Ocho de las 14 medidas anunciadas este jueves por el presidente Enrique Peña Nieto, para lograr cambios en seguridad, justicia y desarrollo económico que eviten otro caso como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, requieren del aval del Congreso mexicano para hacerse realidad y empezar a dar resultados.

En un mensaje en Palacio Nacional, el mandatario dijo que el próximo lunes enviará a las cámaras las reformas correspondientes a cuatro de estas medidas: una para crear una ley contra la infiltración criminal en los municipios, una para definir con claridad las competencias de cada nivel de gobierno en el combate al delito, una para crear mandos únicos policiales en las 32 entidades del país y una para desvincular el salario mínimo de conceptos como multas o tarifas.

Durante el siguiente periodo ordinario de sesiones -que arranca el 1 de febrero- presentará dos iniciativas más: un paquete para hacer más eficaz la “justicia cotidiana”, en temas como juicios familiares o laborales, y uno para crear zonas económicas especiales en entidades del sur, con el fin de impulsar su desarrollo.

Las últimas dos reformas buscarán crear leyes contra la tortura y la desaparición forzada, así como establecer un Sistema Nacional Anticorrupción con tribunales y un fiscal especial. Sobre el primer asunto, el presidente no precisó cuándo enviará sus propuestas al Congreso, mientras que del segundo expresó “decidido respaldo” al planteamiento que actualmente debaten las cámaras, el cual fue presentado por el opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Para algunos analistas, el hecho de que estas medidas requieran la aprobación del Poder Legislativo -donde el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) carece de la mayoría para avalar por sí solo estos cambios- no sólo implica que deberán negociarse, sino que tardarán meses o incluso años en implementarse y dar los resultados esperados.

El politólogo Fernando Dworak, especialista en temas legislativos, citó como ejemplos la reforma para definir las competencias de cada nivel de gobierno en el combate al delito y la correspondiente al mando único policial.

Para Dworak, la primera generará tensiones entre los principales partidos porque implica fijar responsabilidades en la materia, en tanto que la segunda tendrá una instrumentación compleja incluso si tiene consenso entre las bancadas.

“Cualquier cosa que podamos hacer va a ser parte de un esfuerzo muy largo y de muy largo alcance. No vamos a llegar a tener instituciones sólidas sino después de varios lustros, si acaso comenzamos a tomar las decisiones correctas”, dijo en entrevista este jueves.

El académico Francisco Burgoa, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió en que el plan anunciado por Peña Nieto es “ambicioso”. Sin embargo, consideró que aún es necesario conocer los detalles de cada propuesta para identificar sus implicaciones y posibilidades de éxito.

“Esto tiene que traducirse, en un primer momento, en propuestas concretas. Dicho en lo genérico, así como lo presentó, por supuesto que se escucha bastante bien el hecho de tener un fiscal anticorrupción, de tener una ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios, de tener la facultad para disolver ayuntamientos (infiltrados). Son ideas que se escuchan bastante bien, pero hay que tener un análisis muy puntual derivado de la propuesta en concreto”, dijo.

Por ejemplo, todavía no está claro si la propuesta de Peña Nieto implica que las policías municipales queden subordinadas a un mando estatal o que desaparezcan.

¿Extraordinario en enero?

Las primeras cuatro iniciativas de Peña Nieto llegarán al Congreso el mismo día que el mandatario cumple dos años en el poder y a dos semanas de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones de las cámaras, el 15 de diciembre próximo.

Cuestionado sobre esta situación, el líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, señaló este jueves las propuestas presidenciales podrían empezar a analizarse en lo que resta del mes, para discutirse y votarse en un periodo extraordinario convocado en enero.

“Debemos darnos ocho o 10 días para estudiar esto y que en enero pudiera ser. Sin embargo, no me puedo adelantar porque todavía no tenemos ni las iniciativas para hablar de un periodo extraordinario”, dijo a medios tras el anuncio presidencial.

El martes, luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) informara que el presidente anunciaría medidas, el líder en el Senado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, también se declaró a favor de que se realice un periodo extraordinario, bajo el argumento de que México necesita reformas para evitar más casos como el de Ayotzinapa.

“El Congreso tendrá que respaldar las propuestas, previo análisis, hacer las reformas, y tienen que ser inmediatas. Por eso me atrevo a decir que si hay necesidad, hay que hacer periodos extraordinarios, al terminar este periodo ordinario, para poder resolver cosas”, dijo.

La dirigencia del PAN, en tanto, señaló este jueves en un comunicado que conformará comisiones internas para analizar las iniciativas presidenciales y fijar una “postura puntual” en cada una de ellas.

El factor electoral

Al respecto, Dworak consideró que si estas reformas no se aprueban a más tardar en enero del próximo año, su discusión se complicará porque las contiendas electorales de 2015, tanto federales como locales, tensarán las relaciones entre los partidos.

“Todo este tipo de reformas van a estarse discutiendo en un periodo de crispación electoral. Entonces, creo que si realmente hay una visión para aprobar esto, si realmente hay una intención para que esto se apruebe rápido, tenemos que tratarlo en estas semanas o en un extraordinario que tenga lugar en enero”, dijo.

Además de reformas, el plan de Peña Nieto incluye otras seis medidas de carácter ejecutivo que el presidente de la República puede echar a andar de inmediato.

Estas acciones son impulsar la creación de un número telefónico único de emergencias, una clave única de identidad, un portal para transparentar la información de los proveedores y contratistas gubernamentales, incentivos fiscales para productores agropecuarios del sur y de espacios de diálogo con la sociedad civil, así como realizar un operativo especial anticrimen en municipios de Guerrero y Michoacán de la región de Tierra Caliente.

Peña Nieto lanza reforma de justicia

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre.- A dos meses del caso Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un paquete de diez acciones inmediatas en materia de seguridad y justicia y combate a la corrupción en el país; además, de desarrollo económico para Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Entre las acciones destacan la eliminación de las mil 800 policías municipales y la intervención en alcaldías cuyas autoridades tengan nexos con el crimen. Dijo que el lunes enviará al Congreso la iniciativa de Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; otra más para precisar las competencias de cada autoridad en el combate al delito y una tercera para establecer las Policías Estatales Únicas.

10 Puntos propone el Presidente para fortalecer el Estado de derecho:

-Crear la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.

-Redefinir el sistema de competencias en materia penal.

-Enviar una iniciativa para establecer las Policías Estatales Únicas (desaparecerán las policías municipales).

-Establecer un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional.

-Concretar la Clave Única de Identidad.

-Implementar operativos federales especiales en la región Tierra Caliente (Guerrero y Michoacán). También en Jalisco y Tamaulipas.

-Presentar reformas para mejorar la justicia cotidiana.

-Aplicar acciones en materia de derechos humanos; entre ellas, fortalecer protocolos para que sean oportunas, exhaustivas e imparciales las investigaciones sobre tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

-Ofrecer el respaldo federal al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la reforma en materia de transparencia que se discuten en el Congreso.

-Crear un portal de información sobre proveedores de la administración federal.

Quitarán policías a los alcaldes

Desaparecer las mil 800 policías municipales, intervenir las alcaldías cuyas autoridades tengan nexos con el crimen organizado, crear un numero único de emergencias, concretar la clave única de identidad y el rescate económico de la región sur del país son parte de las acciones que impulsará el gobierno de Enrique Peña Nieto para construir un pleno Estado de derecho.

Los hechos violentos en Iguala, Guerrero, deben marcar un antes y un después en nuestro país y un llamado a la transformación de las instituciones que hoy se muestran debilitadas, advirtió el Presidente de la República.

En Palacio Nacional y a dos meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el mandatario anunció un paquete de 10 medidas de inmediata aplicación que tienen como objetivo lograr un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo.

Después de Iguala, México debe cambiar. Por ello, como un mexicano más, me sumo al clamor ciudadano que exige justicia, y como Presidente de la República, asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad”, advirtió.

Otra iniciativa será para precisar las competencias de cada autoridad en el combate al delito.

El ejemplo más evidente —dijo— es el caso del ataque al narcomenudeo, en el que la eficacia del Estado mexicano ha sido mínima, ya que ningún orden de gobierno ha asumido plenamente su responsabilidad”, admitió Peña Nieto.

La tercera iniciativa que hará llegar al legislativo es para establecer las Policías Estatales Únicas, las cuales se integrarán con los elementos municipales que pasen estrictos controles de confianza.

“Esto implicará crear un nuevo modelo policial. Será un cambio cuantitativo y cualitativo. Pasar de más mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales y más eficaces.”

El proyecto propone que los primeros cuatro estados en adoptar este modelo policial sean Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

“Y para asegurar que así sea, la iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan”, advirtió.

La cuarta acción es el establecimiento del número telefónico 911, único para emergencias a nivel nacional que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz para pedir auxilio en caso de urgencia. Esta propuesta deberá ser procesada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Como quinta medida está el impulso a concretar la Clave Única de Identidad para que México cuente con un registro confiable de su población.

En este sentido, Peña aclaró que para hacer realidad la Clave Única de Identidad no se partirá de cero pues ya se cuenta con los registros del Instituto Nacional Electoral, del IMSS y del Seguro Popular.

“Como sexta medida, en lo inmediato he ordenado al gabinete de seguridad que realice un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. A partir de él, se ampliará al despliegue de las fuerzas federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán.”

El presidente también instruyó a apoyar a los municipios de Jalisco y Tamaulipas que requieran presencia de elementos de seguridad federales.

Una acción más que fortalecerá el Estado de derecho implica una serie de reformas adicionales que enviará al Congreso de la Unión el próximo periodo ordinario de sesiones para hacer efectiva la llamada justicia cotidiana.

La justicia cotidiana es la que exige el ejidatario que pierde su tierra sin razón, el propietario a quien no le pagan la renta, el consumidor que no recibe el producto por el que pagó, o el ciudadano que fue víctima de un abuso de autoridad, por mencionar algunos casos.

“Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad”, reconoció el jefe del Ejecutivo.

La octava acción contempla medidas en materia de derechos humanos, como la creación de los sistemas Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y de Información Genética.

Además de facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada.

El noveno eje tiene que ver con fortalecer el combate a los actos ilegales en la administración pública para lo cual el presidente brindó su respaldo a la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción, que actualmente se debate en el Congreso.

El último punto se refiere a la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.

El presidente hizo un llamado a seguir avanzando para cerrarle el paso a la criminalidad, injusticia e impunidad.

“El camino hacia un mejor México no ha sido ni será fácil. Nos seguirá exigiendo esfuerzo y perseverancia. Seguirán existiendo obstáculos y resistencias, pero la fuerza y la voluntad de cambio de los mexicanos siempre podrán superarlos.”, señaló.

En su mensaje de 36 minutos el presidente Peña Nieto dejó en claro que para que este plan integral se concrete en los hechos es necesaria la participación de los tres poderes de la Unión pero también de la sociedad en su conjunto.

Es momento de construir no de destruir, pidió el Ejecutivo federal.

Municipios avalan plan presidencial

El secretario general de la Federación Nacional de Municipios de México, Sergio Enrique Arredondo Olvera, avaló la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, debido a que muchos municipios están rebasados por el crimen organizado y es necesaria una intervención real desde el Estado para atacar la violencia.

Luego de que el Ejecutivo federal presentara la propuesta que busca poner fin a las policías municipales, creando 32 policías estatales únicas, el representante de los ayuntamientos que conforman dicha federación explicó que los recursos que tienen los municipios son insuficientes para combatir a la delincuencia organizada y debido a que los elementos policiacos ganan menos de 7 mil pesos al mes, hubo situaciones de colusión con los criminales.

Entrevistado al término de la firma de convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Arredondo Olvera aseguró que la estrategia del ex presidente Felipe Calderón no tuvo impacto real contra el narcotráfico y sólo rebasó a los gobiernos municipales, de modo que en la actualidad están “desbordados” por la delincuencia organizada.

Por ello, consideró que la medida planteada por el mandatario nacional favorecerá a los municipios en la lucha contra la violencia y la colusión de autoridades con delincuentes.

“Hay un grave problema en ciertas regiones del país de inseguridad, donde los cuerpos de policía municipales no han tenido la capacidad de resolver los problemas que se han generado por esta problemática nacional de delincuencia organizada y, entonces, en lo que coincidimos totalmente con el Presidente es la necesidad de adoptar políticas, decisiones y estrategias que nos permitan resolver este problema en esas regiones”, aseveró el secretario general de la Federación.

Señaló que es urgente fortalecer el modelo de mando único, pues cuando los problemas de inseguridad en los municipios desborden a las autoridades municipales, será necesario contar con el esquema de mando único “para que cuerpos estatales con los recursos, con el equipamiento y el personal capacitado pueda llegar y atender con mayor eficacia esas problemáticas”.

“Estamos a favor de ello (la iniciativa de ley del Ejecutivo federal). Creemos que tiene que venir una etapa en el país en el que direccionemos estrategias como las del mando único, de modo que respaldamos la propuesta presidencial.”

Desde su punto de vista, el problema surgió hace seis o siete años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada y “entonces lanza al Ejército y lo que él llamó su guerra contra el narcotráfico provocó que este tema se desbordara a lo largo de todo el país, y entonces los cuerpos policiacos municipales no estaban preparados para eso”.

Aclaró, sin embargo, que de los dos mil 445 municipios que hay en México, “la gran mayoría” cumplen con su responsabilidad, tanto en seguridad como en otros temas, aunque es necesario entender que tienen severas limitaciones para actuar, ya que apenas reciben 4% de los recursos que se obtienen con los impuestos que pagan los mexicanos.

“Los gobiernos municipales tienen competencias muy limitadas, muy acotadas. Nos toca básicamente la limpieza, el agua potable, arreglar los baches y panteones y seguridad preventiva en fiestas de barrio y que no se rompa el orden, y en consecuencia los recursos que recibimos para atender esa responsabilidades son limitados, subrayó.

-Lilian Hernández

Gobiernos locales revisan el proyecto

La Asociación Nacional de Alcaldes inició la revisión de la propuesta presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.

“Los asociados de ANAC estamos en la disposición de sumarnos a las propuestas que construyan un mejor México”, manifestó Renán Barrera Concha, presidente del organismo.

“Es prioridad para nosotros que esta construcción se base en el consenso y respeto entre las partes”, indicó en un comunicado.

Agregó que los alcaldes estamos listos a participar en los trabajos que se inicien con los grupos parlamentarios y sus comisiones para identificar las virtudes y omisiones a la propuesta hecha pública, destacando que es importante se haga un ejercicio serio de autocrítica del gobierno federal, estados y municipios, expresó.

Estamos de acuerdo en estudiar a detalle los temas de seguridad y justicia, combate a la corrupción y desarrollo humano sustentable.

— Eduardo Cabrera