectan más a quienes menos tienen.
Los dos casos demuestran la corrupción de la iniciativa privada, incluso contra los mismos empresarios, apoyada por el Poder Judicial.
Dice el filósofo del metro: Cuando el Poder Judicial se casa con el Poder Económico la sociedad padece.
Roberto Fuentes Vivar
Columnista y periodista fundador del UnoMásUno y la Jornada. Estudió Periodismo en la reconocida escuela Carlos Septién García y cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es periodista independiente, conocido como “El Filósofo del Metro”.
Colaborador desde el 6 de marzo de 2022.
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