+ Impunidad, corrupción y falta de seguridad, entre las causas de Ayotzinapa, dicen + La respuesta del Estado debe ser integral y atender las causas, consideran + La Defensoría debe acompañar a familias de oaxaqueños que son víctimas, demandan

OAXACA, OAX., noviembre 10.- El Consejero Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que el ataque contra los estudiantes de Iguala, Guerrero, no concierne exclusivamente a los normalistas, sino a toda la sociedad y por eso la responsabilidad recae no sólo en el gobierno municipal, sino en el Estado mexicano completo, que fue omiso para la prevención del crimen y, luego, para darle solución.

Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría, Rodríguez Alamilla manifestó que aunque algunas voces afirman que la responsabilidad sobre ese crimen es del gobierno municipal, se debe tomar en cuenta que es un caso de desaparición forzada, tiene que ver con la corrupción, la impunidad y la falta de seguridad pública, males por los que el Estado debe dar cuenta a la comunidad internacional y a la sociedad mexicana.

El Consejero Ciudadano explicó que el de Iguala es un caso en el que hubo muchísimas omisiones, y el Estado debe generar respuestas integrales a través de la política pública para evitar que actos de este tipo se vuelvan a repetir, pues las causas de lo que ocurrió no tienen que ver únicamente con las escuelas normales o los municipios.

Insistió en que el caso de Ayotzinapa tiene que ver con las condiciones que permean en el país en temas como la impunidad, la falta seguridad pública, la intromisión de la delincuencia organizada en las estructuras de seguridad municipales, estatales y federales, la falta de observancia de las autoridades estales y federales en este caso, “en el que hay comisión por omisión”.

Rodríguez Alamilla denunció que en Oaxaca, que comparte similitudes con el estado de Guerrero, “hemos tenido pequeñas muestras de lo ocurrido en Ayotzinapa en comunidades en las que personas que han llegado a ser autoridades municipales se convierten en caciques institucionales”.

Por ello, señaló, es importante que el Estado empiece a generar una serie de respuestas integrales para tratar que esto no se repita, y exista una responsabilidad y una aceptación de esta responsabilidad por este tipo de delitos.

En la misma sesión pública de la DDHPO, el consejero Héctor Lorenzo Estrada, abogado laborista, recordó la propuesta de que la Defensoría emitiera una alerta temprana respecto al tema de los normalistas, pues es necesario que la autoridad en la entidad consideré las condiciones en las que se encuentran estos centros de estudio.

A su vez, la consejera ciudadana Martha Julia Avendaño Córdova manifestó que la Defensoría debe informar sobre las acciones que ha realizado respecto al tema de Ayotzinapa y las medidas que aplica en este caso.

En tanto, el consejero ciudadano Pedro Matías Arrazola insistió en que la DDHPO tiene que acompañar a la familia del estudiante oaxaqueño desparecido y también a la familia del estudiante que está herido.

Ante estos requerimientos, el coordinador general de Defensorías, Juan Rodríguez Ramos, detalló que la Defensoría estableció tempranamente contacto con los familiares de ambos estudiantes.

El servidor público anticipó que la DDHPO dará a conocer próximamente las diversas acciones que realiza en este caso.

Por último, la consejera ciudadana Sara Méndez Morales recalcó que la crisis que se enfrenta en Guerrero muestra fallas en el Estado nacional y hace forzoso que la ciudadanía exija una aplicación más eficaz del marco jurídico de los derechos humanos.