La conmemoración del día Internacional de los Pueblos Indígenas, instituida por la ONU, que se celebra cada 9 de agosto, constituye una oportunidad para insistir en la visibilidad de los problemas que registra este sector de la población, que en un estado como Oaxaca constituyen alta proporción, más del 35 por ciento, respecto al promedio nacional del 7%.

En su mensaje alusivo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo que para los pueblos indígenas “las injusticias históricas han resultado en exclusión y pobreza. Las estructuras de poder han creado y siguen creando obstáculos al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación” (La Jornada, 9/08/14).

Agregó que para promover el desarrollo de los pueblos originarios en el mundo es preciso adoptar un nuevo acuerdo jurídico sobre el tema, que en verdad se lleve a la práctica, admitiendo que varios países tienen marcos constitucionales y legislativos en los que se reconoce a los pueblos indígenas, pero que no se aplican.

Seguramente se refería al cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, signado por México hace 24 años y que entre los puntos manejados puede destacarse el correspondiente al derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el desarrollo de proyectos que los involucran.

El cumplimiento del derecho a la consulta debería hacerse realidad, ya que implicaría el reconocimiento de lo pueblos indígenas en su libre determinación y la disminución de conflictos por territorios que en la actualidad se agudizan; sin embargo, la tendencia va en sentido contrario, la relación del estado con los pueblos indígenas sigue una lógica de imposiciones, despojo, exclusión, discriminación y racismo con la lógica “de que los pueblos no saben lo que les conviene”.

En contra de los discursos de buenas intenciones, en los hechos el racismo se ha convertido en política de Estado, a tal grado que el predominio de la pobreza tiene rostro: es indígena.

De acuerdo con el estudio La pobreza en la población indígena (2014), presentado por el Coneval hace dos días, “el porcentaje de población hablante de lengua indígena (HLI) que se encontraba en pobreza en 2012 casi duplicaba al de la población no hablante (76.8 frente a 43.0 por ciento) y el de población en pobreza extrema fue casi cinco veces mayor (38.0 frente a 7.9 por ciento)”.

Y prosigue “la mitad de la población hablante tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, contrario a 17.9 por ciento de población no hablante en la misma condición”. Eso solo puede ser resultado de políticas públicas racistas.

Los datos duros no son meras abstracciones, hablan de personas con nombres, con apellidos, con afectos, con inteligencias, con esperanzas, las cuales ha ido quedando fuera del modelo de desarrollo y de las pretendidas políticas de bienestar del estado mexicano.

A lo largo del documento de 157 cuartillas, las categorías de análisis sobre carencias sociales y económicas, educación, salud, alimentación, ingreso, muestran un desempeñó diverso; sin embargo, es importante resaltar que, en todos los casos, existen diferencias importantes entre hombres y mujeres que reflejan un menor acceso a la educación de éstas últimas y que, por lo visto, se relaciona de alguna manera con la pertenencia indígena.

La conclusión del trabajo de Coneval se expresa en los siguientes términos: “El análisis de la situación de pobreza de los municipios de acuerdo con la presencia de población indígena en ellos muestra que, efectivamente, existe una relación directa y positiva entre la pobreza y el volumen de la población indígena.

Mientras que en los municipios con escasa presencia indígena, cuatro de cada diez habitantes se encuentran en pobreza, en los municipios indígenas esta situación alcanza a casi toda la población: nueve de cada diez personas son pobres. De la misma manera, en municipios donde la población indígena es mayor, la mitad de esta experimenta una extrema pobreza”.

Los diversos indicadores de la pobreza también pueden asociarse a una mayor tendencia a la violación de derechos de los pueblos indígenas, por lo que es importante insistir en ¿qué pasa con los derechos de este sector de población que no tiene acceso a un ingreso digno? ¿Qué pasa con quienes no tienen acceso a una alimentación de calidad o servicios básicos elementales? ¿Cómo llegamos a esta situación de profunda inequidad social?

Como resultado de un proceso colonial, de una larga historia que tiene como remate el quehacer de los gobiernos posrevolucionarios, incluidos los de la alternancia.

Los datos duros nos muestran de manera contundente una historia de discriminación, el fracaso de varias décadas de política social de los gobiernos posrevolucionarios y del mito de la idea de desarrollo igualitario e incluyente.

¿Cómo revertir los rezagos? Seguramente, como menciona el Secretario General de la ONU, una de las claves se encuentra en el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

* IISUABJO. Investigador Nacional Conacyt.

sociologouam@yahoo.com.mx