OAXACA, OAX., noviembre 19.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca demandó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a las autoridades municipales de San Baltazar Chichicapan y Santa María Huatulco esclarecer la identidad de los responsables de agresiones a ciudadanos de esas comunidades, por las que se responsabiliza a elementos de la policía municipal.

El titular de la Defensoría, Arturo Peimbert Calvo, señaló que tras participar en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública que convocó el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, percibe en diversos ayuntamientos de Oaxaca una carencia total de respeto hacia las directrices establecidas por dicho Consejo y hacia los estándares internacionales de derechos humanos que regulan el uso legítimo de la fuerza pública.

Estas directrices y esos estándares debieran garantizar la seguridad de todas las personas en la entidad, recalcó.

Añadió que la Defensoría cuenta entre estos estándares los establecidos por el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego; el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Peimbert Calvo puntualizó que en la reunión de trabajo celebrada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública quedó de manifiesto que diferentes presidentes municipales no han acatado las disposiciones para sujetar a los elementos de las policías municipales a los protocolos para el uso racional y legítimo de la fuerza pública.

El titular de la Defensoría expuso que en esa reunión de trabajo también percibió que diversos presidentes municipales manifiestan un total desprecio por capacitar a los elementos de sus cuerpos de policía en el respeto a los derechos humanos.

Por este motivo, el presidente del organismo defensor hizo un enérgico llamado a esas autoridades para que corrijan su actitud y establezcan mecanismos adecuados de capacitación en esta materia para todos los integrantes de sus ayuntamientos.

El ombudsman exhortó de manera puntual a las autoridades municipales para que garanticen que los encargados de proporcionar seguridad a los ciudadanos no se conviertan en los responsables de acrecentar la inseguridad entre la población.

Peimbert Calvo subrayó que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca demanda que los titulares de los ayuntamientos en nuestra entidad acaten las medidas y directrices establecidas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a fin de eliminar cualquier posibilidad de que en nuestro estado puedan ocurrir vulneraciones graves a los derechos humanos como las que han cometido servidores públicos en el estado de Guerrero y en el estado de México.

Considero de vital importancia que todas las autoridades de seguridad pública en el estado se alineen a las directrices establecidas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a fin de garantizar la integridad, bienes y derechos de todas y todos los habitantes de Oaxaca, concluyó el titular de la Defensoría.