OAXACA, OAX., noviembre 30.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca-Organismo Público Local Electoral (IEEPCO-OPLE), enfrenta demandas de ex empleados por incumplimiento de sus derechos laborales correspondiente al pago de su liquidación, finiquito y sueldos devengados.

Fuentes del organismo electoral revelaron a este reportero que el consejero presidente Gustavo Meixueiro Nájera despidió a Jaime Pica y Rafael García Zavaleta mediante hostigamiento laboral. A ambos trabajadores les fueron levantadas actas administrativas sin apego a proceso.

De un despido anterior, el de la coordinadora de Comunicación Social, Adriana Vázquez, el argumento dado por el secretario particular de Meixueiro Nájera es “la abrogación del área”; es decir, desaparecería la vocería del IEEPCO-OPLE.

Por lo pronto, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO) ya notificó al organismo electoral local de las demandas laborales interpuestas en su contra por Jaime Pica y Rafael García Zavaleta, quienes se desempeñaban como asesores jurídicos.

Además, las interpuestas por Teresita de Jesús Heredia Arrona, quien fuera coordinadora administrativa, y Adriana Vázquez, quien se desempeñaba como coordinadora de Comunicación Social.

Las cuatro personas en cargos de confianza que fueron despedidas reclaman pago de liquidación, finiquito y salarios devengados correspondientes a la última quincena de octubre.

Las demandas por el incumplimiento a pago de derechos laborales fueron presentadas a mediados de noviembre de manera separada ante el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, como lo marca el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEEO).

Los empleados corridos argumentan lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y demandan la liquidación laboral, además de tres meses de salario y los días correspondientes por sus años de antigüedad, al igual que el finiquito por prima vacacional y aguinaldo.

El TEEPJO otorgó al IEEPCO-OPLE un plazo de diez días hábiles, a partir de las notificaciones realizadas la semana pasada, para que dé respuesta a las demandas laborales presentadas por las y los ex trabajadores.