OAXACA, OAX., septiembre 22.- Autoridades de la Agencia Municipal de Reyes Mantecón advirtieron este lunes que tomarán y cerrarán de forma definitiva Ciudad Judicial –construido en inmediaciones de esa población– por incumplimiento del Gobierno del Estado en la construcción de una planta tratadora de aguas residuales y el pago de impuestos por parte de la empresa que opera ese complejo gubernamental.

En conferencia de prensa, el agente municipal Efraín Aragón Ibáñez reveló que desde el año 2010 no se han cumplido las minutas de acuerdo ratificadas por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo para la operación de Ciudad Judicial.

Refirió que en 2010 comenzaron los trabajos de la planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión de tres millones de pesos, pero la administración de Cué Monteagudo la dejó literalmente “botada”.

También cuestionó que desde 2010 los dueños de Ciudad Judicial no pagan impuestos al municipio, en tanto que el Gobierno paga mes con mes la renta de ese complejo gubernamental edificado bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios, los famosos PPS que ideó la administración del entonces gobernador priista Ulises ruiz Ortiz.

Es que este complejo gubernamental fue edificado durante la administración de Ruiz Ortiz e inaugurada en 2010, luego de perder las elecciones ante el aliancista Gabino Cué.

Aragón Ibáñez denunció la omisión en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, nula atención a las demandas sociales de la comunidad e indolencia de la empresa operadora.

Dijo que los habitantes de Reyes Mantecón también enfrentan solos, sin apoyo del Gobierno del Estado, problemas como la inseguridad, crisis ambiental, escasez y contaminación de sus fuentes de agua potable.

Igualmente, problemas sociales como el alcoholismo, la drogadicción, caos vial, accidentes de tránsito, incremento de vandalismo y robo a domicilios.

Señaló que con la llegada de Ciudad Judicial a su territorio se han incrementado los problemas de carácter ambiental que se traducen en escasez de agua, contaminación de los mantos freáticos e incremento desproporcionado de basura.

La agencia Municipal Reyes Mantecón, perteneciente al municipio de San Bartolo Coyotepec, tiene una población de tres mil 962 habitantes y ahí también se han establecido dependencias como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y un fraccionamiento de interés social.

Fue en 2010 cuando se puso en operación el complejo administrativo Ciudad Judicial “General Porfirio Díaz Soldado de la Patria”, el cual alberga oficinas de diferentes dependencias del Gobierno del Estado y del Poder Judicial.

“La comunidad va a hacer justica ante el incumplimiento. Vamos a tomar las instalaciones de Ciudad Judicial y cerrarla en forma definitiva”, amenazó Aragón Ibáñez.

Informó que en asamblea comunitaria acordaron que el Gobierno estatal y los dueños de Ciudad Judicial tienen que establecer una mesa de diálogo ante la falta de cumplimento de los acuerdos pactados, y para ello tienen un plazo de siete días contados a partir de este lunes 22 de septiembre de 2014.

“Si en esta semana no nos dan respuesta, Ciudad Judicial dejará de ser de los dueños actuales y la vamos a tomar en nuestro poder, porque los oaxaqueños están pagando para que alguien se haga rico y bien valdría la pena que lo que se está pagando sea para el beneficio de la comunidad”, indicó.

Adelantó que el lunes próximo, habitantes e integrantes de comités, instituciones educativas y organizaciones tomarán Ciudad Judicial si no se establecen acuerdos serios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Demandan igualmente que la empresa que edificó el complejo gubernamental les pague el 10 por ciento de lo que recibe del Gobierno del Estado por concepto de renta.

“El tema es muy simple: construyan nuestra planta de tratamiento de aguas residuales y paguen impuestos porque están lucrando con nuestro territorio”, subrayó.

El agente Aragón Ibáñez dijo desconocer los nombres de los dueños de Ciudad Judicial, y cuestionó que el Gobierno del Estado no revelé los nombres y proteja a los evasores de impuestos.

En el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz fueron edificadas las ciudades Administrativa y Judicial con un costó de 15 mil millones de pesos en Unidades de Inversión (UDIS) a pagar en 30 años a la institución bancaria Banorte, propiedad de Roberto González Barrera.

El ex gobernador Ruiz Ortiz hipotecó al Estado de Oaxaca y a sus habitantes que deberán pagar con sus impuestos una renta que durará hasta el 31 de mayo del año 2037, con una tasa de interés del 5.7 por ciento mensual.

Mediante el fideicomiso F/246859, la administración de Ruiz Ortiz dejó como garantía los ingresos del Impuesto sobre Nómina, de derechos vehiculares y de la tenencia federal bajo el sistema de financiamiento PPS para la creación de infraestructura y equipamiento de las ciudades Administrativa y Judicial.

El acuerdo se hizo con la firma del empresario Neftalí García Arango, mejor conocido como “El Chicharrín”, socio y amigo de Bulmaro Rito Salinas, ex titular del Coplade de Ruiz Ortiz, hoy preso por daño al erario público.

A través de su empresa “Impulsora de Proyectos Oaxaca”, García Arango es el responsable de la creación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de la Ciudad Administrativa, mientras que para la Judicial aparece el nombre de Nicolás Mariscal Servitje representando a la empresa Operadora de la Ciudad Judicial de Oaxaca.

Otro personaje que participó en este endeudamiento financiero es el ex secretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib, actualmente ocultó a la opinión pública, presuntamente prófugo de la justicia oaxaqueña.