OAXACA, OAX., agosto 29.- Sin mencionar nombres, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, acusó que servidores públicos y particulares que hacen política en la entidad “pretenden descarrilar el proceso de alternancia y transición democrática de Oaxaca, desestabilizando las instituciones para generar encono entre sociedad y gobierno”.
Durante su mensaje político, en el segundo informe anual de actividades correspondiente al periodo de mayo de 2013 a mayo de 2014, el Ombudsman estatal dijo:
“Hoy es claro que tanto particulares como servidores públicos de distintas geometrías políticas, incluidos funcionarios que participan en la política doméstica de Oaxaca, buscan desestabilizar a las instituciones y apuestan a generar encono de los gobernados hacia los gobernantes.
“Es un intento claro por descarrilar el avance democrático, obtener de regreso sus antiguos fueros e imponer a nuestra sociedad el oscurantismo autoritario basado en la persecución, las desapariciones forzadas, el encarcelamiento y el asesinato por motivos políticos, en el que las únicas prerrogativas ciudadanas sean callar y obedecer”, completó.
Ante el gobernador Gabino Cué Monteagudo y los integrantes del Consejo Ciudadano de la DDHPO, denunció que “el objetivo es frenar la transición e impedir el avance de la protección de los derechos humanos” (sic).
Alertó que ese escenario implicaría un grave problema, no sólo de gobernanza, sino también de seguridad.
En claro apoyo al gobierno de Cué Monteagudo, Peimbert Calvo insistió en que “descarrilar la democracia oaxaqueña pone en riesgo la estabilidad del país”.
Escuchaban los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Jesús López Rodríguez y Alfredo Lagunas Rivera, respectivamente, cuando el Ombudsman señaló que “durante el segundo año de trabajo de la Defensoría el Estado estuvo inmerso en permanente conflictividad social que fue provocada en varios casos y derivaron en violencia para quebrantar la institucionalidad y violaciones a los derechos humanos”.
Sin dar nombres, cuestionó que los actores políticos, particulares y funcionarios “echaran mano de la bandera de los derechos humanos como recurso para minar el Estado de derecho, en un intento de recobrar antiguos fueros e imponer de nuevo a la sociedad el oscurantismo autoritario basado en la persecución, las desapariciones, el encarcelamiento y el asesinato por motivos políticos”.
Luego, hizo un llamado a las y los funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas a consolidar la alternancia y construir la transición.
Convocó también a toda la ciudadanía a establecer un pacto comunitario por los derechos humanos y asumir a la Defensoría “como un espacio en el que de manera conjunta podemos frenar cualquier intento de regresión”.
ASIGNATURAS PENDIENTES Y MÁS DINERO
En contra parte, Arturo Peimbert Calvo no negó las asignaturas pendientes y que la DDHPO necesita mejorar aceleradamente.
Consideró que es necesario actualizar al personal en materia de derechos humanos, hacer funcional la operación de las defensorías especializadas y mejorar la atención a las víctimas, aunque “esto será insuperable si no hay un aumento significativo de los recursos económicos asignados al funcionamiento de la institución”.
Entre los logros de la institución en este segundo año, Peimbert resaltó el hecho de que una instancia jurisdiccional reconsiderara su determinación con base en una perspectiva de derechos humanos sobre el caso de una menor que fue enviada temporalmente a un albergue para preservar su integridad.
En este caso, reconoció el papel de los medios de comunicación y la disposición del Poder Judicial del Estado.
Afirmó que en dos años de gestión al frente de la DDHPO, se fortalecieron acciones preventivas para el respeto de los derechos humanos mediante acciones de investigación, educación, promoción y difusión de los derechos de personas privadas de su libertad y con discapacidad.
Dio a conocer que se creó el Centro Integral para la Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, con lo que se incrementó en 70 por ciento el patrimonio edificado por la Defensoría.
AUTORIDADES MUNICIPALES PRINCIPALES VIOLADORES DE DH
Peimbert Calvo reportó que las autoridades municipales son las principales violadoras de los derechos humanos en Oaxaca, y en segundo lugar se encuentra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), seguida de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el IEEPO, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que sumaron entre todas un total de dos mil 571 expedientes de queja.
De 2013 al 2014 se iniciaron dos mil 928 expedientes de queja que, junto con los que ya estaban en trámite y anteriores, suman un total de tres mil 948 presentadas por hombres, mujeres, personas menores de edad, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y grupos sociales.
De estos caso se concluyeron 2 mil 637, y mil 311 continúan en trámite.
Igualmente, se emitieron ocho alertas tempranas en aspectos relacionados con la salud por carencias en la red obstétrica, por daños a la educación debido al retraso del inicio del ciclo escolar 2013-2014, conflictos poselectorales, agresiones a periodistas, por el riesgo de lesionar el derecho de la sociedad a estar informada y por conflictos territoriales y agrarios.
Se dictaron 575 medidas cautelares para proteger los derechos de personas o colectividades que estuvieron en situación de riesgo inminente de violaciones graves a los derechos humanos o de daños irremediables derivados.
Señaló que la mayoría de las solicitudes de medidas cautelares fueron dirigidas a Ayuntamientos, PGJE, SSP y al IEEPO.
Las principales solicitudes fueron para poner en libertad a personas detenidas ilegalmente, evitar amenazas a la seguridad de las personas y cometer acciones sin mandato judicial o de autoridad competente, salvaguardar derechos de personas en situación de reclusión y continuar con la prestación de servicios públicos, como el del agua potable.
Peimbert Calvo resaltó que durante este periodo se formularon 182 propuestas de conciliación de 212 expedientes, de los cuales 165 fueron aceptadas por las instancias señaladas, se cumplieron totalmente 75 acuerdos y siguen pendientes 107 más.
Refirió que durante este periodo se emitieron 15 recomendaciones a autoridades municipales de la Ciudad de Oaxaca, San Juan Azolotepec, Santiago Amoltepec, Tlaxiaco y Reyes Etla, así como al IEEPO, Junta de Arbitraje para Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, PGJE, SSP, Secretaría de Asuntos Indígenas y SSO.
Respecto a los proyectos de explotación minera, instalación de proyectos de generación de energía eólica y construcción de la presa Paso de la Reina, el Ombudsman estatal dio a conocer que en diferentes regiones del Estado se han registrado casos de inconformidad, enfrentamientos y denuncias sobre la falta de consulta o la realización de consultas amañadas, además de agresiones y amenazas contra defensores y defensoras civiles y comunitarios de derechos humanos.
En su informe, el Defensor refirió también que el organismo a su cargo realizó dos diagnósticos: uno sobre la situación que guardan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y el segundo sobre el ejercicio de los derechos de comunicadores y comunicadoras en el estado, que será dado a conocer en breve.
