SAN RAYMUNDO Jalpan, Oaxaca, junio 15.- El diputado local Flavio Sosa Villavicencio pidió este miércoles al Congreso del Estado de Oaxaca crear un instituto autónomo ciudadanizado que pueda esclarecer la verdad histórica acerca de los crímenes cometidos por autoridades gubernamentales durante la represión al movimiento social entre 2006 y 2007.

En tribuna, durante la sesión ordinaria de la LXI Legislatura, el líder moral de lo que fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) señaló la necesidad de que la sociedad sepa “quiénes son los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos de decenas de ciudadanos oaxaqueños”.

Además, agregó, “quiénes y por órdenes de quiénes integraron y comandaron las caravanas de la muerte, y quiénes son los responsables de la tortura de decenas de hombres y mujeres”.

Luego preguntó: “¿Dónde están Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos en el contexto del movimiento social de esos años, y quiénes son los responsables de su desaparición? ¿Dónde están los responsables materiales e intelectuales de las agresiones del 16 de julio del año 2007 en el Fortín?”.

Flavio Sosa subió a la máxima tribuna del Estado para exponer la necesidad de aprobar su iniciativa de ley que crea la Comisión de la verdad para investigar los crímenes sociales y políticos ocurridos en Oaxaca entre 2006 y 2007, turnada este mismo miércoles a las comisiones de Atención a Movimientos Sociales, de Derechos Humanos y de Administración de Justicia.

El legislador interrogó y señaló vacíos en la información gubernamental. Pidió también que cuando la iniciativa sea discutida en comisiones, éstas tomen en cuenta a la sociedad civil.

“Convoquemos, llamemos a quienes vivieron la represión del gobierno ulisista y también a quienes han participado en los procesos de recuperación de la memoria histórica tras las dictaduras o las guerras internas” en América Latina, dijo.

Recordó que en 2006 “el pueblo rebelde repudió los mecanismos violentos con los que el gobierno tiránico afrontó la disidencia y, en respuesta, se desató la barbarie de quienes intentaron aplastar la rebelión.

La sangre y el olor a pólvora inundaron nuestras calles; se desató la guerra contra la rebeldía, que inicialmente sólo demandó la atención digna a un problema gremial, puntualizó.

La represión implicó personas asesinadas, desaparecidas, sometidas a tortura y a procesos corrompidos de origen; mujeres violadas; hombres, mujeres y niños golpeados, difamados, criminalizados, así como la restricción salvaje de otros derechos civiles básicos, como el de reunión, de expresión y de información.

Expuso que a esos agravios iniciales “ahora se ha sumado de manera ignominiosa el crimen de la impunidad”, nueva forma de violencia que afrenta de nuevo no sólo a quienes participaron en el movimiento social sino “a quienes deseen, para ellos y para sus hijos, una sociedad democrática en la que las diferencias se arreglen pacíficamente mediante el diálogo y la ley”.

“Hoy, como hace cinco años, demandamos justicia. Y no podrá haber justicia mientras haya impunidad. Los responsables de los crímenes cometidos durante la represión al movimiento social tienen que ser castigados. Antes de eso no podremos decir que hubo justicia, y sin justicia, compañeros, compañeras, no podremos arribar a la paz”, expresó.

Señaló que hace cuatro años la Comisión Civil Internacional de Observación a los Derechos Humanos documentó asesinatos, violación del derecho a la libertad personal, detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, violación del derecho a la integridad personal, de las garantías judiciales, entre otros crímenes, sin que a la fecha haya sucedido nada en el ámbito judicial.

Hace también cuatro años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones cometidas por autoridades estatales y federales a los derechos a la vida; a la libertad personal, por detención arbitraria y por retención ilegal; a la integridad y seguridad personal, a la propiedad, a la legalidad y seguridad jurídica, a las libertades de expresión y a la información, entre otros crímenes que también siguen impunes.

También, agregó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) documentó las violaciones graves a las garantías de derecho de acceso a la justicia; derecho a la vida; a la paz; a la libertad; derecho a la integridad personal; de libertad de pensamiento, expresión y derecho a la información, entre otros, sin que aún haya gente que haya sido procesada y purgue hoy una condena justa por sus crímenes.

“La injusticia en Oaxaca, como delito continuado, se estableció entre nosotros. ¿Cómo es posible que la persona que de manera criminal permitió, por decir lo menos, los injustos y difamatorios procesos contra el movimiento social hoy esté encargada de revisar las cuentas del tirano, arropada por esta misma soberanía?”, preguntó.

“¿Cómo es posible que los agentes del Ministerio Público que iniciaron averiguaciones previas por consigna permanezcan impunemente en sus cargos, o incluso hayan sido ascendidos? ¿Y los jueces? ¿Cuál fue su papel en la represión brutal del gobierno de Ulises Ruiz? ¿Obedecieron a su función de imparcialidad y autonomía que les demandó su encargo? ¿O Actuaron también por órdenes del tirano?”, señaló.

Sosa Villavicencio subió a la tribuna con una rosa y una piedra. La primera fue para “representar la esperanza en los tiempos nuevos, como propicios para que en Oaxaca florezca una nueva sociedad, hermanada, abonada por la justicia”, para trabajar juntos “por recomponer el tejido social tan seriamente dañado por los acontecimientos de la historia reciente”.

Y la piedra, explicó, es “para la memoria, para recordar que no puede haber paz mientras no haya justicia”; era una piedra “similar a las que usamos para defendernos de los gases de la Policía Federal, para defendernos de las balas del gobierno de Ulises Ruiz; una piedra como las que apretamos con rabia al lado de los cuerpos de los compañeros asesinados por las caravanas de la muerte”.